POR: Fausto Jaramillo Y.
Cuentan que un día, dos jueces, se encontraron en el vestíbulo de un hotel. Ambos estaban acompañados de la esposa del otro colega. Al encontrarse el ambiente se tornó muy tenso. Para romperlo, uno de los jueces se atrevió a decir: “Creo que en este caso, lo correcto sería que cada uno de nosotros retornara a su casa, en compañía de nuestra respectiva esposa”. El otro juez le respondió: “Creo, colega, que usted tiene la razón, eso sería lo correcto, pero no sería justo, puesto que usted ya está de salida, y yo, recién estoy entrando”.
La broma, más allá de la sonrisa que puede arrancarnos, nos remite a un dilema ético. ¿Lo correcto es sinónimo de justo? En esta época se habla de lo “políticamente correcto” es decir de pensar y actuar en función de lo que pensamos sería la solución más adecuada de los problemas personales o sociales, solución aceptada por todos, sin reservas ni rencores; pero nos olvidamos que esa solución “correcta” no siempre es “justa”, y que por lo tanto, lleva en su interior una carga de “injusticia” que tarde o temprano explotará con mayor o menor violencia.
El gobierno del presidente Moreno, desde sus inicios pretendió devolverle al país una independencia de funciones: es decir, permitir que cada función: Ejecutiva, Legislativa y Judicial, actúen con total libertad; que cada una cumpla con la tarea a ella encomendada por la Constitución, sin interferencia de ninguna de las otras dos. Eso es políticamente correcto y así debería ser si no estuviéramos retornando de una oscura época, en la que el Ejecutivo daba órdenes y manipulaba a las otras dos, contaminando al convivir social de impunidad para unos y acoso y persecución a los otros.
La ciudadanía reconoce los esfuerzos del Presidente Moreno y aplaude su corrección, pero le demanda algo más. Quiere Justicia, quiere el fin de la impunidad y para ello, la Asamblea debe, no solo cumplir con su deber de legislar y fiscalizar, sino que además debe despojarse de su espíritu de cuerpo y aceptar una depuración integral de todos sus malos elementos, a la par que debe dictar normas que acaben con la impunidad de quienes han procedido erróneamente y hasta en forma delincuencial en el desempeño de sus funciones.
A la justicia, el pueblo demanda su imparcialidad y agilidad. No es posible, en estos tiempos en que la tecnología nos ha acostumbrado a conectarnos con la velocidad de la luz, juzgar los actos ante ella denunciados, con la lentitud propia de las comunicación en acémilas. Una justicia lerda no es justicia.
El Ejecutivo, por su parte, no puede quedarse como espectador de los actos de corrupción que han existido en el país, debe actuar, bien sea como acusador o como testigo, aportar con pruebas y en ciertos casos en poner sus recursos en la tarea de recuperar los dineros escondidos en otros países; para ello tiene la Cancillería como instrumento de acercamiento a otros gobiernos.
Hay mucho por hacer, pero debemos tener siempre presente que lo correcto no siempre es lo justo. Lo que una sociedad como la ecuatoriana necesita, hoy más que nunca, es recuperar el deber de acercarse a la verdad y sin venganza, castigar a los culpables.