Redacción IBARRA.
Siete personas fueron detenidas la noche del martes acusadas de un presunto delito de asociación ilícita, tras varias semanas de labores de inteligencia de la unidad especializada de la Policía Nacional.
En el operativo ejecutado en un domicilio del sector de Yacucalle en Ibarra, hasta donde llegaron varios servidores policiales de distintas unidades entre las cuales constan el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Dirección General de Inteligencia (DGI), Policía Judicial de Imbabura (PJI) y Grupo Operativo Motorizado, con la coordinación del fiscal de turno.
De las investigaciones iniciales se desprende que los siete capturados, entre los cuales constan dos mujeres, pertenecen a una banda bien organizada a nivel nacional que buscaban grupos de ciudadanos para realizar trámites con la complicidad de ciertos empleados de las agencias de movilidad de tránsito.
Los ilícitos que habrían cometido, en el presente caso, serán probados dentro de las investigaciones que lleva adelante uno de los fiscales con mayor experiencia en Imbabura, así como de las unidades policiales.
Modo de operar
Los procesados por el presunto delito de asociación ilícita tomaban contacto con empleados que manejan el tránsito vehicular y habrían logrado, de manera fraudulenta, recuperar los puntos en las licencias, matricular carros sin cumplir los requisitos que manda la ley, borrar de los sistemas informáticos las multas, entre otros hechos penados por las normas legales.
Del grupo de siete detenidos, dos son ibarreños (R.P., J.A, R.M., S.A., L.M., M.LL. S.R., quienes serían la cabeza visible de los planes para delinquir. El delito lo habrían cometido en los cantones de Atacames-Esmeraldas y en Cayambe-Pichincha, donde encontraron el espacio para, en complicidad con funcionarios de tránsito, realizar las fechorías.
De la asociación ilícita podrían derivarse otros delitos como cohecho, cuando se trate de personas particulares y concusión cuando se hayan participado en los hechos funcionarios públicos.
La Hora conoció que éste grupo operaba en varias provincias. En los cantones de Tulcán y San Gabriel, provincia del Carchi, no les dieron cabida, pero si en otras ciudades del país.
Audiencia
La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche de ayer en una de las unidades de garantías penales. El representante del Ministerio Público pidió al Juez que se inicie la instrucción fiscal por 90 días debido a la presunción del delito de asociación ilícita.
De conformidad con el artículo 375 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) “Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, serán sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Además, una vez que expuso los elementos de convicción suficientes, solicitó la privación de libertad por 90 días, tiempo. La autoridad juzgadora dio paso a estos planteamientos del fiscal que actuó apegado a las normas jurídicas. (redacción Imbabura)