Imbabura
Habitantes de las parroquias Buenos Aires (Imbabura), Jacinto Jijón y Caamaño (Carchi), y El Carmelo (Carchi), denunciaron la presencia de una compañía, denominada Handrin, “engañando a la gente, comprando conciencias con dádivas”, para que les permitan entrar a la fase exploratoria de minas de cobre en extensos territorios.
Pablo Iturralde, consultor y quien conoce la zona, aseguró que no se ha hecho una socialización del tema con los pobladores del pueblo awá, habitantes afro, mestizos.
“Se han dedicado a contratar a los líderes en trabajos como jornaleros, quienes ganan 20 dólares diarios, sin seguro y sin ninguna clase de protección, aprovechando la falta de fuentes de trabajo”, dijo.
A las comunidades asentadas en estos territorios, las contentan regalándoles un quintal de arroz, palas, pero en el fondo generan varios problemas, entre los cuales está el inicio, por parte de habitantes locales y foráneos, de la minería ilegal, agregó.
Ilegales
Un caso específico es en el sector de Palmira, en Carchi, donde se observa trabajadores mineros y varias personas que han iniciado excavaciones rudimentarias.
Advirtió a las autoridades seccionales, que dijo no han dicho ni han hecho nada frente a la situación, “que las empresas a las que se concesiona las minas llegan con el discurso de contratar mano de obra local y en la realidad llevan comida y cocinera privada”.
Con esta actitud táctica engañosa no se puede emprender el desarrollo de las comunidades que requieren agua potable, educación, vías, atención de salud y alimentación adecuada, reflexionó.
“Este comportamiento extraño, en el que nunca dan la cara los empresarios extranjeros sino los peones, genera un impacto social y deja secuelas dolorosas como la separación de las familias, presencia de prostitución, alcoholismo, drogadicción y delincuencia sobre lo cual no existe ningún compromiso por erradicarlo”, dijo.
En Lita
La parroquia de Lita es prácticamente el centro de los contactos y quien recibe los impactos de lo que sucede en Buenos Aires, pero cuando preguntan quién está tras de la exploración nadie te explica y pasan en el anonimato todos los responsables, aseguró.
“No es una actitud antiminera sino un llamado al Estado, que entiendo ya tiene firmadas concesiones, para que se comprometa con el desarrollo de las comunidades. Para poner un ejemplo, en estas parroquias existen más de 200 jóvenes que no pueden continuar los estudios y tampoco pueden acceder a un puesto de trabajo”, explicó.
Una de las consecuencias en la zona de Lita, por ejemplo, es el haber detenido a varias personas implicadas en tráfico en las vías aledañas.
Versión del Estado
Santiago Chamorro, coordinador regional de la Empresa Nacional Minera, frente las denuncias de explotación de las minas de cobre y oro, expresó que las empresas concesionarias mineras deben cumplir de forma rigurosa aspectos legales administrativos previos con el Ministerio del Ambiente, Senagua, de no afectar fuentes hídricas, y la declaración juramentada de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Minería. “Una vez que cumplan, las empresas tiene capacidad de iniciar el proceso”.
Aclaró que hasta el momento no se han cumplido con estos pasos previos para iniciar una fase de exploración en los territorios antes mencionados.
En este sentido, Chamorro ratificó que “es completamente falso que alguna empresa esté en la etapa de exploración inicial y exploración avanzada, trabajos que duran varios años”.
De un proceso que puede durar hasta 10 años para proceder a firmar un contrato, es erróneo pensar que en este momento ya están explotando las minas. Quienes sí realizan esa actividad son los mineros ilegales que dejan graves secuelas sociales y del medio ambiente, manifestó.
Cualquier empresa tienen que socializar el tema, contratar personas que conozcan la zona y garanticen seguridad en todo aspecto, pero una vez que tenga autorización del Estado.
La Handrin tiene concesiones en dos campos, pero no se ha registrado actuaciones como las denunciadas, sostuvo. (CHRW)