Los gremios de transportistas y las autoridades de tránsito se unieron para intensificar los controles a la ilegalidad.
Redacción IMBABURA
La Empresa Pública de Movilidad (EPM) ratificó su compromiso de seguir combatiendo el transporte informal, una decisión que fue respaldada por los gremios del transporte de la provincia, principalmente ante los hechos suscitados al iniciar la presente semana, en la parroquia Imantag, en el cantón Cotacachi, donde los comuneros del sector exigieron que no se realicen operativos de control en este lugar.
Las autoridades de la EPM desmintieron que se haya llegado a algún acuerdo o compromiso previo con los representantes de esta comunidad, afirmando que sus pedidos transgreden el cumplimiento de la ley.
Amenazas
Miguel Macay, gerente operativo de la EPM, dijo que por eso han sido enfáticos en señalar que la institución defiende y respalda el derecho al trabajo pero rechaza la ilegalidad del transporte.
“El derecho universal al trabajo tiene que estar encuadrado en el cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico, porque eso implica que efectivamente se aplique el principio de igualdad ante la ley, porque qué sentido tiene que una parte cumpla con la norma y otros no vean la necesidad de cumplir con esas exigencias” señaló, por su parte, Juan Manuel Fuertes, gerente de transporte de la EPM.
Fuertes subrayó que aunque a veces la gestión de los Agentes Civiles de Tránsito es incomprendida y mal vista por hacer cumplir la norma, aseguró que seguirán firmes en el propósito de combatir la informalidad, independientemente de las amenazas y de situaciones flexibles de algunos sectores.
Apoyo
Jairo Lozano, presidente de la asociación de transportistas del cantón Cotacachi respaldó los operativos de la EPM y rechazó la ilegalidad del transporte en Imantag. “Algunos comuneros han iniciado la actividad informal del transporte poniendo en peligro la vida de muchas personas y han reaccionado violentamente ante los operativos de control, incluso con el secuestro de funcionarios públicos y solicitando pedidos que van por encima de la ley, lo que rechazamos totalmente”.
Marcelo Andrade, presidente de la pre Federación de Transportistas de la Región Norte, también rechazó las acciones y pedidos realizados por los comuneros de Imantag. “Se violó la Constitución, las normas y los derechos humanos de los funcionarios de la EPM. No podemos permitir que se rompan las leyes y por eso respaldamos el trabajo para combatir la informalidad”.
Al mismo tiempo, Andrade solicitó a los alcaldes de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, que aglutina a más de 10 municipios, ratificar en sus funciones a Juan Manuel Mantilla, como gerente general de la EPM, por el trabajo realizado en favor de la movilidad y en contra la ilegalidad.
El lunes, en el sector rural de Imantag, los comuneros retuvieron a dos agentes de tránsito que ejecutaban operativos, para impedir su trabajo.