Traición a la Patria

CARLOS CONCHA JIJÓN

Los acontecimientos suscitados en los reclamos del sector indígena por la derogatoria del decreto 883, las manifestaciones verbales pidiendo la salida del Presidente, la destrucción de bienes de las instituciones del Estado y de particulares, subieron de tono y se dio paso a una protesta salvaje, donde se utilizaron palos, piedras y el fuego para quemar llantas e incluso las llamadas bombas molotov (trapo, botella y gasolina, más fósforo), creándose un ambiente de guerrilla terrorista, con un escenario catastrófico, que obligó al aparecimiento de las bombas lacrimógenas de la Policía.

La acción pacífica de las Fuerzas Armadas, hizo ver claramente que la protesta social se les escapaba a la dirigencia, pues, se llegó a sospechar inicialmente que habían infiltrados, que fueron posteriormente identificados como correístas, que atizaron el fuego quemando tanquetas, carros de las Fuerzas Armadas, Contraloría, se tomaron la Asamblea, la Casa de la Cultura, etc. e interrumpieron la libre circulación en el país, con un diálogo naufragando en la intransigencia de los actores.

Se buscó la muerte cruzada para destituir al Presidente, pero la conciencia traicionó a algunos asambleístas, que se delataron y buscaron asilo y más tarde se detuvo a supuestos involucrados en una trama para desestabilizar al gobierno, más el llamado desde el exterior del jefe de la orquesta sinfónica de la corrupción, incitando a la insurrección y al adelanto de las elecciones, con la consiguiente destitución del Presidente, demostrándose fehacientemente con estos hechos, que existió un atentado al orden constitucional y por ende una repugnante traición a la Patria.

Frente a los hechos se visualizó la presunción de una trama atentatoria al orden jurídico democrático del país, que debió ser conocido por la dirigencia organizadora, responsable del control y accionar del paro, razón suficiente que determina como exigencia del honor de la Patria, las investigaciones que demanda la justicia y el pueblo ecuatoriano.

[email protected]

CARLOS CONCHA JIJÓN

Los acontecimientos suscitados en los reclamos del sector indígena por la derogatoria del decreto 883, las manifestaciones verbales pidiendo la salida del Presidente, la destrucción de bienes de las instituciones del Estado y de particulares, subieron de tono y se dio paso a una protesta salvaje, donde se utilizaron palos, piedras y el fuego para quemar llantas e incluso las llamadas bombas molotov (trapo, botella y gasolina, más fósforo), creándose un ambiente de guerrilla terrorista, con un escenario catastrófico, que obligó al aparecimiento de las bombas lacrimógenas de la Policía.

La acción pacífica de las Fuerzas Armadas, hizo ver claramente que la protesta social se les escapaba a la dirigencia, pues, se llegó a sospechar inicialmente que habían infiltrados, que fueron posteriormente identificados como correístas, que atizaron el fuego quemando tanquetas, carros de las Fuerzas Armadas, Contraloría, se tomaron la Asamblea, la Casa de la Cultura, etc. e interrumpieron la libre circulación en el país, con un diálogo naufragando en la intransigencia de los actores.

Se buscó la muerte cruzada para destituir al Presidente, pero la conciencia traicionó a algunos asambleístas, que se delataron y buscaron asilo y más tarde se detuvo a supuestos involucrados en una trama para desestabilizar al gobierno, más el llamado desde el exterior del jefe de la orquesta sinfónica de la corrupción, incitando a la insurrección y al adelanto de las elecciones, con la consiguiente destitución del Presidente, demostrándose fehacientemente con estos hechos, que existió un atentado al orden constitucional y por ende una repugnante traición a la Patria.

Frente a los hechos se visualizó la presunción de una trama atentatoria al orden jurídico democrático del país, que debió ser conocido por la dirigencia organizadora, responsable del control y accionar del paro, razón suficiente que determina como exigencia del honor de la Patria, las investigaciones que demanda la justicia y el pueblo ecuatoriano.

