Fiscalía ratifica acuerdo de 12 meses de prisión para Raúl Chicaiza y Diana Falcón

Redacción QUITO

En el quinto día de la audiencia de juzgamiento en contra de Diana Falcón y Raúl Chicaiza, la Fiscalía ratificó el acuerdo de cooperación con los procesados y la pena de 12 meses de prisión por el delito de secuestro del político de Fernando Balda.

Ese fue el pedido que hizo la fiscal general (e), Ruth Palacios, al Tribunal Penal, después de confirmar la acusación a los exagentes como autores del delito. Según la fiscal, con toda la prueba se demostró la existencia de la infracción y de la responsabilidad de los exagentes.

Dijo, además, que existió el agravante de malos tratos, debido a que además de la violencia cometida contra Balda para subirlo al vehículo, también le propinaron golpes al interior del carro, provocando lesiones físicas de siete días y consecuencias sicológicas permanentes.

El delito está tipificado con una pena de seis a nueve años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente a la fecha del cometimiento del delito, el 13 de agosto de 2012. Pero la norma más favorable, como indicaron las partes procesales, es el Código Penal actual, que establece una sanción de cinco a siete años.

Con esa pena se hizo el cálculo de un año del acuerdo, explicó el abogado Diego Chimbo durante su intervención. El 20% de la sanción menor, cinco años, es 12 meses. Sin embargo, es el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia el que deberá resolver la pena.

Entre la Fiscalía y la acusación particular también se solicitó la reparación integral de la víctima, que incluye un tratamiento sicológico para Balda y su familia, las disculpas públicas y un monto de un dólar, como valor simbólico.

Argumentos

La fiscal, en sus alegatos finales, presentados la mañana de hoy, confirmó que el delito fue confirmado con las pruebas entregadas, entre ellas, la asistencia penal internacional y los testimonios anticipados de los procesados, con lo que se ratificaría que actuaron con “conocimiento y voluntad” de que sus acciones eran ilegales.

También que no existe ninguna norma que legitime un operativo fuera del país para privar de la libertad de una persona y que las disposiciones fueron dadas por el expresidente Rafael Correa y el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero.

Según Palacios, Chicaiza recibió las disposiciones en mayo y desde ese momento hubo planificación del secuestro. En agosto se contacta con los secuestradores en Colombia, paga sus pasajes de avión, hoteles, alimentación y hasta la ‘farra’. También alquila los vehículos para el secuestro.

En todo ese proceso estuvo acompañado de una mujer, que en ese entonces se hacía llamar ‘Natalie Betancourt’ y que después se supo era Diana Falcón, quien también conoció de los hechos, dijo la fiscal.

La acusación particular compartió la misma versión de la Fiscalía y dijo que “Fernando Balda ha esperado casi siete años para que la justicia conozca su caso”. Según sus alegatos, los exagentes viajaron a Colombia con 14.000 dólares cada uno para pagar a los cinco secuestradores.

Las dos partes se sostuvieron en que sí hubo cooperación eficaz, posición que fue sostenida por la defensa de los exagentes. Chimbo indicó que toda la información que se conoció fue por la colaboración de Falcón y Chicaiza.

Para el análisis de los jueces

Chimbo también presentó a los jueces dos elementos para su análisis. El primero, que el tipo penal del secuestro implica violencia, por lo que no existirían malos tratos como agravante. Esta postura fue rechazada por la Fiscalía.

También dijo que durante la audiencia de juzgamiento se han presentado dos realidades procesales. Una en la que Falcón sí conocía de los hechos y otra, que no conocía, por lo que podría apelar a la inocencia de su defendida. Pero dijo que eso deberá ser analizado por los magistrados.

Al término de la audiencia, el Tribunal confirmó que se reuniría con las partes en una audiencia reservada para conocer el alcance de la cooperación eficaz. La cita estaba prevista para las 12:00 de hoy. (AGO)