Se tiene que estar desesperado para dejar la casa de arriendo, la de un familiar o la de un amigo e irse a vivir en una explanada sin servicios básicos, mosquitos y temores de desalojos de la autoridad.
“Estamos desesperados”, “nos sentimos burlados”, “no nos iremos hasta que nos den las escrituras y empecemos hacer nuestra propia casa”, repiten y coinciden, quienes se niegan rotundamente a que les digan invasores.
Ese calificativo les molesta y tienen un par de argumentos válidos para ellos. Recuerdan que hace unos ocho años funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) los censaron y les dijeron que les entregarían casas a quienes estaban en zonas de riesgos y tenían discapacidad y vivían en el cantón Atacames, al sur de Esmeraldas.
Los censados creyeron y entregaron sus datos, número de hijos, cedieron los espacios que habitaban y detallaron su situación económica que los ubicada en la escala más baja de pobreza, lo que el Gobierno llama quintil. Todos (460) cumplieron con los requisitos. Con esa información, la entidad gubernamental consiguió 17,15 hectáreas para hacerles las casas que no superarían los 48 metros cuadrados. Hasta ahí todos felices.
Ochos años después, el terreno estaría desmembrado y sin un intento de construcción habitacional. Cinco de las hectáreas 17,15 ahora serían de un particular, dicen los reclamantes sin mostrar un documento que certifique su denuncia pública. Enterarse de ellos habría sido la motivación principal para dejar sus ‘casas’ e irse a la aventura que hoy, 17 de enero, cumple ocho días.
Docena de niños
“Las noches son horribles. Los mosquitos nos quieren levantar en peso. Y en el día, el calor nos afecta mucho”, lo resume Bercelia Samaniego. Su vecino Carlos Castro, no soportó una noche de lluvia y se fue donde un familiar. Pero en el día volvió al campamento.
Una de las constante en el lugar es el lodo y el agua ingresando a la carpas hechas con pedazos de madera cortada en el lugar y retazos de plásticos negros, de colores y transparentes que no garantizan la estadía de una vivienda tradiciona. En ninguno de los cerramientos está una cama. Todos los colchones yacen vencidos sobre el piso de tierra o apoyados en más plástico viejo.
La cocina para algunos es un fogón que permite poner una olla por vez, las que termina con un penetrante hollín “El arroz queda rico”, lo dice desde lejos una mujer en el único momento de risas del lugar donde conviven con un silencio cómplice de no hablar de la inminente llegada de policías antimotines con una orden de desalojo.
Mientras se hacen los distraídos, otros (mujeres) hacen la comida comunitaria en una cocina industrial por donde la docena de niños juegan despreocupados del riesgo de quemaduras. Pero también lloran desconsoladamente cuando sus madres le dicen que se queden dentro de las sofocantes carpas.
‘Bien del Estado’
Los adultos del lugar se muestran convencidos de que ganarán la lucha, al punto que advierten que si llega la policía “nos llevarán a presos todos”. Y en ese punto le lanzan un dardo al director del Miduvi en Esmeraldas y exgobernador Pablo Hadhaty. Le dicen que no quieren las “cajas de fósforos” del Gobierno, refiriéndose a las casas que para grupos vulnerables.
Hasta ayer la autoridad no los había visitado para hablar del tema. A nuestro medio de comunicación le dijo que el grupo debe cumplir con los requisitos establecidos por el Miduvi.
“No porque invadan les van a dar viviendas. Es un bien del Estado y no se deben dejar engañar por traficantes de tierra que se aprovechan de la necesidad de la familias”, respondió el funcionario mensajes de whatsapp, tras justificar que está fuera de la ciudad de Esmeraldas.
Y aclara que existen personas afectadas por el terremoto (2016) y tienen terrenos propios, ellos sí pueden aplicar en el programa ‘Casas para todos’ que impulsa el Gobierno que él representa. Mientras se lidia con las diferencias y se cumplen con los protocolos, los atacameños se la juegan en el campamento.
Allí la insalubridad, el irrespeto a la bioseguridad Covid y la vulneración de derechos a una vivienda de niños, embarazadas y personas con discapacidad se ve de frente. Transitar por una especie de pasillos que dejaron los invasores o dueños, según a quien se le pregunte, confirma la desigualdades sociales de una provincia que tiene un terreno llamado “la tierra prometida” en el tramo vial de primer orden de la ‘Y’ de la Virgen en Tonsupa y la comunidad de Sálima, donde indiscutible es que allí no ni una sola casa de cemento hecha por el Gobierno. (MGQ)
“El Miduvi me censcinco veces asistimos el Miduvi y nunca nos atendieron del pueblo deberia entre la ‘ la bioseguridad Covid y la vulenraciren lasó, llevó mis datos personales y me ilusionó con una casa que nunca me entregó. No tenían que haber jugado con nuestras ilusiones”.
Bercelia Samaniego Delgado
“Estoy aquí (en el terreno ocupado) con mi nuera, mis hijos, comadre y una cuñada. Estamos cansados de pagar arriendo y con la pandemia nos están botando”.
Lilian Falcone
“Las tierras las compraron para el pueblo, como no hicieron las casas nos la tomamos. No somos invasores, sino dueños. En cinco ocasiones fuimos al Miduvi a buscar respuestas y no nos atendieron”.
Aura Bustos Márquez
“Nosotros les dimos (al Miduvi) una prórroga que si hasta el 31 de diciembre (2020) nos nos cumplían, íbamos acceder a los terrenos”.
Carlos Castro
“No estamos exigiendo casas, sino nuestro pedacito de lotes para que cada persona construya su casita. Estamos cansados de que jueguen con la gente del pueblo y sus falsas promesas”.
Mercedes Álvarez
“Las cosas se deben hacer como está establecido en el Miduvi. Y no podemos entregar terreenos, se debe respetar la propiedad privada”.
Pablo Hadathy, director del Miduvi
