Buscarán una negociación con la familia Morejón

Redacción IBARRA

La administración municipal, espera acabar con este conflicto que encierra al Municipio y a la Familia Morejón por más de 20 años. En el presupuesto del 2020 se aprobó 1 millón y medio de dólares para negociar con la contraparte.

Andrea Scacco, alcaldesa de la ciudad, manifestó que el Municipio ha sido notificado desde las instancias judiciales, en que se acepta la dimisión de bienes que se realizó en la anterior administración, por un monto aproximado de 7 millones de dólares y que el restante debe ser pagado de manera inmediata por el cabildo. “El día miércoles (hoy), vamos a tener una reunión con la familia sin presencia de abogados, para sentarnos y tener la posibilidad de solucionar de una vez por todas este conflicto”, agregó.

Este conflicto, de acuerdo a la Alcaldesa, le ha generado una deuda de más de 10 millones de dólares, sin contar los intereses que “ellos estarían en el legítimo derecho de solicitarnos”.

Providencia

En la sesión de Concejo realizada el pasado lunes, Lorena Pavón, procuradora síndica del Municipio, expuso que la familia impugnó para la dimisión de bienes; sin embargo, el Tribunal no dio paso. Esto significó que en el informe pericial se de una estimación del valor de los 25 bienes, que asciende a los 7 millones, 200 mil dólares.

Además indicó que la familia Morejón a la fecha, mantiene obligaciones tributarias pendientes con la municipalidad por alrededor de medio millón de dólares, incluido las multas e intereses generados. “Por lo tanto el valor del 1 millón y medio de dólares del presupuesto 2020 significaría una diferencia que la Municipalidad debería pagar respecto del capital que fue reconocido en sentencia como un derecho de la familia Morejón”, apuntó Pavón.

Bienes

25 bienes son los que se dimitieron, entre los bienes están el ex Patronato Municipal, Camal Municipal, Gallera Municipal, pista 4X4, Cecami y otros terrenos y espacios públicos.

Para la autoridad local, los bienes son importantes para la ciudad, por lo que se ha contratado unos abogados en la ciudad de Quito, para que se pueda ayudar “con oficios y gestiones que al menos permitan tomarnos un tiempo más como para poder conversar con la familia y poder solucionar el problema”, aunque recalcó que la sentencia está en firme y lo más grave que les podría pasar es que se incauten las arcas municipales “y ahí si nos toque desembolsar el dinero inmediatamente”.

Este rotativo intentó comunicarse con miembros de la familia, sin embargo no se obtuvo respuesta. (FCDL)

Antecedentes del caso

El 24 de febrero de 1992, en la administración de Alfonso Pasquel, se suscribió un contrato de ocupación de áreas entre la Municipalidad de Ibarra con Jorge Morejón y su esposa. El cual consistía en que la familia Morejón cedía los terrenos de su propiedad con la finalidad de que el Municipio realice la apertura de vías, es decir la prolongación de la avenida Teodoro Gómez de la Torre, para salir a las calles Heliodoro Ayala y avenida Mariano Acosta.

A cambio, el Municipio debía ejecutar obras de infraestructura para la urbanización de Jorge Morejón, sin embargo esto no sucedió. Por lo que en el 2002, en la administración de Mauricio Larrea, la familia plantea una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), exigiendo la resolución del contrato de ocupación de áreas. Al haber ya estado la prolongación de la vía, y al ser todavía una propiedad privada, el Municipio debía pagar una indemnización por daños y perjuicios.

Redacción IBARRA

La administración municipal, espera acabar con este conflicto que encierra al Municipio y a la Familia Morejón por más de 20 años. En el presupuesto del 2020 se aprobó 1 millón y medio de dólares para negociar con la contraparte.

Andrea Scacco, alcaldesa de la ciudad, manifestó que el Municipio ha sido notificado desde las instancias judiciales, en que se acepta la dimisión de bienes que se realizó en la anterior administración, por un monto aproximado de 7 millones de dólares y que el restante debe ser pagado de manera inmediata por el cabildo. “El día miércoles (hoy), vamos a tener una reunión con la familia sin presencia de abogados, para sentarnos y tener la posibilidad de solucionar de una vez por todas este conflicto”, agregó.

Este conflicto, de acuerdo a la Alcaldesa, le ha generado una deuda de más de 10 millones de dólares, sin contar los intereses que “ellos estarían en el legítimo derecho de solicitarnos”.

