De acuerdo a la Constitución del Ecuador, las personas en situación de movilidad humana que se encuentren en el país, tienen los mismos derechos y responsabilidades que todo ecuatoriano y no podrán ser discriminados por su condición migratoria.
Bajo ese precepto, se inició la décimo sexta Mesa Nacional de Movilidad Humana, que se llevó a cabo a las 9:00 de ayer, en el Salón Azul, de la Universidad Técnica de Esmeraldas ‘Luis Vargas Torres.
Con la presencia del viceministro de Movilidad Humana, Carlos Velasteguí, expuso la importancia de conocer las realidades presentadas y elevar los procesos de movilidad que se están generando en la provincia.
600 becas
Añadió que más de 4 millones 600 mil ciudadanos venezolanos han tenido que emigrar de su país, con mayor incidencia a Ecuador, Colombia y Perú, y que bajo el precepto de la inclusión económica y social, se puede generar el principio de corresponsabilidad.
Por su parte el rector del Alma Máter esmeraldeña, Girard Vernaza, aseguró que la Universidad cuenta con aproximadamente 600 becas relacionadas con ese tema. “Tanto nuestra planta docente, estudiantil y laboral, cuentan con diferentes nacionalidades. La mayoría son becas de movilidad, que vienen de otros cantones y provincias del país”, recalcó.
A la par, la delegada de Gobernación, Mariana Verduga, dispuso una mayor atención al flujo migratorio y resaltó la labor que lleva adelante el Gobierno. Además, dijo que la mesa posibilita la participación activa de los ciudadanos esmeraldeños, y que debe ser tomada como una obligación moral y ética.
Agenda Nacional
En la misma sala, se contó con la presentación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, se llevaron a cabo ponencias académicas y se realizó un foro de preguntas a los asistentes. Luego, se conformaron mesas intersectoriales que se extendieron hasta las 13:00.
Durante la jornada, se recalcaron los derechos de las personas en situación de movilidad humana, en los que sobresalen: la Ciudadanía Universal, la libre movilidad humana, la prohibición de criminalización, la igualdad ante la ley y no discriminación y el interés superior del niño, niña y adolescente.