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Personas con discapacidad vigilarán auditoría de carnets

JUL, 13, 2020 |

SITUACIÓN. Los carnets para personas con discapacidad los emite el Ministerio de Salud desde 2013.

La iniciativa de control social nace de la desconfianza a las autoridades por las emisiones.
 

“No confiamos en que esta auditoría pueda hacerse a lo interno del Ministerio de Salud”. Esta es la percepción que tiene Stalin Basantes, experto en discapacidades, sobre el proceso de evaluación que está haciendo esa cartera de Estado para determinar las responsabilidades de funcionarios en la emisión de carnets para personas discapacitadas.

Por eso, él anunció la conformación de una veeduría ciudadana conformada por personas con discapacidad física, visual, auditiva, representantes de quienes tienen discapacidad intelectual y, además, técnicos en la materia.

El objetivo de organizarse, dijo, responde a vigilar de cerca el proceso de auditoría planteado por el Gobierno, para detectar las irregularidades en la entrega de los carnets de discapacidad a personas que no lo necesitaban. Agregó que no confían en las medidas que está adoptando el Ministerio de Salud que, a su criterio, serían juez y parte en este análisis. “Eso equivale a decir que los mismos funcionarios que entregaron los carnets se van a autoevaluar”, criticó.

Días atrás, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que la institución está revisando los expedientes físicos y digitales de los procesos de calificación que se dieron desde mayo de 2013 y los emitidos durante la emergencia sanitaria; esto, luego de que el presidente, Lenín Moreno, dispusiera iniciar el sumario, destitución y denuncia individual para funcionarios que habrían facilitado la obtención de 2.281 carnets falsos.

Pedirán sanciones
 

Basantes, indicó que solicitaron la inscripción de esta veeduría ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Agregó que, a más de efectuar la contraloría ciudadana, también serán canalizadores de nuevas denuncias que vengan de la sociedad civil para formalizarlas ante la Fiscalía.

 El experto aseguró que los beneficios tributarios para la importación de vehículos no sería la única ventaja que están sacando personas que obtuvieron los carnets fraudulentamente.
 

Según dijo, gente inescrupulosa estaría aprovechándose de los derechos laborales a los que tienen acceso las personas con discapacidad, por ejemplo, a la jubilación con menos años de trabajo, es decir, con las 300 aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Desde 2014 hasta 2019, esta institución registró un incremento del 2.100% en las jubilaciones anticipadas por medio de un carnet con discapacidad. En lo que va de 2020, existen 2.200 personas que se han jubilado bajo esta particularidad. El IESS ha destinado casi $150 millones para cancelar sus haberes a quienes hicieron uso de las jubilaciones anticipadas.

Sobre esto, Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, reconoció posibles casos de corrupción, pero aseguró que se está analizando caso por caso, cruzando la información con el Ministerio de Salud para establecer responsabilidades.


 

Casos en Petroecuador
 

El 3 de marzo pasado, Petroecuador informó sobre la separación de 24 funcionarios que supuestamente intentaron cobrar rubros por incapacidad parcial, presentando carnets de discapacidad. Estas irregularidades fueron expuestas por una compañía de seguros, basándose en diferentes exámenes médicos que eran parte de los expedientes de los exfuncionarios.
 

La empresa solicitó al Ministerio de Salud, al IESS y al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), la validación de 269 credenciales que calificaba como personas con discapacidad a los trabajadores de esa institución.
 

485.325 personas tienen carnet de discapacidad en el país.Basantes, exigió que, a más de la separación de los funcionarios involucrados en esta problemática, es necesario también que intervenga la justicia. “No se trata solamente de que las personas devuelvan los carnets, sino que se sancionen delitos de evasión de impuestos, falsificación y uso dolos de documentos falsos, defraudación tributaria”, dijo.

Agregó que el perjuicio al Estado se estaría dando desde varios frentes. A más de la importación de vehículos y las jubilaciones adelantadas, quienes cuentan con los carnets también se benefician en la obtención de puntos adicionales en los procesos de concursos de méritos y oposición para ocupar cargos públicos, en la devolución del 50% del IVA, rebajas en tarifas de servicios básicos, transporte público, pasajes aéreos, espectáculos, entre otros. (FLC)


 

Acción de control

Ante la corrupción de los carnets para personas con discapacidad, la Contraloría anunció la emisión de siete órdenes de trabajo para el inicio de exámenes especiales al proceso de entrega del certificado único de calificación de discapacidad, en las direcciones provinciales del Ministerio de Salud Pública.
 

Las acciones del órgano de control también alcanzan al Servicio Nacional de Aduanas, donde se analizará las importaciones realizadas por personas con discapacidad.

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