El coordinador zonal 7 de la DPE da su criterio sobre los últimos acontecimientos registrados en el país.
La violación de Martha y el femicidio de Diana, ocurridos en días recientes en Quito e Ibarra, respectivamente, se cometieron “por la existencia de una cultura machista que insiste en ver a la mujer como un objeto y no como una persona”. Así lo ve Pablo Piedra Vivar, coordinador zonal 7 de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE), respecto a los últimos acontecimientos suscitados en el país y que han conmocionado a todos los ecuatorianos.
En torno al caso de Diana, que murió a manos de su pareja, de nacionalidad venezolana, lo que derivó en agresiones xenofóbicas contra ciudadanos de ese país y que están en Ecuador, Piedra Vivar es muy claro: “Lo que no podemos es esconder la violencia de género detrás de una ola xenofóbica que ha generado mucha más violencia de la que se quiere prevenir”.
Por ello menciona que la DPE rechaza las actitudes “de un sector de la sociedad aquí en el Ecuador que ha querido dirigir sus ataques a un grupo humano nacional de un país”.
Garantía
A criterio del coordinador zonal 7 de la DPE, las instituciones públicas en todo nivel deben garantizar la seguridad de todos los habitantes en el Ecuador, incluidos a los ciudadanos extranjeros que están en suelo nacional por diversas razones.
El funcionario opina que el Estado ha reaccionado “de una manera equivocada” ante estos últimos hechos. “No se van a corregir estos actos persiguiendo a una nacionalidad”, señala, y ve como lamentable que se haya decidido solicitar un pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que buscan ingresar a territorio ecuatoriano. “Como Defensoría del Pueblo creemos que ese no es el camino ni es la mejor respuesta”, refiere. Explica que la gran mayoría de venezolanos que ingresan a Ecuador lo hacen como parte de un recorrido hasta llegar a su destino final que son países más australes de Sudamérica, como Perú, Chile o Argentina. A su criterio, el pedir el pasado judicial desencadenará en más problemas para los migrantes venezolanos.
Indica que pedir este documento “sí generaría una violación de derechos”. Señala que esto aumentaría problemas como la irregularidad. “Las personas van a seguir entrando al Ecuador, pero lo van a hacer de manera irregular”, señala. (JGN)
La violencia no se corrige con más violencia”
Pablo Piedra Vivar
Coordinador zonal 7 de la DPE