Redacción COTACACHI
Varios moradores de Íntag, con documentos y fotografías, expusieron supuestas irregularidades y abusos de poder que están realizando personas allegadas a las empresas mineras que operan en la zona. Estos hechos anómalos desconocen los informes de la Defensoría del Pueblo y Contraloría sobre el territorio.
Paúl Gualotuña, de la comunidad de Barcelona, en Íntag, indicó que se están cometiendo atropellos por personas a favor de la minería. “Están haciendo caso omiso”, dijo en referencia a lo señalado en los documentos. Entre las faltas señaladas se encuentra la invasión a zonas protegidas, falta de control gubernamental y mal uso de uniformes públicos.
Jesús Prado, de la comunidad de Barcelona, señaló que su pedido es a las autoridades, como el Ministerio del Ambiente, para que sean conscientes de los problemas que existen en la zona. “Entren y vean y dialoguen con nosotros. Vean la realidad, vean cómo se vive en la zona de Íntag”.
El comunero agregó que, si las autoridades no ponen orden, ellos tomarán medidas más drásticas, para cuidar la biodiversidad y las fuentes de agua. “Ha de llegar el momento que, toda la zona de Íntag, nos vamos a levantar”, dijo.
Luis Burbano, de la comunidad Cerro Pelado, de Íntag, manifestó que en zona que vive, los terrenos son productivos, fértiles. Son su fuente de trabajo y manera de ganarse la vida. “Por eso estamos en defensa de proteger el medioambiente. No queremos que se dé todo este trámite de la minería. Desde hace años estamos en estos problemas. Por eso pido a las autoridades a que nos ayuden, ya que no es el beneficio solo para nosotros, sino para todos”.
Consulta popular
Gualotuña señaló que en años pasados ya intentaron realizar unas elecciones en las comunidades, pero el gobernante de turno no dio paso con las enmiendas constitucionales. Ahora, derogadas estas, esperan que se los llame a unas votaciones oportunas y necesarias para resolver su dilema.
“Siguiendo el ejemplo de Girón, queremos que se dé la consulta popular. Pero también vemos que intentan acomodar las leyes en favor de las empresas mineras. De hecho, ya se está hablando de la nueva política minera, en la cual se estaría restringiendo el derecho a la consulta popular. Lo que vulneraría el derecho de la constitución política del estado”. (PTEG)