Un porcentaje del IVA se les debe a los gobiernos seccionales, pero aún no ha sido acreditado.
Redacción IMBABURA
El pago que cumplen los gobiernos seccionales como impuesto gubernamental es un beneficio para las mismas instituciones, a la final, no obstante esos rubros todavía no han sido transferidos y esperan que se efectivice en las siguientes semanas.
El Consorcio de Gobiernos Provinciales, antes de fin de año se reunieron sus miembros para efectuar un análisis de cuáles eran los rubros pendientes que tiene el Gobierno Nacional con ellos.
De acuerdo con el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, para continuar con la ejecución presupuestaria se hace necesario, entre los compromisos que tiene el Ministerio de Finanzas hacia al Banco de Desarrollo, acreditar los rubros y a su vez las entidades seccionales presentar proyectos para que se considere parte de un crédito no rembolsable. De esa forma podrían acceder prácticamente a su misma finanza.
Indicó que la primera deuda está transferida, pero una segunda etapa está pendiente, que esperan se ejecute para solventar necesidades económicas al interior del GPI.
Otro de los valores que todavía se encuentra en las mismas condiciones, donde también estaría afectada la provincia, es por la transferencia de riego y drenaje de 2017, con una cifra de 125.177,14 dólares.
Como gestión, se hizo planteamientos para la venta de las empresas eléctricas, que tenían un plazo para ser ofertadas. De esos recursos serían beneficiados los accionistas, en este caso el GPI tiene acciones en Emelnorte con un valor que asciende a 2’800.000 dólares, con lo cual una vez que asuma el Ministerio de Electricidad tendrían esa parte de capital para continuar con los planes de atención en el sector rural.
Entre las alternativas, como medida de presión por parte del grupo de autoridades para recibir esas asignaciones, consta protestar en las calles de las ciudades a fin de que les reconozcan la deuda, pero comprendieron que esas acciones serían inútiles por el presente proceso electoral y se les calificaría como de interés político.
En diciembre nuevamente tuvieron acercamientos con las principales autoridades ministeriales en la ciudad de Quito para llegar a un entendimiento de cómo se solucionaría los rubros adeudados. Para Imbabura suman más de 790.000 dólares que debería recibir por concepto del IVA. Así mismo desde el segundo semestre de 2018 se acumuló otros rubros de 500.000 dólares.
“Conforme pasan los meses van apareciendo deudas, porque nosotros vamos comprando, haciendo obras, y cancelamos el impuesto pertinente. Esto se va al Ministerio y luego no tienen para devolvernos”, aclaró Jurado.
Fausto Lima, director financiero de la Prefectura, mencionó que los rezagos económicos acumulados al 31 de diciembre de 2018 desde 2016 generan un consolidado de 6’719.229,22 dólares. A pesar de aquello los pagos para los contratistas fueron liquidados y se encuentran al día.
El funcionario acotó que de entradas económicas directas solamente poseen el impuesto al rodaje, que genera tan solo 660.000 dólares, que no serían suficientes para cumplir con los trabajos de mantenimiento vial en las zonas periféricas de Imbabura. (APLA)