Providencia

En la sesión de Concejo realizada el pasado lunes, Lorena Pavón, procuradora síndica del Municipio, expuso que la familia impugnó para la dimisión de bienes; sin embargo, el Tribunal no dio paso. Esto significó que en el informe pericial se de una estimación del valor de los 25 bienes, que asciende a los 7 millones, 200 mil dólares.

Además indicó que la familia Morejón a la fecha, mantiene obligaciones tributarias pendientes con la municipalidad por alrededor de medio millón de dólares, incluido las multas e intereses generados. “Por lo tanto el valor del 1 millón y medio de dólares del presupuesto 2020 significaría una diferencia que la Municipalidad debería pagar respecto del capital que fue reconocido en sentencia como un derecho de la familia Morejón”, apuntó Pavón.

Bienes

25 bienes son los que se dimitieron, entre los bienes están el ex Patronato Municipal, Camal Municipal, Gallera Municipal, pista 4X4, Cecami y otros terrenos y espacios públicos.

Para la autoridad local, los bienes son importantes para la ciudad, por lo que se ha contratado unos abogados en la ciudad de Quito, para que se pueda ayudar “con oficios y gestiones que al menos permitan tomarnos un tiempo más como para poder conversar con la familia y poder solucionar el problema”, aunque recalcó que la sentencia está en firme y lo más grave que les podría pasar es que se incauten las arcas municipales “y ahí si nos toque desembolsar el dinero inmediatamente”.

Este rotativo intentó comunicarse con miembros de la familia, sin embargo no se obtuvo respuesta. (FCDL)

Antecedentes del caso

El 24 de febrero de 1992, en la administración de Alfonso Pasquel, se suscribió un contrato de ocupación de áreas entre la Municipalidad de Ibarra con Jorge Morejón y su esposa. El cual consistía en que la familia Morejón cedía los terrenos de su propiedad con la finalidad de que el Municipio realice la apertura de vías, es decir la prolongación de la avenida Teodoro Gómez de la Torre, para salir a las calles Heliodoro Ayala y avenida Mariano Acosta.

A cambio, el Municipio debía ejecutar obras de infraestructura para la urbanización de Jorge Morejón, sin embargo esto no sucedió. Por lo que en el 2002, en la administración de Mauricio Larrea, la familia plantea una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), exigiendo la resolución del contrato de ocupación de áreas. Al haber ya estado la prolongación de la vía, y al ser todavía una propiedad privada, el Municipio debía pagar una indemnización por daños y perjuicios.

Redacción IBARRA

La administración municipal, espera acabar con este conflicto que encierra al Municipio y a la Familia Morejón por más de 20 años. En el presupuesto del 2020 se aprobó 1 millón y medio de dólares para negociar con la contraparte.

Andrea Scacco, alcaldesa de la ciudad, manifestó que el Municipio ha sido notificado desde las instancias judiciales, en que se acepta la dimisión de bienes que se realizó en la anterior administración, por un monto aproximado de 7 millones de dólares y que el restante debe ser pagado de manera inmediata por el cabildo. “El día miércoles (hoy), vamos a tener una reunión con la familia sin presencia de abogados, para sentarnos y tener la posibilidad de solucionar de una vez por todas este conflicto”, agregó.

Este conflicto, de acuerdo a la Alcaldesa, le ha generado una deuda de más de 10 millones de dólares, sin contar los intereses que “ellos estarían en el legítimo derecho de solicitarnos”.

Providencia

En la sesión de Concejo realizada el pasado lunes, Lorena Pavón, procuradora síndica del Municipio, expuso que la familia impugnó para la dimisión de bienes; sin embargo, el Tribunal no dio paso. Esto significó que en el informe pericial se de una estimación del valor de los 25 bienes, que asciende a los 7 millones, 200 mil dólares.

Además indicó que la familia Morejón a la fecha, mantiene obligaciones tributarias pendientes con la municipalidad por alrededor de medio millón de dólares, incluido las multas e intereses generados. “Por lo tanto el valor del 1 millón y medio de dólares del presupuesto 2020 significaría una diferencia que la Municipalidad debería pagar respecto del capital que fue reconocido en sentencia como un derecho de la familia Morejón”, apuntó Pavón.

Bienes

25 bienes son los que se dimitieron, entre los bienes están el ex Patronato Municipal, Camal Municipal, Gallera Municipal, pista 4X4, Cecami y otros terrenos y espacios públicos.

Para la autoridad local, los bienes son importantes para la ciudad, por lo que se ha contratado unos abogados en la ciudad de Quito, para que se pueda ayudar “con oficios y gestiones que al menos permitan tomarnos un tiempo más como para poder conversar con la familia y poder solucionar el problema”, aunque recalcó que la sentencia está en firme y lo más grave que les podría pasar es que se incauten las arcas municipales “y ahí si nos toque desembolsar el dinero inmediatamente”.

