La lucha continúa, dicen representantes indígenas de Loja

Información. Los representantes de varios sectores agradecieron el apoyo de la comunidad.
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Información. Los representantes de varios sectores agradecieron el apoyo de la comunidad.
Información. Los representantes de varios sectores agradecieron el apoyo de la comunidad.
Información. Los representantes de varios sectores agradecieron el apoyo de la comunidad.
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“Hemos permanecido 12 días en lucha, se han sumado muchos amigos que han sido afectados y golpeados. Muchas mujeres cargaron a sus niños, pero lo hicieron por una causa justa (…) pero esto no queda así porque son necesarias nuevas reformas y de ser el caso saldremos nuevamente a las calles si nuestros territorios son concesionados”, expresa la vicepresidenta de la Corporación de pueblos kichwas de Saraguro (Corpukis), Cisne Guayllas.

Afirma que, si el sector rural no trabaja, no hay alimentación. “En esta lucha muchas autoridades se han puesto en contra del pueblo, lo que rechazamos”, reclama y dice que en Loja hicieron una marcha pacífica y demostraron que no son agresivos. También recriminó que continúan desatendidos en salud y en educación.

El concejal rural, Patricio Lozano Lozano, agradece la participación activa de la ciudadanía, “ahora ya derogó, pero hay que construir un nuevo decreto y en ese marco queremos invitar a los especialistas para juntos construir un nuevo proyecto”, refiere.

Acción

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, fue parte de la comisión que trabajó en la derogatoria del Decreto 883. Sostuvo que hubo un saldo negativo por las afectaciones en distintas ciudades, principalmente en Quito, así como el incendio que se provocó en la contraloría y ataque a algunos medios de comunicación y periodistas.

“No era nuestra intención estar en esta movilización, el problema fue que se toma decisiones políticas por parte del Gobierno Nacional que afectan la vida diaria de la gente y los pueblos, por eso tenemos la obligación de levantar la voz para que corrijan estas decisiones”, reseña.

Considera que para tomar dichas decisiones se debe consultar a la gente. Además, reprocha que venían con muchas preocupaciones por las concesiones para minería “nos tenía muy molestos y con los Decreto 883 fue la gota que derramó el vaso”, exhorta y añade que también se condonaron deudas a empresarios, entre otras decisiones.

Insistió que la lucha continúa y que hay que analizar otras situaciones que continúan afectando al pueblo.

EL DATO

Las concesiones mineras es otro de las situaciones que esperan se dé marcha atrás por parte del Gobierno.

“Hemos permanecido 12 días en lucha, se han sumado muchos amigos que han sido afectados y golpeados. Muchas mujeres cargaron a sus niños, pero lo hicieron por una causa justa (…) pero esto no queda así porque son necesarias nuevas reformas y de ser el caso saldremos nuevamente a las calles si nuestros territorios son concesionados”, expresa la vicepresidenta de la Corporación de pueblos kichwas de Saraguro (Corpukis), Cisne Guayllas.

Afirma que, si el sector rural no trabaja, no hay alimentación. “En esta lucha muchas autoridades se han puesto en contra del pueblo, lo que rechazamos”, reclama y dice que en Loja hicieron una marcha pacífica y demostraron que no son agresivos. También recriminó que continúan desatendidos en salud y en educación.

El concejal rural, Patricio Lozano Lozano, agradece la participación activa de la ciudadanía, “ahora ya derogó, pero hay que construir un nuevo decreto y en ese marco queremos invitar a los especialistas para juntos construir un nuevo proyecto”, refiere.

Acción

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, fue parte de la comisión que trabajó en la derogatoria del Decreto 883. Sostuvo que hubo un saldo negativo por las afectaciones en distintas ciudades, principalmente en Quito, así como el incendio que se provocó en la contraloría y ataque a algunos medios de comunicación y periodistas.

“No era nuestra intención estar en esta movilización, el problema fue que se toma decisiones políticas por parte del Gobierno Nacional que afectan la vida diaria de la gente y los pueblos, por eso tenemos la obligación de levantar la voz para que corrijan estas decisiones”, reseña.

Considera que para tomar dichas decisiones se debe consultar a la gente. Además, reprocha que venían con muchas preocupaciones por las concesiones para minería “nos tenía muy molestos y con los Decreto 883 fue la gota que derramó el vaso”, exhorta y añade que también se condonaron deudas a empresarios, entre otras decisiones.

