Hay cuestionamientos por desacato con la ley. Las instituciones informan a su conveniencia, según analistas.
El proceso de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público genera críticas, debido a que no estarían cumpliendo con los parámetros establecidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), de una verdadera participación de la ciudadanía. Este año es de forma telemática, debido a la pandemia del Covid-19.
Edison Padilla, exdelegado del CPCCS, manifestó que la normativa tiene algunos vacíos legales, los cuales deben ser reformados para establecer que esta institución, tenga el carácter coercitivo y pueda aplicar las sanciones correspondientes a las instituciones que son sujetas a cumplir con la rendición de cuentas. Cabe recalcar que los informes reposan en la Contraloría General del Estado, pero falta el seguimiento para conocer si hay o no sanciones.
La idea no es únicamente socializar lo realizado en el año, sino demostrar con bases y que la ciudadanía conozca, por ejemplo, que los procesos hayan sido subidos al portal de compras públicas o que la información conste en la páginas web institucional. “Hasta ahora no se ha observado una verdadera rendición participativa, falta fortalecer la normativa”. En esta ocasión, incluso por la pandemia está prohibida las concentraciones y reuniones, lo que limita más aún la participación, “si antes no lo cumplían, únicamente llenaban los auditorios con amigos, autoridades y personal de la institución, peor ahora que todo es vía virtual, donde se limita la participación ciudadana”, dijo.
Su propuesta es que antes de este proceso, se llame a la ciudadanía a realizar una consulta para que sean ellos quienes propongan los temas y lo que les interesa conocer. Eso no se ha cumplido, “únicamente llevan a sus amigos del movimiento o partido político al que pertenecen y con ellos socializan lo ejecutado en el año”. Es hora que haya involucramiento de los agricultores, productores y organizaciones sociales para que interactúen de manera directa, concluyó.
Por su parte, Carlos Guerrero, analista político, señaló que la ley es clara, todos los años las autoridades de las entidades que perciben fondos del Estado, deben rendir cuentas para que los ciudadanos conozcan el trabajo y evalúen lo ejecutado en territorio. “El problema es que no son objetivos peor eficientes, debido a que no existe un proceso de concienciación ciudadana para que las personas se involucren en estos procesos y conozcan las políticas públicas y puedan exigir información”.
A su criterio, estos procesos se han convertido en un evento social, formal únicamente para cumplir con la ley. “La institución no debe desaparecer, pero sí se debe fortalecerse para tener mayor participación de empoderamiento ciudadano y con ello transparencia en lo que realizan las autoridades de las diferentes entidades”.
EL DATO
El CPCCS desde el 2008 no se ha reformado. Piden una transformación a la normativa y no su desaparición, como algunos lo han planteado.