Baca Mancheno no acudió a rendir una versión, pero su abogado criticó que Serrano no haya dado el original.
Un nuevo ‘jugador’ entró ayer en el embrollo causado por un informe de la Contraloría sobre la comisión que creó el Gobierno de Rafael Correa para investigar los hechos del 30-S. Se trata del contralor subrogante, Pablo Celi, quien pidió que esos documentos le sean entregados para analizarlos. “He pedido a la fiscal subrogante, Thania Moreno, esa documentación para conocer estos hechos en forma legal”, señaló Celi.
Sí, se trata de esos documentos presentados por el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, que señalan al fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y que hicieron que Baca revelara el polémico audio en que le ponen plazo a su labor.
El informe tiene que ver con una auditoría a unos gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia (Senain), que presuntamente ordenó Baca Mancheno en su calidad de presidente de la Comisión.
Celi también aprovechó para defender la gestión de la Contraloría, ya que según expresó se trata de hacer control público, no de persecución política. Detalló que actualmente existen 297 auditorías en ejecución, donde se encuentran las que analizan las sabatinas de Correa y una a la Universidad Yachay.
El ‘contragolpe’
Pero eso no fue lo único que pasó ayer. El fiscal Baca no acudió al llamado de su subrogante, Thania Moreno, para que rindiera versión en torno a la denuncia de supuesto incumplimiento de orden legítima de autoridad judicial. En su lugar, compareció Felipe Rodríguez, su abogado defensor, para solicitar nuevo día y hora para la diligencia.
41
millones pretende recuperar la Contraloría para el Estado por una glosa contra Marcela Aguiñaga por el parque Samanes. Él aseguró que la denuncia que Serrano puso contra Baca sobre la revelación del audio, no tendría validez, porque el informe entregado no es original y su tenencia podría dar origen a otra investigación penal.
Rodríguez argumentó que, cumpliendo la cadena de custodia y las disposiciones de la Ley de la Contraloría, ningún documento puede salir del archivo de la institución a un lugar que no sea a la Fiscalía. “Habría que preguntarse cómo llegan documentos a manos de terceros y, además, si esos son verdaderos y tendrían información que está clasificada como reservada o secreta”, agregó.
La Fiscalía de Pichincha informó que en el tema del 30-S ya se hicieron presentes los supuestos perjudicados, a través de una procuración judicial a tres abogados. Respecto de la documentación presentada por Serrano, aseguraron que se sigue analizando, pero se confirmó que no es original, sino copias certificadas. (MMD/LC)
Moreno habla
° Aunque muy levemente, desde la Amazonía el presidente, Lenín Moreno, se refirió al tema. “Estamos analizando. Como gobernante, debemos actuar con seriedad. No como un niño de primer grado que contesta inmediatamente lo que le achacan. Lo que ha sucedido, para nosotros como Alianza PAIS y para mí como su Presidente, no ha sido para nada agradable”, dijo.
Las primeras pericias al audio
° La jueza de Garantías Penales de Pichincha, Rocío Pérez, autorizó para el lunes la exhibición del contenido del audio que registró una conversión entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.
111
millones fue la glosa que estableció contra María de los Ángeles Duarte.
En este caso todavía no hay personas investigadas, pero según anunció el fiscal Fabián Salazar, pueden acudir a esta diligencia reservada, las personas que se sientan involucradas. Primero se escuchará la grabación y luego se hará la extracción de su contenido, de lo cual podría desprenderse la necesidad de una pericia de cotejamiento de voces.
‘Las rencillas se hacen públicas’
° Para el politólogo Santiago Basabe, la guerra institucional entre las cabezas del Estado no se dio antes por la presencia de Rafael Correa. Él observa que, ante la desaparición política de esa cabeza visible de la organización, “cada uno de estos actores empieza a asumir una autonomía y campos de influencia por sí mismos”, lo cual implica que las rencillas se hacen públicas.
Basabe tampoco confía en el contralor, Pablo Celi, porque recuerda que “fue una persona cercana al Gobierno de Correa por 10 años”, que ha quedado en una posición privilegiada pues no podrá ser cesado por el Consejo de Participación Ciudadana de transición, porque no fue designado por él.