La persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación, será sancionada con una condena de tres a cinco años de cárcel.
La pena consta en el Art. 361 relacionado a las armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados que reza en el capítulo sexto sobre los delitos contra la estructura del estado constitucional del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que está en vigencia desde agosto de 2014.
Esa podría ser la pena a la cual se enfrentaría Margarita B. B., de 56 años de edad, quien fue detenida por la Policía Judicial, la noche del último martes, cuando no probó con documentos que puede vender libremente municiones en un negocio que ella tiene al sur de la localidad.
Una investigación llevó a la Dirección General de Inteligencia (DGI) a detectar que la señora sabría vender munición de diverso calibre. Con una orden de allanamiento la Policía Judicial llegó al local y luego de identificarse incautaron los cartuchos y detuvieron a la propietaria.