Ibarra
Desde las 08:30 de ayer se instaló el Tribunal Penal de Imbabura para dictar la sentencia oral en relación al proceso investigativo en la caso de corrupción en Movidelnor, donde 12 personas se encontraban acusadas por el delito de asociación ilícita.
Tras la recepción de documentos, testimonios, los jueces dictaminaron que ocho tendrían responsabilidad en los hechos delictivos y su pena sería de tres años de cárcel.
En seis audiencias, desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018, se consiguió resolver las situaciones jurídicas de las personas que fueron implicadas en el caso Movidelnor, las mismas que según las investigaciones eran funcionarios públicos y tramitadores, que ayudaban con diligencias por escrito para subir puntos en las licencias, quitar multas, levantar desgravámenes, entre otras acciones al margen de la ley.
La convocatoria para los procesados, que estuvieron con medidas sustitutivas de libertad, fue para que acudan en la mañana de ayer hasta la sala de audiencias y conozcan las resoluciones adoptadas por los juristas.
Tras conocer los hechos y con los sustentos diligénciales el tribunal consideró que las pruebas de descargo no fueron suficientes, por lo tanto reconocieron la teoría de la Fiscalía sobre la existencia del delito.
DATO
Alrededor de 4.500 dólares se decomisaron en la casa de uno de los involucrados durante los allanamientos cumplidos por la Policía.El fallo oral fue favorable para cuatro personas, mientras que las ocho restantes tuvieron observaciones y se estableció una pena de tres años de acuerdo con el artículo 370 del COIP. La notificación por escrito se tardará 72 horas.
Los sentenciados salieron de la dependencia de justicia sin dejar de solicitar a través de sus abogados defensores una nueva diligencia pública para que se considere la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena, la cual se fijó para el 22 de febrero a partir de las 14:30.
Antecedentes.
El caso de las presuntas irregularidades en las instalaciones de matriculación vehicular de Ibarra se destapó a finales de noviembre de 2016. Desde esa fecha las investigaciones continuaron hasta dar con los sospechosos de los delitos y conseguir sancionarlos. La captura se efectuó en abril.
En mayo de 2017 fue la fecha que concluyó el proceso para luego dar paso al llamamiento a juicio de las 12 personas implicadas.
Las pericias por parte de la Policía determinaron responsabilidades. El trabajo de los agentes fue analizar llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, entre otros datos, donde uno de ellos contactaba a sus “clientes”, reclutaba más gentes para hacer los trámites ilegales y recibir a cambio dinero. (DLH)