Acción de protección en caso Furukawa

Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.
Protesta. Afectados por la empresa acudieron a la Judicatura.

Redacción SANTO DOMINGO

Hasta la Judicatura de Santo Domingo llegaron varios trabajadores y extrabajadores de la empresa Furukawa, quienes con carteles en mano, cadenas, la boca tapada con cinta y fibra de abacá, quisieron hacerse escuchar.

María Fernanda Poveda es la abogada de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) y fue quien ingresó una acción de protección en la Función Judicial con el objetivo de requerir que se declare la vulneración de Derechos Humanos por parte de la empresa por acción y por omisión del Estado, según explicó.

Además, dijo que lo que se busca es que se haga una reparación integral “es decir el análisis profundo de los daños y tratar de arreglar el grave problema que provocó, pues no hay tenido derecho a la vivienda, salud, integridad y otros más que pretendemos sean declarados vulnerados”.

EL DATO
Según explicó la representante legal, la legitimación activa hasta el momento es de 123 personas. Katherin Chamba, representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cedes), también estuvo en el sitio, pues expresa que han venido acompañando en este proceso “Necesitamos respuestas por parte del Ministerio de Trabajo, porque ellos viven en condiciones infrahumanas y no es solo de ahora, son tres generaciones de familias afectadas”.

Los trabajadores y extrabajadores dieron a conocer sus casos, muchos de ellos con accidentes laborables que los han dejado marcados, con discapacidades y ahora algunos no tienen trabajos ni como mantener a sus familias.

Ahora se esperará la calificación de la demanda y luego de eso que se convoque a la audiencia para seguir el debido proceso. (VG)

Redacción SANTO DOMINGO

Hasta la Judicatura de Santo Domingo llegaron varios trabajadores y extrabajadores de la empresa Furukawa, quienes con carteles en mano, cadenas, la boca tapada con cinta y fibra de abacá, quisieron hacerse escuchar.

María Fernanda Poveda es la abogada de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) y fue quien ingresó una acción de protección en la Función Judicial con el objetivo de requerir que se declare la vulneración de Derechos Humanos por parte de la empresa por acción y por omisión del Estado, según explicó.

Además, dijo que lo que se busca es que se haga una reparación integral “es decir el análisis profundo de los daños y tratar de arreglar el grave problema que provocó, pues no hay tenido derecho a la vivienda, salud, integridad y otros más que pretendemos sean declarados vulnerados”.

EL DATO
Según explicó la representante legal, la legitimación activa hasta el momento es de 123 personas. Katherin Chamba, representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cedes), también estuvo en el sitio, pues expresa que han venido acompañando en este proceso “Necesitamos respuestas por parte del Ministerio de Trabajo, porque ellos viven en condiciones infrahumanas y no es solo de ahora, son tres generaciones de familias afectadas”.

Los trabajadores y extrabajadores dieron a conocer sus casos, muchos de ellos con accidentes laborables que los han dejado marcados, con discapacidades y ahora algunos no tienen trabajos ni como mantener a sus familias.

Ahora se esperará la calificación de la demanda y luego de eso que se convoque a la audiencia para seguir el debido proceso. (VG)

Redacción SANTO DOMINGO

Hasta la Judicatura de Santo Domingo llegaron varios trabajadores y extrabajadores de la empresa Furukawa, quienes con carteles en mano, cadenas, la boca tapada con cinta y fibra de abacá, quisieron hacerse escuchar.

María Fernanda Poveda es la abogada de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) y fue quien ingresó una acción de protección en la Función Judicial con el objetivo de requerir que se declare la vulneración de Derechos Humanos por parte de la empresa por acción y por omisión del Estado, según explicó.

Además, dijo que lo que se busca es que se haga una reparación integral “es decir el análisis profundo de los daños y tratar de arreglar el grave problema que provocó, pues no hay tenido derecho a la vivienda, salud, integridad y otros más que pretendemos sean declarados vulnerados”.

EL DATO
Según explicó la representante legal, la legitimación activa hasta el momento es de 123 personas. Katherin Chamba, representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cedes), también estuvo en el sitio, pues expresa que han venido acompañando en este proceso “Necesitamos respuestas por parte del Ministerio de Trabajo, porque ellos viven en condiciones infrahumanas y no es solo de ahora, son tres generaciones de familias afectadas”.

Los trabajadores y extrabajadores dieron a conocer sus casos, muchos de ellos con accidentes laborables que los han dejado marcados, con discapacidades y ahora algunos no tienen trabajos ni como mantener a sus familias.

Ahora se esperará la calificación de la demanda y luego de eso que se convoque a la audiencia para seguir el debido proceso. (VG)

Redacción SANTO DOMINGO

Hasta la Judicatura de Santo Domingo llegaron varios trabajadores y extrabajadores de la empresa Furukawa, quienes con carteles en mano, cadenas, la boca tapada con cinta y fibra de abacá, quisieron hacerse escuchar.

María Fernanda Poveda es la abogada de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu) y fue quien ingresó una acción de protección en la Función Judicial con el objetivo de requerir que se declare la vulneración de Derechos Humanos por parte de la empresa por acción y por omisión del Estado, según explicó.

Además, dijo que lo que se busca es que se haga una reparación integral “es decir el análisis profundo de los daños y tratar de arreglar el grave problema que provocó, pues no hay tenido derecho a la vivienda, salud, integridad y otros más que pretendemos sean declarados vulnerados”.

EL DATO
Según explicó la representante legal, la legitimación activa hasta el momento es de 123 personas. Katherin Chamba, representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales (Cedes), también estuvo en el sitio, pues expresa que han venido acompañando en este proceso “Necesitamos respuestas por parte del Ministerio de Trabajo, porque ellos viven en condiciones infrahumanas y no es solo de ahora, son tres generaciones de familias afectadas”.

Los trabajadores y extrabajadores dieron a conocer sus casos, muchos de ellos con accidentes laborables que los han dejado marcados, con discapacidades y ahora algunos no tienen trabajos ni como mantener a sus familias.

Ahora se esperará la calificación de la demanda y luego de eso que se convoque a la audiencia para seguir el debido proceso. (VG)