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Correa toca nervio de FFAA

ABR, 13, 2008 |

Militares. Sometimiento al poder civil es necesario

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El gobierno del presidente Rafael Correa sufrió esta semana la más seria y peligrosa confrontación, esta vez con las Fuerzas Armadas. Y si bien los ecuatorianos están acostumbrados al polémico lenguaje del Mandatario, el frente, que abrió en esta ocasión, puso nervioso a Carondelet.

La inquietud llegó incluso a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que, con fecha 9 de abril, emitió un acuerdo para “respaldar la vigencia de la democracia y el Estado Social de Derecho e impulsar el respeto absoluto a todas las instituciones del Estado ecuatoriano.”

El mismo documento reconoció y saludó el honor de las Fuerzas Armadas y también exigió a todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana, y de la organización militar, en especial, un apego total a sus obligaciones constitucionales “de subordinación absoluta al poder civil, legal y constitucionalmente establecido”.

La ANC llegó a pedir la unidad del pueblo ecuatoriano alrededor de la defensa de sus instituciones democráticas y la soberanía y a rechazar cualquier intento que busque afectar la estabilidad de la democracia.

¿Estuvo en riesgo la estabilidad democrática?
Correa evidenció el riesgo que tenía “meterse con los militares” cuando al denunciar la supuesta infiltración de la CIA (Agencia de Inteligencia Americana) en los cuerpos de inteligencia del país advirtió “ si tengo que caerme por eso, me caigo”.

La catedrática y analista de asuntos militares, Bertha García, enfatiza que “cuando se escucha una reacción de las FFAA, hay nerviosismo porque se cree que algo va a pasar”. Sucede porque la institución no está sometida al poder civil y se han convertido en dirimente de los conflictos políticos.

Esto porque, históricamente, las Fuerzas Armadas que están facultadas constitucionalmente como “garantes” del ordenamiento jurídico, según lo establece el inciso 2 del artículo 183 de la Constitución vigente, han jugado un papel decisivo en los conflictos internos que determinaron la cesación de los presidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

García coincide con otros analistas en señalar que el poder político de los uniformados ha sido cuestionado y analizado permanentemente, pero pese a todos los actos de constricción que han hecho, por análisis propio o por exigencia de la sociedad civil, los cambios no se han efectivizado.

La esperanza de que un gobierno socialista, de estilo izquierdista como el de Correa, minimizara el poder de los militares y su incursión en funciones totalmente alejadas de su competencia, se perdió de un plumazo cuando el Mandatario tejió lazos de cooperación de las FFAA con el gobierno.

Correa llegó a señalar que la “transformación definitiva del país”, en la que dijo estar empeñado, la hará de la mano con las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, porque es “en esos valerosos soldados ecuatorianos” donde se puede encontrar los valores que busca este Gobierno.

En sus discursos se respaldó en el apoyo de las Fuerzas Armadas, institución a la que pidió respaldar a su “gobierno ciudadano” y la calificó como “unas de las pocas reservas morales, patriotas y soberanas que le quedan a este país”.

Les entregó jugosos contratos con la responsabilidad de que el Cuerpo de Ingenieros reconstruya el sistema vial. Las Fuerzas Armadas manejarán en el 2008 un presupuesto de 920 millones de dólares, lo que representa un significativo incremento de 226 millones al presupuesto del 2007, que fue de 773 millones de dólares. Esto para que se cumpla con la homologación salarial tan reclamada por los uniformados.

Sólo en el mes de diciembre pasado el Ejecutivo, mediante procesos de excepción, asignó más de 45 millones de dólares para dos obras que deben ser ejecutadas por los militares. La primera por más de 26 millones de dólares para la construcción del aeropuerto de la región sur, ubicado en la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro y la segunda, a la Armada Nacional, por cerca de 19 millones para financiar la fase II del proyecto “vigilancia y control del uso indebido y desvío ilícito de combustible en el área marítima”.

Ante todo, empresarios
Pese a que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que los militares deben limitarse a manejar exclusivamente empresas relacionadas con la defensa nacional, el Gobierno no continuó con el proceso iniciado por su antecesor, Alfredo Palacio, para desvincular a los uniformados de la propiedad de empresas productivas, como fábricas de municiones, uniformes, calzado, camaroneras, ensambladoras de vehículos, etc. en un holding de 31 empresas (Ver recuadro).

