No se da paso a derogatoria de Ley de Comunicación planteada por la UNP, Núcleo de Loja

PRESIDENTE. Sergio Abad dirige a la UNP en Loja.
PRESIDENTE. Sergio Abad dirige a la UNP en Loja.

Sergio Abad, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de Loja (UNP-L), indica que en noviembre de 2017 su gremio planteó a la asambleísta por Loja, Jeannine Cruz, que interponga sus buenos oficios para proponer en la Asamblea Nacional la derogatoria a la Ley de Comunicación, pero hasta la presente fecha no se ha dado paso ha dicho pedido.

La UNP-L le planteó a la asambleísta Cruz que sus gestiones vayan encaminadas a la derogatoria de la Ley de Comunicación porque entre otras, esta ley vulnera garantías constitucionales básicas y contraviene convenios y estándares internacionales que el país está obligado a respetar, especialmente los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 13 de la Convención sobre Derechos Humanos, Pactos de San José, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Abad destacó que al considerarse a la comunicación como un ‘servicio público’ se distorsiona el concepto y se expropia un derecho humano para ser administrado por el Estado.

El representante de los comunicadores locales considera que la acción de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) ha sido nefasta para la libertad de expresión, debido al uso y abuso de sus funciones con competencias que superan el control judicial, esta y otras acciones que van en detrimento de la comunicación, lo han mostrado a este organismo como un “ente incompatible con la institucionalidad democrática, por lo que debe suprimirse”, mencionó Abad.

Sergio Abad también expresó su solidaridad ante el asesinato de los tres comunicadores de Diario El Comercio, los miembros de las Fuerzas Armadas, y, además de la pareja de esposos plagiados, oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas a manos de grupos narco guerrilleros de Colombia. (WRSA)

EL DATO

Abad dice que al considerarse a la comunicación como un ‘servicio público’ se distorsiona el concepto y se expropia un derecho humano para ser administrado por el Estado.