Insistió que la lucha continúa y que hay que analizar otras situaciones que continúan afectando al pueblo.

EL DATO

Las concesiones mineras es otro de las situaciones que esperan se dé marcha atrás por parte del Gobierno.

“Hemos permanecido 12 días en lucha, se han sumado muchos amigos que han sido afectados y golpeados. Muchas mujeres cargaron a sus niños, pero lo hicieron por una causa justa (…) pero esto no queda así porque son necesarias nuevas reformas y de ser el caso saldremos nuevamente a las calles si nuestros territorios son concesionados”, expresa la vicepresidenta de la Corporación de pueblos kichwas de Saraguro (Corpukis), Cisne Guayllas.

Afirma que, si el sector rural no trabaja, no hay alimentación. “En esta lucha muchas autoridades se han puesto en contra del pueblo, lo que rechazamos”, reclama y dice que en Loja hicieron una marcha pacífica y demostraron que no son agresivos. También recriminó que continúan desatendidos en salud y en educación.

El concejal rural, Patricio Lozano Lozano, agradece la participación activa de la ciudadanía, “ahora ya derogó, pero hay que construir un nuevo decreto y en ese marco queremos invitar a los especialistas para juntos construir un nuevo proyecto”, refiere.

Acción

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, fue parte de la comisión que trabajó en la derogatoria del Decreto 883. Sostuvo que hubo un saldo negativo por las afectaciones en distintas ciudades, principalmente en Quito, así como el incendio que se provocó en la contraloría y ataque a algunos medios de comunicación y periodistas.

“No era nuestra intención estar en esta movilización, el problema fue que se toma decisiones políticas por parte del Gobierno Nacional que afectan la vida diaria de la gente y los pueblos, por eso tenemos la obligación de levantar la voz para que corrijan estas decisiones”, reseña.

Considera que para tomar dichas decisiones se debe consultar a la gente. Además, reprocha que venían con muchas preocupaciones por las concesiones para minería “nos tenía muy molestos y con los Decreto 883 fue la gota que derramó el vaso”, exhorta y añade que también se condonaron deudas a empresarios, entre otras decisiones.

Insistió que la lucha continúa y que hay que analizar otras situaciones que continúan afectando al pueblo.

EL DATO

Las concesiones mineras es otro de las situaciones que esperan se dé marcha atrás por parte del Gobierno.

“Hemos permanecido 12 días en lucha, se han sumado muchos amigos que han sido afectados y golpeados. Muchas mujeres cargaron a sus niños, pero lo hicieron por una causa justa (…) pero esto no queda así porque son necesarias nuevas reformas y de ser el caso saldremos nuevamente a las calles si nuestros territorios son concesionados”, expresa la vicepresidenta de la Corporación de pueblos kichwas de Saraguro (Corpukis), Cisne Guayllas.

Afirma que, si el sector rural no trabaja, no hay alimentación. “En esta lucha muchas autoridades se han puesto en contra del pueblo, lo que rechazamos”, reclama y dice que en Loja hicieron una marcha pacífica y demostraron que no son agresivos. También recriminó que continúan desatendidos en salud y en educación.

El concejal rural, Patricio Lozano Lozano, agradece la participación activa de la ciudadanía, “ahora ya derogó, pero hay que construir un nuevo decreto y en ese marco queremos invitar a los especialistas para juntos construir un nuevo proyecto”, refiere.

Acción

El exprefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe Lozano, fue parte de la comisión que trabajó en la derogatoria del Decreto 883. Sostuvo que hubo un saldo negativo por las afectaciones en distintas ciudades, principalmente en Quito, así como el incendio que se provocó en la contraloría y ataque a algunos medios de comunicación y periodistas.

“No era nuestra intención estar en esta movilización, el problema fue que se toma decisiones políticas por parte del Gobierno Nacional que afectan la vida diaria de la gente y los pueblos, por eso tenemos la obligación de levantar la voz para que corrijan estas decisiones”, reseña.

Considera que para tomar dichas decisiones se debe consultar a la gente. Además, reprocha que venían con muchas preocupaciones por las concesiones para minería “nos tenía muy molestos y con los Decreto 883 fue la gota que derramó el vaso”, exhorta y añade que también se condonaron deudas a empresarios, entre otras decisiones.

Insistió que la lucha continúa y que hay que analizar otras situaciones que continúan afectando al pueblo.

EL DATO

Las concesiones mineras es otro de las situaciones que esperan se dé marcha atrás por parte del Gobierno.