El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, advirtió que es un “grave error” que el actual gobierno haya mantenido y vuelto a ese esquema cuando las Fuerzas Armadas estaban en proceso de recuperar su misión constitucional y legal que es la conservación de la soberanía nacional y defensa de la integridad e independencia del Estado.

“Cada vez que ha habido la tentación de participar a través de sus oficiales en cargos públicos, las Fuerzas Armadas pierden credibilidad, profesionalismo ante la ciudadanía y se deteriora su imagen institucional”, resaltó Álvarez.

Pero los lazos “amistosos” se afianzaron aún más, el pasado 29 de noviembre, cuando el presidente Correa declaró la emergencia en la estatal petrolera Petroecuador y amparado en el estado de excepción, entregó la administración temporal a miembros activos de la Armada Nacional.

Con esto el Gobierno dio pie a que los uniformados logren lo que en su propuesta del ‘Libro Blanco’ habían definido como su misión: “ejecutar la política militar y la conducción administrativa de las fuerzas armadas para la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado, la garantía de su ordenamiento jurídico y el apoyo para el desarrollo social y económico del país”.

El ‘Libro Blanco’ fue propuesto, por ejemplo, para lograr la eficiencia de proyectos e iniciativas previstas mediante, entre otras cosas, los servicios unificados en centros de recreación, comisariatos, hospitales, unidades educativas y establecer las industrias militares orientadas a la Defensa Nacional.

Así durante los 15 meses del actual gobierno nada cambió. Por el contrario, los militares tomaron un mayor posicionamiento frente a la sociedad civil, que no se registró ni en el gobierno del militar Lucio Gutiérrez.

Fin a luna de miel
Por eso sorprendió que Correa no haya dudado en acusar a los uniformados de estar “infiltrados” por agencias extranjeras. Conclusión a la que llegó luego de confirmar el ocultamiento de información de las vinculaciones que, supuestamente, las FARC mantienen en Ecuador y con eso ponerle fin a la luna de miel FFAA-poder político.

Tácitamente le informó al país: ''aquí hablemos muy claro, los sistemas de inteligencia ecuatoriana están totalmente infiltrados y sometidos a la CIA”, insistió.

Bertha García señala que es la injerencia política y la falta de definición y constitución institucional del sistema político los que permiten que servicios, como los de inteligencia, lleguen a hacerse autónomos.

Correa aseguró ''hay casos vergonzosos en que la CIA financia ciertas unidades de inteligencia ecuatorianas'', para luego resaltar que los informes eran remitidos directamente a la central de espionaje estadounidense que a su vez se los transmitía al gobierno de Colombia.

Una relación que, según el general en retiro y actual analista militar Oswaldo Domínguez, considera normal en tiempos de paz. “La situación se ha exacerbado por las implicaciones geopolíticas que tiene al haberse recibido un ataque inesperado por parte de Colombia que jamás estuvo en las hipótesis del Ecuador.

“Eso ha hecho que se pierda la ecuanimidad sobre el manejo de la información que en tiempo de paz y como una política de cooperación que los dos países venían realizando frente a un tema de interés común”, puntualizó.

“Los sistemas de inteligencia se nutren de la información cruzada que tienen diferentes organizaciones de diferentes países, eso sucede en tiempo de relaciones coordinadas y diáfanas pero, en el momento de confrontación que se vive, cambió la óptica de este y tanto Ecuador como Colombia sacaron a la luz informaciones que no fueron debidamente procesadas.

Militares ofendidos
La molestia en las filas militares fue evidente. Según relató a La Hora un oficial del Ejército, que obviamente pidió el anonimato, la generalización, la falta de concreción en la acusación y responsables, afectó a los uniformados.

“Nos sentimos ofendidos, agraviados, estamos formados para respetar jerarquías, procesos y sobre todo para defender los intereses del país” señaló el militar al asegurar que varios coroneles y mandos medios de la oficialidad exigieron al alto mando, actuar en defensa de la institución militar.

A eso obedeció el comunicado de la tarde del pasado martes, en la que los militares le pidieron, públicamente, una audiencia al presidente Correa para mantener un diálogo frontal y transparente” sobre la relación extranjera con militares ecuatorianos.

