Santiago Armijos Valdivieso
A través de los medios de comunicación se ha podido observar con gran preocupación el desarrollo de la investigación judicial por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en Colombia.
Digo con gran preocupación porque los últimos datos revelados arrojarían como resultado que dicho crimen se habría producido por tenebrosas decisiones de altísimos funcionarios del anterior gobierno con el objeto de escarmentar a un opositor político.
Aquello adquiere mayor gravedad si consideramos que para llegar al actual estado de la investigación penal tuvo que terminarse el largo período del arbitrario gobierno correísta y resolverse por parte del Consejo de Participación Transitorio y la Asamblea Nacional la cesación y reemplazo de importantes autoridades judiciales y de control, lo cual confirmaría que la falta de independencia de la justicia ecuatoriana y de algunos organismos de control fue cierta, dado que habría estado alineada a los intereses de Carondelet.
Por el bien común y por la anhelada tranquilidad social, la investigación judicial debe continuar hasta las últimas consecuencias y juzgar con estricto apego al ordenamiento jurídico a todo aquel que tenga responsabilidad penal en tan espantoso crimen.
El ex Presidente, al haber sido vinculado con razones jurídicas al caso Fernando Balda, debe dejar de escudarse en la trillada y nada creíble excusa de la persecución política y explicar con respeto y verdad al Juez, al Fiscal y al país, todos los detalles de este gravísimo caso que se investiga y que no puede quedar en la impunidad.
Ya es hora de que en Ecuador prevalezca la justicia para dar a cada quien lo que le corresponda, e impere el Estado de Derecho, en el que la Constitución y las leyes se impongan al capricho de los mandatarios. (O)