Este rotativo intentó comunicarse con miembros de la familia, sin embargo no se obtuvo respuesta. (FCDL)

Antecedentes del caso

El 24 de febrero de 1992, en la administración de Alfonso Pasquel, se suscribió un contrato de ocupación de áreas entre la Municipalidad de Ibarra con Jorge Morejón y su esposa. El cual consistía en que la familia Morejón cedía los terrenos de su propiedad con la finalidad de que el Municipio realice la apertura de vías, es decir la prolongación de la avenida Teodoro Gómez de la Torre, para salir a las calles Heliodoro Ayala y avenida Mariano Acosta.

A cambio, el Municipio debía ejecutar obras de infraestructura para la urbanización de Jorge Morejón, sin embargo esto no sucedió. Por lo que en el 2002, en la administración de Mauricio Larrea, la familia plantea una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), exigiendo la resolución del contrato de ocupación de áreas. Al haber ya estado la prolongación de la vía, y al ser todavía una propiedad privada, el Municipio debía pagar una indemnización por daños y perjuicios.

Redacción IBARRA

La administración municipal, espera acabar con este conflicto que encierra al Municipio y a la Familia Morejón por más de 20 años. En el presupuesto del 2020 se aprobó 1 millón y medio de dólares para negociar con la contraparte.

Andrea Scacco, alcaldesa de la ciudad, manifestó que el Municipio ha sido notificado desde las instancias judiciales, en que se acepta la dimisión de bienes que se realizó en la anterior administración, por un monto aproximado de 7 millones de dólares y que el restante debe ser pagado de manera inmediata por el cabildo. “El día miércoles (hoy), vamos a tener una reunión con la familia sin presencia de abogados, para sentarnos y tener la posibilidad de solucionar de una vez por todas este conflicto”, agregó.

Este conflicto, de acuerdo a la Alcaldesa, le ha generado una deuda de más de 10 millones de dólares, sin contar los intereses que “ellos estarían en el legítimo derecho de solicitarnos”.

Providencia

En la sesión de Concejo realizada el pasado lunes, Lorena Pavón, procuradora síndica del Municipio, expuso que la familia impugnó para la dimisión de bienes; sin embargo, el Tribunal no dio paso. Esto significó que en el informe pericial se de una estimación del valor de los 25 bienes, que asciende a los 7 millones, 200 mil dólares.

Además indicó que la familia Morejón a la fecha, mantiene obligaciones tributarias pendientes con la municipalidad por alrededor de medio millón de dólares, incluido las multas e intereses generados. “Por lo tanto el valor del 1 millón y medio de dólares del presupuesto 2020 significaría una diferencia que la Municipalidad debería pagar respecto del capital que fue reconocido en sentencia como un derecho de la familia Morejón”, apuntó Pavón.

Bienes

25 bienes son los que se dimitieron, entre los bienes están el ex Patronato Municipal, Camal Municipal, Gallera Municipal, pista 4X4, Cecami y otros terrenos y espacios públicos.

Para la autoridad local, los bienes son importantes para la ciudad, por lo que se ha contratado unos abogados en la ciudad de Quito, para que se pueda ayudar “con oficios y gestiones que al menos permitan tomarnos un tiempo más como para poder conversar con la familia y poder solucionar el problema”, aunque recalcó que la sentencia está en firme y lo más grave que les podría pasar es que se incauten las arcas municipales “y ahí si nos toque desembolsar el dinero inmediatamente”.

Este rotativo intentó comunicarse con miembros de la familia, sin embargo no se obtuvo respuesta. (FCDL)

Antecedentes del caso

El 24 de febrero de 1992, en la administración de Alfonso Pasquel, se suscribió un contrato de ocupación de áreas entre la Municipalidad de Ibarra con Jorge Morejón y su esposa. El cual consistía en que la familia Morejón cedía los terrenos de su propiedad con la finalidad de que el Municipio realice la apertura de vías, es decir la prolongación de la avenida Teodoro Gómez de la Torre, para salir a las calles Heliodoro Ayala y avenida Mariano Acosta.

A cambio, el Municipio debía ejecutar obras de infraestructura para la urbanización de Jorge Morejón, sin embargo esto no sucedió. Por lo que en el 2002, en la administración de Mauricio Larrea, la familia plantea una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), exigiendo la resolución del contrato de ocupación de áreas. Al haber ya estado la prolongación de la vía, y al ser todavía una propiedad privada, el Municipio debía pagar una indemnización por daños y perjuicios.