Asamblea Bicameral ¿la solución?

María Rosa Zury

Con una Asamblea Nacional con el 14,7% de aprobación en su gestión por parte de los ecuatorianos, parecería que la propuesta ciudadana de consulta popular para reestructurar el legislativo y pasar a un sistema bicameral, llega en un momento preciso cual acto de salvación institucional. A pesar de la creciente decepción política que sentimos hoy todos los ecuatorianos, esta propuesta no es lo que el país necesita.

Es importante recordar que, históricamente, el Ecuador ha tenido más congresos bicamerales que unicamerales. Es a partir del retorno a la democracia, en al año 1979, que se establece el periodo más largo de un Congreso unicameral. El sistema bicameral fue de esta manera sustituido al resultar un instrumento poco eficaz en el sistema legislativo debido a su carácter lento y obsoleto para aprobar normas.

Este sistema demostró, además, que era sumamente complicado alcanzar un consenso entre dos cámaras legislativas, y en caso de divergencia la decisión pasaba al Ejecutivo. En consecuencia, se descarta el planteamiento de que el sistema bicameral garantiza mejorar las leyes. El actual sistema legislativo unicameral, por el contrario, introdujo el doble debate en el Pleno para evitar la falta de análisis, la excesiva rapidez en la expedición de leyes, y motivar así consensos con fundamento.

Otra riesgo de la propuesta de cambio del sistema legislativo tiene que ver con la reducción del número de representantes en esta función del Estado, lo que atentaría contra el principio de proporcionalidad que tipifica el artículo 116 de la Constitución. En efecto, la Asamblea Nacional debe reflejar la heterogeneidad de la sociedad ecuatoriana, a fin de que la gran mayoría de los sectores sociales y políticos se vean representados en ella.

No obstante, la pérdida de confianza de los ecuatorianos en el sistema legislativo no se resuelve con modificar la actual configuración de los órganos que componen la Asamblea Nacional. El malestar ciudadano proviene de no contar con representantes políticos aptos para las funciones de legislación y fiscalización que les compete. El verdadero problema es, en realidad, de representatividad y legitimidad.

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