Denuncias de corrupción amenazan liderazgo de Juan Guaidó

OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.
OPOSITOR. Guaidó ha sido reconocido como presidente por 50 países.

Redacción CARACAS

AFP

Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron ayer una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada ayer por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Lizcano es identificado por el portal como ‘subalterno’ de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por EE.UU. tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la Justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social.

Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia.

Redacción CARACAS

AFP

Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron ayer una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada ayer por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Lizcano es identificado por el portal como ‘subalterno’ de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por EE.UU. tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la Justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social.

Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia.

Redacción CARACAS

AFP

Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron ayer una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada ayer por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Lizcano es identificado por el portal como ‘subalterno’ de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por EE.UU. tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la Justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social.

Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia.

Redacción CARACAS

AFP

Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron ayer una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.

Una investigación periodística publicada ayer por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.

Lizcano es identificado por el portal como ‘subalterno’ de otros dos empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por EE.UU. tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la Justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social.

Pero no es el único caso que salpica al entorno del opositor. El pasado viernes, después de que Guaidó lo destituyera como su embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti acusó a representantes del líder opositor del manejo indebido de recursos destinados a la manutención de 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron a Colombia.