En litigio el uso de un cementerio de Antonio Ante

Legalidad. El abogado Gabriel Morejón explicó al detalle como se originó el problema.
Legalidad. El abogado Gabriel Morejón explicó al detalle como se originó el problema.

Redacción ATUNTAQUI

Sara Andrade Montalvo presentó una demanda por el presunto delito de estafa masiva, en contra de quienes administran el cementerio “Jardín del Recuerdo”, de Atuntaqui. La Corte de Justicia de Imbabura se pronunciará en los próximos días.

Según el abogado de la defensa, Gabriel Morejón, la denunciante, su padre y hermano, tienen 1.152 m2 de propiedad en ese campo santo, que dicen no han sido pagados con el justo precio, aplicando el debido proceso y las normas legales pertinentes.

“Somos dueños de una parte del cementerio moderno, según el certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad y otros documentos que constan en el proceso, que está en manos del fiscal de Antonio Ante Geovanny Jiménez”, sostuvo Morejón.

El caso

Con la documentación respectiva se presentó una demanda por estafa masiva. El trámite siguió los cauces normales. El defensor legal puso un oficio para que se envíe a varias instituciones como Contraloría y otras entidades públicas para conocer qué había de cierto sobre el tema.

“Es sorprendente que la tarde del día siguiente, después de que presenté dicho escrito, Fiscalía pida que se archive por prescripción de la acción, si tomamos en cuenta que estamos frente a un delito de estafa masiva, porque mis defendidos son dueños de parte del cementerio”, dijo.

Además, explicó que una estafa masiva solo prescribe cuando se suspende la acción delictual. “Tengo entendido que el último muerto habría sido enterrado en el 2018. La juez debió tomar en cuenta que este delito es sancionado con la pena privativa de libertad de ocho a 10 años y la prescripción debería ser en el 2038, porque la ley determina que estas causas prescriben en un tiempo del doble de la pena”.

El juez respectivo en su resolución dice: “Se toma en cuenta el título de propiedad agregado a la demanda del 2010 y aplica el principio de favorabilidad, es decir que según la autoridad judicial en el 2015 prescribió”.

El abogado Morejón denunció que durante una audiencia en Atuntaqui, realizada el 15 de agosto de 2018, “la parte contraria y la Fiscalía no defendieron nada y en parte se dedicaron a amenazarme.

Por nuestra parte presentamos títulos de propiedad que da el Comité Administrativo de Cementerios de Atuntaqui, que tenía personería jurídica hasta el 2015”, dijo.

Según denunció, la Sociedad de Artesanos de Antonio Ante ha protestado por los precios que cobraba este comité, que según sus integrantes es de beneficio social. “Un mausoleo lo venden en 8.000 dólares, existe un recibo y, nos han confirmado, también dan títulos de propiedad a los usuarios, los cuales están anexados en el proceso”.

En el 2013 el Municipio de Antonio Ante ya conformó comisiones para que investiguen el caso. La última actuó éste año, por pedido de la Sociedad de Artesanos.

Los concejales del cantón, en un documento aseguran que el Comité Administrativo de los Cementerios no tiene autorización alguna para administrar fondos públicos, sin embargo lo hacen desde 1995.

“El 28 de marzo de 2018 solicitaron la intervención del delegado de la Contraloría en Imbabura, quien trató de sorprenderme aduciendo que se trata de dineros privados, pero yo le dije que lea el artículo 212 de la Constitución, que dice que su institución tiene la potestad para actuar tanto en dineros públicos como privados, entre otras cosas”, agregó el jurista.

Plantearán más demandas

“Esto apenas ha empezado, porque en el futuro nosotros presentaremos demandas por uso ilegal de propiedad privada, enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dineros, asociación ilícita, abuso de confianza y por omisión”, puntualizó Morejón. (CHRW)