Un cuartel policial atacado con explosivos, militares, periodistas y civiles asesinados son las consecuencias.
Sábado 27 de enero de 2018, ese día empezó todo. Un artefacto explosivo colocado en la parte posterior del cuartel policial de San Lorenzo, en la frontera norte, afectó la edificación policial y 69 casas cercanas y le dio paso a una cadena de atentados, miedo y luto.
Tras el bombazo, 110 personas quedaron en condición de albergados temporales en el refugio de la iglesia ‘mayor’ del cantón. Con el paso de los días se atentó también con explosivos un Retén Naval de la parroquia Borbón, en Eloy Alfaro. Luego con trampas llenas del explosivo anfo, los militares Luis Mosquera Borja, Jairon Sandoval Bajaña, Sergio Elaje Cedeño y Wilmer Álvarez Pimentel que patrullaban Mataje, perdieron la vida.
Después se secuestró al equipo periodístico: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Lo mismo se hizo con la pareja Óscar Villacís, Katty Velasco. Todos terminaron muertos en medio de la zona montañosa.
Dos años para detenerlo
Las autoridades atribuyeron el atentado, secuestro y muerte al grupo disidente de las FARC, ‘Oliver Sinisterra’ liderado por alias ‘Guacho’ (+) abatido el viernes 21 de diciembre de 2018 en Colombia. Desde ese año el Estado empezó con una cacería de los responsables.
Entre las boletas de captura está la emitida el 13 de junio del 2018 en contra Lino R., por el presunto delito de delincuencia organizada. Doce días antes de cumplirse dos años de orden, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas irrumpieron en la parroquia Mataje y lo detuvieron. Llevarlo a prisión no fue fácil.
La gente del lugar cercano al vecino país de Colombia se opuso a la detención realizada en el día, por lo que fue necesario el uso de bomba lacrimógena, sacarlo en bóxer, con el dorso descubierto y llevado esposado hasta a prisión.
Mensaje a los prófugos
“Con él superamos los 70 presos en el Ecuador que hacían parte del grupo ‘Oliver Sinisterra’, es un caso que no hemos dejado de investigar, de buscar por quienes pesan boletas de captura y no se va a dejar en la impunidad, este es un compromiso de la Policía, Fuerzas Armadas y la Fiscalía”, precisó ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Y advirtió la fiscal General, Diana Salazar, que “el mensaje también sería que tarde o temprano, las personas sobre quienes pesa una boleta de detención, al final tienen que responder ante la justicia”.