Redacción MANAGUA
AFP
La oposición nicaragüense, con respaldo de las cámaras empresariales, convocó este miércoles un paro nacional de un día para presionar por la liberación de los opositores presos, mientras el gobierno de Daniel Ortega se comprometió a excarcelarlos antes del 19 de junio.
La oposición, agrupada en la Unidad Nacional Azul y Banco (UNAB), llamó a paralizar labores este jueves como una “acción pacífica y éticamente correcta para presionar por la liberación de los presos” y para que los nicaragüenses sean “libres de esta dictadura”, dijo a la AFP el economista Juan Sebastián Chamorro, en referencia al gobierno de Ortega.
Horas antes del llamado opositor, el Gobierno de Ortega divulgó un “plan de trabajo” en el cual planteó “la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio” de los 336 opositores que han sido enviados a arresto domiciliario desde febrero pasado.
Cientos de presos
El anuncio incluye también a los reos “que todavía se encuentren encarcelados y los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite”. Cientos de personas fueron detenidas por participar en las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el Gobierno de Ortega, cuya represión dejó al menos 325 muertos y 62.000 exiliados.
La propuesta oficial descarta la demanda opositora de adelantar los comicios, y en su lugar plantea “continuar con la OEA el proceso de fortalecimiento institucional electoral (…) para las futuras elecciones generales del 2021”.
El ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, advirtió al sector bancario que la paralización de actividades “va a tener sus sanciones”.
En tanto, el Ministerio del Trabajo dijo en un comunicado que todas las actividades económicas privadas o públicas “se desarrollarán de manera normal” y que la suspensión no afectará el derecho al salario, beneficios y prestaciones de los trabajadores.
Vaciar las calles
Chamorro descartó represalias del Gobierno hacia los empresarios que se sumen al paro, a quienes les han advertido de la suspensión de licencias, contratos o permisos de operación si apoyan el paro.
“Si hay empresas que abren sus puertas por temor a represalias, los trabajadores pueden no ir a sus centros de labores, con eso están demostrando su inconformidad con el Gobierno”, dijo Chamorro.
325
personas han muerto en las protestas.“Tenemos que hacer acciones de lucha cívica, por eso es importante vaciar las calles el día de mañana (jueves)”, dijo Azhálea Solís, delegada de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en el diálogo con el gobierno.
Colegios y universidades privadas anunciaron la suspensión de clases para apoyar el paro.
El cese de actividades provocará una pérdida entre 15 a 20 millones de dólares en la economía y tendrá impacto en la recaudación fiscal, estimó Chamorro.
“Si el Gobierno está hablando en serio, que saque a todos los detenidos hoy” miércoles, dijo Solís sobre la propuesta gubernamental de liberar a reos.
No hay voluntad
Daniel Esquivel, del Comité de Presos Políticos, consideró que el Gobierno no ha tenido voluntad de liberar a presos, por lo que “no hay que creerle hasta que lo haga”.
62.000
ciudadanos se han exiiado.La huelga fue propuesta por la ACJD, que el lunes se retiró del diálogo con el gobierno en protesta por la muerte a tiros del opositor Eddy Montes en la cárcel, y por los abusos que sufren los presos.
Montes, de nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió el jueves pasado durante un violento disturbio en la cárcel La Modelo, en el que también resultaron heridos al menos 17 opositores.
El fallecimiento se produjo en medio de los constantes llamados de la oposición y la comunidad internacional para que el gobierno cumpla con su promesa de liberar a todos los detenidos en las protestas.
Organismos advierten y piden elecciones anticipadas
° La Organización de los Estados Americanos (OEA) demandó a Nicaragua liberar de manera “incondicional” a todos los opositores, al tiempo que abogó por la convocatoria de elecciones anticipadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Nicaragua adoptar medidas para proteger la vida, salud e integridad física de 17 personas detenidas, incluidos los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, el dirigente campesino Medardo Mairena y la estudiante de origen belga Amaya Coppens.