Según la empresa Codelco, de Chile, en Junín (Íntag) se tiene previsto explotar una mina de 1.500 millones de toneladas, que obtendrá 7 millones de toneladas de cobre. La ganancia sería de entre 4.000 y 5.000 mil millones de dólares. Al Ecuador le quedaría 250 millones de dólares, 15 millones por año.
Íntag. Las comunidades de Intag, en Cotacachi, resisten por 20 años un proyecto de explotación minera de gran escala y afirman que continuarán la lucha para defender los derechos humanos y de la naturaleza.
José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi, en una entrevista con La Hora explicó que miles de familias de la zona, rica en biodiversidad, han hecho críticas y movilizaciones de protesta, pero a la vez han propuesto alternativas y han demostrado que la minería no es un determinismo del cual no se puede escapar.
Frente a este problema, según Cueva los gobiernos nunca han propuesto alternativas. “Para ellos lo más sencillo para obtener recursos es echar mano de los recursos naturales”.
Los habitantes organizados, desde las bases y desde el conocimiento campesino en Íntag, han generado procesos alternativos al extractivismo. Por ejemplo, la producción del café de exportación, reconocido a nivel internacional; el desarrollo de la industria agroalimentaria que produce más de 3.000 toneladas anuales de comida que se consume a nivel nacional; el turismo, con más de 70.000 visitantes anuales, proyectos apoyados por los Gobierno Autónomos Descentralizados de la zona y el Municipio de Cotacachi.
Otra de las alternativas es la construcción de tres pequeñas hidroeléctricas que generarían 15 megas y más de 1 millón de dólares anuales para un fondo territorial. “Alternativas las hay, mucho más rentables que la minería”, dijo Cueva.
El funcionario agregó que desde los gobiernos centrales se ha boicoteado todo el trabajo de las organizaciones, a las que han infiltrado para intentar destruirlas. Se ha perseguido y detenido a dirigentes como Xavier Ramírez, quien fue sentenciado a un año de privación de libertad. Él cumplió y ahora está libre, mientras que su hermano Víctor Hugo Ramírez aún vive en la clandestinidad y sobre él pesa una orden de detención.
El Estado implementó el conocido como “operativo Íntag”, con más de 450 policías, en 2014, quienes llegaron a la comunidad de Junín, reprimieron y apresaron a varios dirigentes que se oponen a la explotación de las minas de cobre y la contaminación.
Mal negocio para el Estado
José Cueva, experto en este tema y quien estuvo de ponente en el seminario internacional “Nuevas economías en territorios biodiversos”, explicó que los costos de remediación en zonas destruidas por la explotación minera son más altos que los recursos obtenidos por esta actividad.
“Esto es un pésimo negocio para los sectores estratégicos del Estado ecuatoriano, donde más plata se han robado”, dijo.
Agregó que el país saldrá perdiendo si continúa con el extractivismo. “Cotacachi estará firme y vamos a defender y pedir que Imbabura y Carchi sean declaradas libres de minería, porque el futuro es el turismo, la economía sostenible y sustentable y no la minería a gran escala”.
No cambia el modelo
Con el gobierno del presidente Lenín Moreno ha bajado la tensión frente a lo que fue el de Rafael Correa, pero el modelo no ha cambiado, el impulso a la minería continúa igual.
Cueva ratificó que el régimen actual ha entregado más concesiones mineras. Solo en Íntag dice que se registran más de 90.000 hectáreas y en toda la provincia de Imbabura 300.000 hectáreas.
El contenido de la pregunta cinco de la consulta popular, que se refiere a la explotación minera, en la que ganó el sí con el 69%, es engañoso, a decir de José. “Es solo un calmante y no va a solucionar el problema de la minería. El gobierno está consciente de que hay una demanda ciudadana de temor y de preocupación alrededor del tema”.
“Hacemos un llamado al presidente Moreno para que analice la situación con seriedad, frialdad y seriedad y que no se deje envolver por sus asesores, quienes trabajan al servicio del proyecto de las multinacionales diseñado por el Banco Mundial, en cuya trama el gobierno únicamente se ha convertido en un ejecutor”, mencionó.
“Nosotros seguiremos en pie de lucha y no vamos a dejar que avancen las mineras, que solo en la zona de Íntag están ocho entre las de Canadá y Chile, como Codelco que continúan con su exploración”, dijo.
Cuestionó que nadie ha hecho un proceso de consulta previa a las 100 comunidades de siete parroquias de la zona de Íntag, como García Moreno, Cuellaje, Apuela, Peñaherrera, Plaza Gutiérrez, Selva Alegre y Vacas Galindo. “Cerca del 80% de su territorio está concesionado o en trámite. Todo lo que se haga es ilegal e inconstitucional”.
“La pregunta de la consulta popular está hecha para legitimar ese proceso y por otro lado para distraer la lucha de los ciudadanos. Justo manda a prohibir lo que ya está prohibido”, agregó.
Zona biodiversa
Cueva explicó que hay nueve bosques protegidos en la zona, pero el Ministerio del Ambiente no lo considera así. “Esto es un entrabado legal para favorecer a la industria minera. Hay áreas que deben ser protegidas y no constan en el catastro oficial”.
Íntag es una zona donde confluyen dos ecoregiones mundiales de importancia biológica: El Chocó y los Andes Tropicales, consideradas entre las más altas en biodiversidad del mundo
En Íntag hay 20 ríos e igual número de microcuencas, que estarían directamente amenazadas por las concesiones mineras. El agua es para consumo humano, para abrevadero de animales, para la agricultura y la soberanía alimentaria.
El mandato constitucional del año 2008 prohíbe concesiones donde hay recarga hídrica y fuentes de agua, sin embargo en Íntag están sobre fuentes de agua. Esta es otra contradicción e ilegalidad de los gobiernos, según explicó José Cueva, quien ha sido parte de la lucha antiminera de Íntag prácticamente desde los inicios de la protesta. (CHRW)
DATO
Según Cueva, la pregunta cinco de la consulta popular fue engañosa y no resolverá nada.