“La idea fue defender nuestra imagen y nuestra labor institucional” dice la fuente militar, pero ante los ojos de los ecuatorianos y de la comunidad internacional, la denuncia ya había sentado en el banquillo de los acusados al cuerpo militar y la primera cabeza en rodar fue la del jefe de Inteligencia del Ejército, coronel Mario Pazmiño.

La acusación de Correa llegó a su clímax con la salida del ministro de Defensa Wellington Sandoval; del jefe del Comando Conjunto; Héctor Camacho y de los comandantes; del Ejército, Guillermo Vásconez; de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela; y de la Policía, Bolívar Cisneros.

Cambios en el papel de las Fuerzas Armadas
En septiembre de 2007, desde Carondelet, Correa anunció que pediría a la Asamblea la inclusión legal del “referéndum revocatorio” para que “si hay un gobierno que incumple el mandato, no sean los militares sino los ciudadanos los que digan si siguen o no a ese gobierno”.

Por eso y por el “nerviosismo” de los últimos días, se da por descontado que la Asamblea Nacional Constituyente cambiará constitucionalmente el papel de las Fuerzas Armadas, quitándoles el rol de “garantes” del ordenamiento jurídico, tal como lo establece el inciso 2 del artículo 183 de la Constitución vigente.

Este criterio ha sido, con antelación, ventilado por el sector gobiernista en la Asamblea. También varios representantes del sector de oposición están de acuerdo en “retirarles” ese papel que los uniformados han hecho prevalecer.


GRUPO EMPRESARIAL HOLDINGDINE S.A.
Posee una estructura organizacional conformada por tres divisiones vinculadas a los sectores: manufactura, agroindustria y servicios.

MANUFACTURA
ANDEC S.A. (siderurgia)
COMPLEJO FABRIL FAME S.A. (vestuario, calzado y equipos)
EXPLOCEN C.A. (explosivos industriales)
F.M.S.B. SANTA BÁRBARA S.A (municiones y armas)
ENERGYHDINE C.A. (proyectos energéticos)

SERVICIOS
SEPRIV CIA. LTDA. (seguridad privada)
DINMOB C.A. (inmobiliaria)
LOGISTICHDINE S.A. (servicios logísticos)

AGROINDUSTRIA
DINEAGRO´S S.A. (producción bananera)
PROTEAS DEL ECUADOR S.A. (cultivo de follajes florales)
AYCHAPICHO AGRO´S S.A. (agropecuaria)

El HOLDINGDINE también tiene participación minoritaria en ocho compañías.
INAMAZONAS S.A. (inmobiliaria)
AMAZONAS HOT S.A. (hotelería)
SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S.A. SOCCASA (acuacultura) ÓMNIBUS BB TRANSPORTE S.A. (automotriz)
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. (intermediación financiera)
MINREAL S.A. (minería)
NOVACERO S.A. (metalmecánica)
MARESA HOLDING S.A. (automotriz)
CONDORMINING CORPORATION S.A.( minería)

Los cuatro ministros de Defensa de Correa
Guadalupe Larriva
Asumió el 15 de enero del 2007. El 24 de enero falleció en un accidente aéreo militar.

Lorena Escudero
Asumió el 1 de febrero del 2007. Dejó el cargo el 31 de agosto del 2007, por cuestionamientos a la efectividad de su ejercicio ministerial. Pasó a dirigir la Secretaría del Migrante.

Wellington Sandoval
Asumió el 31 de agosto luego de dejar la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue relevado del cargo el pasado miércoles 9 de abril.

Javier Ponce Cevallos
Asumió el miércoles 9 de abril con la consigna de “transparentar la relación entre la institución militar y la sociedad civil” e impulsar un sistema de defensa regional del Sur.

Gobierno
Correcciones
El presidente Rafael Corrrea definió lo que quiere de los militares:

No permitiré que se repita lo de Angostura, donde el agresor (Colombia) tenía mucha más información que nuestro gobierno.

No vamos a dejar que nuestros servicios de inteligencia no respondan al Gobierno.

No vamos a permitir que oficiales de Inteligencia reporten directamente a la CIA.



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