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Los acontecimientos suscitados en los reclamos del sector indígena por la derogatoria del decreto 883, las manifestaciones verbales pidiendo la salida del Presidente, la destrucción de bienes de las instituciones del Estado y de particulares, subieron de tono y se dio paso a una protesta salvaje, donde se utilizaron palos, piedras y el fuego para quemar llantas e incluso las llamadas bombas molotov (trapo, botella y gasolina, más fósforo), creándose un ambiente de guerrilla terrorista, con un escenario catastrófico, que obligó al aparecimiento de las bombas lacrimógenas de la Policía.

La acción pacífica de las Fuerzas Armadas, hizo ver claramente que la protesta social se les escapaba a la dirigencia, pues, se llegó a sospechar inicialmente que habían infiltrados, que fueron posteriormente identificados como correístas, que atizaron el fuego quemando tanquetas, carros de las Fuerzas Armadas, Contraloría, se tomaron la Asamblea, la Casa de la Cultura, etc. e interrumpieron la libre circulación en el país, con un diálogo naufragando en la intransigencia de los actores.

Se buscó la muerte cruzada para destituir al Presidente, pero la conciencia traicionó a algunos asambleístas, que se delataron y buscaron asilo y más tarde se detuvo a supuestos involucrados en una trama para desestabilizar al gobierno, más el llamado desde el exterior del jefe de la orquesta sinfónica de la corrupción, incitando a la insurrección y al adelanto de las elecciones, con la consiguiente destitución del Presidente, demostrándose fehacientemente con estos hechos, que existió un atentado al orden constitucional y por ende una repugnante traición a la Patria.

Frente a los hechos se visualizó la presunción de una trama atentatoria al orden jurídico democrático del país, que debió ser conocido por la dirigencia organizadora, responsable del control y accionar del paro, razón suficiente que determina como exigencia del honor de la Patria, las investigaciones que demanda la justicia y el pueblo ecuatoriano.

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Los acontecimientos suscitados en los reclamos del sector indígena por la derogatoria del decreto 883, las manifestaciones verbales pidiendo la salida del Presidente, la destrucción de bienes de las instituciones del Estado y de particulares, subieron de tono y se dio paso a una protesta salvaje, donde se utilizaron palos, piedras y el fuego para quemar llantas e incluso las llamadas bombas molotov (trapo, botella y gasolina, más fósforo), creándose un ambiente de guerrilla terrorista, con un escenario catastrófico, que obligó al aparecimiento de las bombas lacrimógenas de la Policía.

La acción pacífica de las Fuerzas Armadas, hizo ver claramente que la protesta social se les escapaba a la dirigencia, pues, se llegó a sospechar inicialmente que habían infiltrados, que fueron posteriormente identificados como correístas, que atizaron el fuego quemando tanquetas, carros de las Fuerzas Armadas, Contraloría, se tomaron la Asamblea, la Casa de la Cultura, etc. e interrumpieron la libre circulación en el país, con un diálogo naufragando en la intransigencia de los actores.

Se buscó la muerte cruzada para destituir al Presidente, pero la conciencia traicionó a algunos asambleístas, que se delataron y buscaron asilo y más tarde se detuvo a supuestos involucrados en una trama para desestabilizar al gobierno, más el llamado desde el exterior del jefe de la orquesta sinfónica de la corrupción, incitando a la insurrección y al adelanto de las elecciones, con la consiguiente destitución del Presidente, demostrándose fehacientemente con estos hechos, que existió un atentado al orden constitucional y por ende una repugnante traición a la Patria.

Frente a los hechos se visualizó la presunción de una trama atentatoria al orden jurídico democrático del país, que debió ser conocido por la dirigencia organizadora, responsable del control y accionar del paro, razón suficiente que determina como exigencia del honor de la Patria, las investigaciones que demanda la justicia y el pueblo ecuatoriano.

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