En medio de la crisis económica que enfrentan los municipios del país por la falta de entrega de las alícuotas de parte del Gobierno central, se suma una gran preocupación en las autoridades del cabildo quinindeño, porque podría estar inmerso en la devolución de más de 5 millones de dólares a la compañía Arca Continental (Coca Cola) y otras compañías más que han demandado al Municipio de Quinindé.
Varias empresas multinacionales a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, han presentado una acción legal en contra de varios municipios de la provincia por el cobro de impuestos del 1.5 por mil que fueron debitados de las cuentas de manera arbitrarias y ahora exigen la devolución de esos recursos.
Pero de acuerdo con el procurador Sindico del Municipio de Quinindé, César Cedeño Halil, el problema no sólo radica en enfrentar esta demanda de las empresas multinacionales, sino que también se determinó que en la administración anterior se pagó honorarios de servicios profesionales por más de 418 mil dólares a un abogado sin haber completado el proceso y además no hay justificativo como factura de quien cobró, tampoco se retuvo el IVA, y el impuesto a la renta, evidenciándose una evasión de impuesto que está siendo denunciado al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Defensa
Aunque en la actualidad el Municipio de Quinindé se defiende de estos procesos legales instaurados por las empresas Coca Cola, Adelca, Movistar entre otras, que exigen la devolución de esos rubros que fueron debitados de sus cuentas.
Además, se ha puesto la denuncia ante la Contraloría, SRI y Fiscalía para que se investigue sobre el uso de esos recursos económicos que ingresaron a las arcas del municipio de Quinindé en la administración anterior.
Los procesos se están litigando en el Tribunal de lo Contencioso Tributario de Quito. Las sentencias de últimas instancias obligarían a los municipios a pagar.El presidente del Comité empresarial ecuatoriano Roberto Aspiazu Estrada, considera que algunos municipios de la provincia de Esmeraldas aplicaron de manera discrecional el cobro de tasas, patentes y activos del 1.5 por mil, sin cumplir con los requisitos que se establece en el Cootad.
Recalca que las demandas por estas irregularidades no solo se han presentado en materia civil y tributaria, sino algunas de tipo penal, mismas que están en procesos y en algunos casos hay jurisprudencia y sentencias de última instancia que obligan a los GADs, a devolver el dinero. (MBC)