Es pan de todos los días y ya no nos asustamos de lo sucedido en la última década en el sector público: sobreprecios, peculados, enriquecimientos ilícitos, lavados de dinero, cohechos, “diezmos”, astronómicos honorarios pagados a abogados internacionales y sus corresponsales que pierden todos los litigios, y toda la variedad de delitos. Vemos unos tibios juicios penales que se iniciaron y unos cincuenta exfuncionarios que deben responder por estos hechos. Las fiscalías se encuentran desbordadas por tantos delitos y delincuentes, pero no se conoce si todas estas ganancias ilegítimas han merecido un solo juicio penal por defraudación tributaria, con lo que concluimos que, aparte de obtener pingües ganancias casi todas ilícitas, ninguno ni siquiera ha pagado impuestos. Dudas quedan sobre este silencio que involucra a todos los ilícitos cometidos por funcionarios públicos y sus contrapartes privadas, ¿o también todos están exonerados de impuestos?
Humberto Fiallos
Quito