Patricio Alarcón, de la CCQ, no está de acuerdo con las decisiones tomadas. Insiste en que no ayuda a la economía.
Luego de dos meses de ser remitida a la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, quedó lista para promulgarse en el Registro Oficial.
El Legislativo trató el jueves el veto parcial del Ejecutivo. De las 32 observaciones enviadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, los asambleístas aceptaron 22 y se ratificaron en 10.
Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario Trabajador, dijo que “lo único correcto” fue no modificar el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que establece que el caso fortuito o fuerza mayor para despedir estará ligado al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador. “Se dio cuenta que era inconstitucional, que violaba el derecho de los trabajadores”. La propuesta enviada por el Ejecutivo proponía que el cese de contrato no esté ligado al cierre de las empresas.
Por su parte, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), comentó que le Ley “empezó al y terminó mal”. “Lo que va a generar es más desempleos y cierres de empresas. Debe plantearse una demanda de inconstitucionalidad. La empresa es la última rueda del coche y es la que tiene que pagar los platos rotos”.
Alarcón afirmó que algunos temas se van a complicar todavía más. Por ejemplo, la muerte civil, en la que, si alguien cierra un negocio por caso fortuito y tiene otro, no podrá ejercer “como persona natural y tampoco como jurídica”. (JG)
Algunos puntos claves de la Ley son:
Sobre lo laboral
Se podrá reducir la jornada laboral hasta en 50% por “eventos de fuerza mayor o caso fortuito” y el sueldo corresponderá a las horas trabajadas. La norma podrá ser acogida por dos años.
Los empleadores podrán contratar trabajadores bajo la modalidad de contrato especial emergente.
En caso de los despidos, los pagos serán calculados sobre la última remuneración antes de la reducción de la jornada.
Educación y salud
Todas las instituciones educativas podrán reducir la pensión de los estudiantes en un 25%, siempre y cuando los representantes demuestren que perdieron el trabajo o les bajaron el sueldo.
Por otro lado, se prohíbe la terminación de pólizas de salud por falta de pago.
Economía
La Asamblea ratificó el artículo 5, que es el no incremento de los servicios básico por un año; así como como el 15, que trata sobre la fijación de precios al consumo popular durante el Estado de Excepción.
En cuanto a los préstamos hipotecarios, quienes perdieron su empleo o tuvieron una reducción en su capacidad de pago, podrán solicitar la suspensión del cobro de sus préstamos hipotecarios correspondientes a marzo, abril, mayo y junio de 2020; no generará intereses o multas. El IESS establecerá los mecanismos de refinanciamiento.
También está prohibido iniciar procesos coactivos cuando existan pagos pendientes.
Vuelos a Galápagos
Sí se abrirán los vuelos directos internacionales directo a Galápagos, mientras dure la emergencia. La coordinación estará a cargo de los Ministerios de Turismo y Salud, y de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia