Asambleístas abogaron por garantizar el derecho a la libertad de expresión y eliminar las sanciones.
Cinco horas duró la primera parte del debate para reformar la Ley de Comunicación. Fueron pocos los asambleístas ausentes y muchos los que quisieron participar: la lista inicial fue de 25 y cuatro representantes del periodismo.
Luego del Himno Nacional, una a una fueron leídas las páginas del informe presentado por la Comisión de Derechos Colectivos. Eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones, asignación de responsabilidades al Consejo de Regulación de la Información (Cordicom) y la asignación de los espacios radioeléctricos fueron los puntos álgidos.
Mientras la Secretaria leía, rápido y sin pausas, varios asambleístas salían a la antesala del Pleno para rendir declaraciones a la prensa, entre ellos, Jorge Corozo, presidente de la Comisión. “Estamos garantizando el derecho a la libertad de expresión en nuestro país”, aseguraba.
Enseguida, daba los números del proceso previo: 14 proyectos de reforma fueron presentados, la comisión sesionó 20 veces en jornadas de entre seis y ochos horas, y se recibió a 84 organizaciones relacionadas con los medios de comunicación.
Tras el informe, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, llamó a una comisión general, antes del debate, para dar voz a cuatro personas: Kléber Chica, presidente de la Asociación de Radiodifusión del Ecuador; Álvaro Rosero, presidente de la Cámara de Medios (organismos recién creado), Héctor Jaramillo, representante de los músicos y cantautores ecuatorianos; y Guillermo León, ministro de Telecomunicaciones.
Todos, apuntaron hacia una mejor distribución de los espacios de difusión en radio y televisión, y que se incluyan en las reformas, de manera clara los mecanismos para obtener las concesiones.
De lo punitivo a lo judicial
La correísta Marcela Holguín fue una de las primeras en hablar y opinó que las reformas a la Ley la convertirán en un instrumento que “judicializa la comunicación y elimina las sanciones punitivas”.
5
años de vigencia tiene la Ley, cuestionada por los defensores de Derechos Humanos. Jeannine Cruz (CREO) la siguió en la palabra, con un tono más conciliador. Destacó que las reformas deben “garantizar que la limitación a la libertad de expresión nunca más se vuelva a dar en nuestro país”. “Ayer vimos cómo la Defensoría del Pueblo ofreció disculpas públicas a los jóvenes de Luluncoto, y celebramos que estas acciones se den”.
Patricio Donoso fue enfático en que lo mejor es derogar la Ley y aprobar una más “corta y precisa, que garantice el ejercicio de la comunicación”.
Al final, y con la Presidenta del parlamento ausente, se llamó a una suspensión de la sesión y será mañana cuando terminen las exposiciones y se llame a votación. (JDC)