Pro forma: recomiendan al Gobierno revisar recortes en Educación y Salud

DEBATE. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó anoche la propuesta presupuestaria.
DEBATE. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó anoche la propuesta presupuestaria.

Seis de 11 asambleístas votaron a favor de que se den más fondos a las universidades.

Luego de una semana de comparecencias, debates y análisis, la comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe sobre la pro forma 2019.

Este informe incluye la recomendación de que se reasignen más recursos a las universidades y que los saldos no devengados este año pasen al siguiente. Además, se exige al Gobierno que se hagan efectivas todas las reformas de la Ley de Educación Superior, sobre todo con referencia a las llamadas cuentas recolectoras, donde las instituciones educativas podrían manejar de manera independiente los recursos de autogestión.

En la pro forma enviada por el Ministerio de Finanzas se estableció un recorte de 145 millones de dólares para la educación superior.

Discrepancias
Por otro lado, en el tema de las concesiones, que fueron registradas por el Gobierno como ingresos permanentes por 1.000 millones de dólares, la comisión recomienda que se revise el concepto, y de ser el caso, se lo reconsidere como ingreso no permanente.

Así mismo, se aconseja que se revise el cumplimiento efectivo del aumento anual del 0,5% en sectores como Salud y Educación. Según el análisis, la asignación total en las dos áreas debía ser de 9.771 millones de dólares, pero en la pro forma 2019 solo se registra un poco más de 8.000 millones de dólares.

A pesar de esta recomendación, Mauricio Proaño, asambleísta del bloque correísta, votó en abstención porque considera que la diferencia sería mayor. “Se está calculando el aumento de la asignación tomando en cuenta el presupuesto codificado de 2018, que es menor al presupuesto inicial. Con eso se está perjudicando a estos sectores”, aseveró.

Insumo para el debate
El otro asambleísta que votó abstención fue Patricio Donoso, miembro del bloque de CREO, a su criterio, no está clara la sostenibilidad tanto de los ingresos como de los gastos. Incluso, no se acogieron algunos de sus pedidos como que se revean los recortes en agricultura y el Instituto de Innovación Agropecuaria, que superan los 70 millones de dólares.

EL DATO
La asamblea tiene hasta el 4 de diciembre para aprobar o negar el informe de la pro forma en el Pleno.
“No estamos aprobando la pro forma, sino un informe que servirá de insumo para el debate y aprobación en el pleno”, acotó Donoso.

Fernando Burbano, asambleísta de Unidos Podemos, votó a favor, y entre sus contribuciones está la recomendación que el Ministerio de Finanzas presente un plan de contingencia para el caso de que el precio del petróleo caiga por debajo del valor presupuestado de 58,29 dólares por barril.

Asignaciones al IESS
Los más de 4.000 millones de dólares en subsidios no se tocaron en el informe. Según Esteban Albornoz, presidente de la comisión, la razón es que legalmente están impedidos de hacerlo.

Con respecto a los recortes en las asignaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Albornoz dijo que hay que ponderar el esfuerzo fiscal para pagar los 1.240 millones de dólares correspondientes al 40% del aporte patronal estatal. “Estamos recomendando que se revise, a través de equipos técnicos, qué valores se pueden reasignar al IESS”, puntualizó.

Solo ocho de los 11 asambleístas de la comisión estuvieron presentes en la votación del informe. De esos, Proaño declaró que presentará un informe de minoría porque no hay una posición firme para exigir al Gobierno para que presente una pro forma sostenible. (JS)

Aún hay indefiniciones
° El informe y la consiguiente aprobación por parte del pleno solo puede recomendar acciones, pero no cambiar los valores totales de la pro forma, que incluido el gasto en subsidio a los combustibles supera los 36.000 millones de dólares.

Un punto que quedó sin aclaración durante las comparecencias de esta semana es el financiamiento del presupuesto. Sobre todo un valor de más de 4.000 millones que se levantarían de organismos e instituciones no identificadas.

Esas indefiniciones son otra de las causas de las abstenciones al informe.