Anuncio positivo

Giovanni Carrión Cevallos

Andrés Michelena, actual Secretario de Comunicación, refirió el inicio de diálogos tendentes a reformar la Ley Orgánica de Comunicación, instrumento legal que, como se sabe, utilizó el régimen correísta y sus incondicionales corifeos, no sólo para controlar y limitar el derecho de la libertad de expresión y pensamiento en el Ecuador, sino en lo sustantivo para domesticar a una población con base al pensamiento único traducido en la verdad oficial que se transmitió durante una opaca década desde un gigantesco aparato propagandístico que hoy está sometido a la lupa de la Contraloría del Estado.

Ciertamente, el desmonte del correísmo es un pedido urgente y cuya necesidad –valga decir- quedó expresada en los resultados obtenidos en el referendo y consulta popular. En este caso, la Ley de Comunicación debe estar orientada a promover los derechos de la comunicación y de la información, mas no convertirse en un vehículo mediante el cual se persigue, sanciona y silencia (vía autocensura) a periodistas y medios de comunicación social que resultan incómodos a los gobernantes.

El papel del periodismo es fundamental dentro de una democracia, pues ayuda a que la sociedad tenga acceso a información que desde el poder se pretende ocultar. Los casos de corrupción que al momento se develan en el país, no es el resultado del accionar de instituciones de control que durante 10 años, más bien, mantuvieron silencios o dilataron investigaciones, sino, sobre todo, al trabajo de periodistas que con valentía han colocado y están llevando a los corruptos contra las cuerdas y tribunales.

Se necesita una reforma a la Ley pero también una enmienda constitucional que le devuelva a la comunicación su carácter de derecho humano y no la condición de un servicio público más que el gobernante de turno pueda regular. (O)

@giovannicarrion