Moradores hablan de cobros indebidos por expresidente de la Junta. Municipio está interviniendo.
Quilanga. Una delegación de moradores del barrio Santa Rosa de la parroquia San Antonio de las Aradas del cantón Quilanga llegó a Diario La Hora para informar sobre unos cobros que consideran indebidos por el derecho a recibir agua potable.
Vitelio Salazar Cueva, morador del sector, explicó que por alrededor de 20 años ha sido presidente de la Junta de Agua del lugar Sergio T., “en este tiempo ha sido como dueño de hacienda, poniendo multas, vendiendo derechos y más cosas a su gusto”, refiere.
Agrega que les pide 500 ó 600 dólares a quienes desean acceder a un derecho, “muchos no pueden cancelar ese valor, al que se suman otros gastos adicionales”, afirma y añade que al ser presidente de la Casa Comunal le pidieron 2 mil dólares, luego se bajó a mil por el derecho.
Otro morador Orlando Betancourt, agrega que los temas pusieron a conocimiento de la Secretaría Nacional de Agua (Senagua), ya que nunca presentó informes, ni inventarios y además lo hicieron con la intención de ubicar una nueva directiva.
“Senagua de Catamayo habría seguido el juicio y luego se pidió desde Loja que se cancele el juicio y se lo archive”, afirma y agrega que van dos años que no han dado solución.
Ambos moradores afirman que por esas razones pidieron al Municipio para que intervenga y les ayude, a pesar que se están oponiendo los que ayudan a Sergio T., incluso dice que intentaron nuevamente tomarse la directiva.
Apoyo
Sobre el tema Francisco Jaramillo, alcalde del sector, expresa que al observar las irregularidades e injusticia social con las familias, “como Municipio amparados en la Constitución elaboramos una resolución con fecha 14 de febrero para asumir la administración, operación y mantenimiento”, afirma.
Asegura que entregaron la resolución en la Gobernación, Senagua en Loja y en Quito, así como al Presidente de la República, Rafael Correa, “para aterrizar en lo que pregona el mandatario: agua para todos”, refiere.
Al final aclara que están amparados en la Ley y que van hacer el levantamiento de la base de datos, hacer los cálculos y empezar a administrar a más tardar en marzo. (DVL).
EL DATO
Son 46 que ya accedieron al derecho y están pendientes 11.