IBARRA
“No estamos en contra de los operativos que realizan para dar seguridad, sino la forma agresiva y brusca con la que llega la policía”, denunció un representante de la asociación de que repara equipos tecnológicos, luego de la reunión que mantuvieron con el Intendente de Imbabura, Fabricio Reascos.
El miércoles pasado las autoridades policiales realizaron un operativo tendiente a controlar la ilegal y fraudulenta acción de muchos locales que venden, compran y reparan artículos tecnológicos: celulares, tablets, radios, parlantes, computadoras, equipos de sonido, entre otros.
En 15 locales comerciales y de reparación intervenidos, al menos unos 133 equipos fueron incautados porque no presentaban los documentos habilitantes, su procedencia y, algunos de éstos constaban en el sistema informático de la policía, como robados.
Inconformidad
La reacción de las personas dedicadas a estas tareas fue porque una mujer habría sido afectada porque la “página donde se revisa los emails de la legalidad de los teléfonos, el momento del operativo se había colgado y la policía incautó los aparatos, pese a que tenía las facturas”, denunció.
Piden que se elabore un protocolo del proceso para que las autoridades policiales procedan con los operativos, den un trato justo, haya visión del derecho al trabajo y sobre todo el respeto a las personas.
Reglas claras
Para Lorena Suárez, propietaria de un local en la ciudad de Otavalo, dijo que su presencia en la Gobernación era para pedir que haya reglas claras para estos operativos.
“Se llevan equipos que creemos no deberían hacerlo, sobre todo los teléfonos que se encuentran sin la homologación respectiva. Si nos vamos a la realidad, en el país la mayor parte de teléfonos se encuentran en ese estado”.
La homologación se trata de teléfonos que vienen de otros países como Colombia, Estados Unidos, Europa que no están aliados a ninguna operadora celular. En estas circunstancias pueden ser objeto de retención.
“Yo pertenezco a un local de servicio técnico. No vendo teléfonos ni compro. Todo esto hemos expuesto en la reunión y han prometido ayudarnos”, expresó Suárez.
Para el Intendente de Policía, Fabricio Reascos, dijo que se ha cumplido con una disposición de la Dirección Nacional de Operaciones para que se realice trabajos, a nivel nacional, tendientes a controlar que los locales de reparación de celulares actúen enmarcados en la legalidad.
“Alguna actitud de ciertos policías disgustó a las propietarios de establecimientos a quienes se les ha explicado que las intenciones de las autoridades no es afectar económicamente a las personas sino que den el cumplimiento de la ley”, expresó. (RPCH)