Caso Sobornos: acusados le apuestan al recurso de casación

AUDIENCIA. La diligencia se desarrolló con problemas de conexión que generaron retrasos.
AUDIENCIA. La diligencia se desarrolló con problemas de conexión que generaron retrasos.

Se ratificó los ocho años de cárcel para Rafael Correa y parte de sus colaboradores en su régimen.

El recurso extraordinario de casación es la última ‘carta’ que se jugarán los procesados dentro del caso ‘Sobornos 2012-2016’ para revertir el fallo de primera instancia, en el que se les condenó a ocho años cárcel por el delito de cohecho agravado.

En esta causa figuran como acusados el expresidente Rafael Correa, su binomio Jorge Glas y su grupo cercano de excolaboradores; al igual que varios empresarios.

Ayer, el Tribunal de Apelación, conformado por los jueces David Jacho (ponente), Wilman Terán y Dilza Muñoz, desecharon el recurso con el que los procesados intentaban revertir la sentencia de primera instancia.

Tras la resolución de los magistrados, las defensas ya piensan en cuál será su estrategia en el próximo paso, pues planean presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

José Molina, abogado de Édgar Salas, uno de los empresarios sentenciados a ocho años, rechazó la decisión del Tribunal de Apelación. Dijo sentirse frustrado porque los jueces no consideraron sus argumentos con los que pretendió rebatir a la sentencia emitida por los juzgadores. Aseguró que ni su defendido ni la empresa Consermin pagaron servicios a Alianza PAIS.

Por eso, agregó, espera ser notificado con la sentencia escrita para interponer el recurso de casación. Molina no descartó además recurrir a instancias internacionales, luego de agotar los mecanismos judiciales que le otorga la Ley ecuatoriana.

La última ‘carta’

Nicolás Salas, experto en derecho penal, explicó que el recurso extraordinario de casación es la última puerta que los condenados podrían tocar para intentar demostrar que hubo fallas en la sentencia de primer nivel.

Ellos, dijo, tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar ante el mismo Tribunal de Apelación, por escrito, este recurso al que calificó como eminentemente técnico, pues aquí se analizan posibles violaciones a la Ley en la emisión de la sentencia.

20 personas fueron sentenciadas en el caso ‘Sobornos 2012-2016’.Antes de conformar un Tribunal de Casación, agregó Salas, la CNJ deberá analizar la fundamentación jurídica de los defensores, lo que denomina como fase de admisibilidad.

Por la connotación que tiene el caso, el experto cree que esta etapa del proceso no tendrá mayor traba y se convocará en el máximo de un mes a la audiencia de casación. Los jueces que conozcan el trámite, agregó, no deberán haber integrado tanto el Tribunal de Juicio como el Tribunal de Apelación, es decir, seis jueces de la Sala Penal quedarían descartados. Por eso, la CNJ podría llamar a conjueces penales para que se pronuncien sobre el recurso. (FLC)

Resolución

El Tribunal de Apelación negó el recurso de apelación planteado por el expresidente Rafael Correa, Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Pamela Martínez, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Mateo Choi, Rafael Córdova, William Phillips, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Víctor Fontana y Bolívar Sánchez, sentenciados por el delito de cohecho agravado.

Además, aceptó, parcialmente, la apelación del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera y del exsecretario del Agua, Walter Solís, “única y exclusivamente en lo relacionado a la pérdida de los derechos de participación de los procesados condenados por el tiempo determinado por el Tribunal a quo”, es decir, ambos mantienen los ocho años de cárcel.

Sobre Laura Terán, exasistente de la Presidencia, el Tribunal modificó su sentencia y le concedió una reducción del 90% de la condena: a tres meses con seis días. Ella fue cooperadora eficaz de la Fiscalía. Sobre la reparación integral, los jueces dispusieron que los autores por instigación, coautores y autores directos paguen cada uno el valor de 778.224,017, mientras que los cómplices cancelar, individualmente, 338.632,43, hasta completar los 14’745.297,16 dólares por la reparación integral al Estado.