Padilla: hay vacíos en la participación ciudadana

Funcionario. Edison Padilla, delegado provincial del Cpccs.
Funcionario. Edison Padilla, delegado provincial del Cpccs.

Luego del pronunciamiento de los ecuatorianos en la consulta popular y referéndum, Edison Padilla, delegado provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), analiza lo referente a la pregunta 3 que tiene que ver con la entidad.

Padilla menciona que el Mandatario, Lenín Moreno, mostró el interés de fortalecer el Cpccs y por eso consideró hacer un llamado para la reestructuración, “que permitirá analizar y corregir los temas administrativos, estructurales y ver los vacíos normativos legales que existen”, afirma.

Considera que se debe revisar la Ley orgánica de Cpccs en la que establece los mecanismos de participación y de control social, y sobre todo la participación de la ciudadanía frente a los niveles de Gobierno.

“Hay algunos fallos o temas sueltos como darle el carácter coercitivo al Consejo de Participación Ciudadana, ya que no lo tiene”, refiere y por eso considera que hay casos de vulneración del derecho a participar por parte de la comunidad y que queda solo a voluntad política.

Otros de los temas que reflexiona se debe analizar es el uso de la silla vacía, pues razona que los requisitos son engorrosos y poco accesibles.

“Los resultados de la consulta son de directa e inmediata aplicación”, expresa y aduce sobre el cese de funciones de los siete consejeros que todavía tienen para un año, hasta que se elija el consejo transitorio, “esto porque el nuevo proceso eleccionario será en febrero de 2019 y se posesionan en mayo”, puntualiza.

Labor

Lo que les queda, según Edison Padilla, es esperar la designación de los nuevos consejeros y que se promueva reuniones con exveedores, con quienes han planteado hacer uso de la silla vacía y de ser parte de los análisis presupuestos participativos, de las rendiciones de cuentas, “para poder integrar a todos y suscitar la participación ciudadana”, recalca. (DVL).

EL DATO

El funcionario asegura que la ley no les permite exigir el cumplimiento y garantía de los derechos de participación ciudadana.