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Testimonio de Mendoza muestra una Asamblea Nacional donde se gestaban repartos y coimas

SEP, 30, 2020 |

AUDIENCIA. La diligencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia durante casi cinco horas y media.

Cuatro testigos claves y protegidos por la Fiscalía rompen el silencio y mediante testimonios anticipados revelan una supuesta trama de corrupción que se gestaba en los más altos niveles del Legislativo y otros poderes del Estado.

Cuatro de los 19 procesados por supuesta delincuencia organizada que se descubrió tras la fallida construcción del hospital de Pedernales, en Manabí, rindieron su versión sobre lo ocurrido y detallaron nombres, montos y hechos que darían cuenta de una compleja trama de corrupción.

Inicialmente, este caso ‘salpicó’ a la Asamblea Nacional y al Servicio de Contratación de Obras (Secob), pero los involucrados serán muchos más según las versiones rendidas por los cuatro procesados entre los que se cuenta al exasambleísta Daniel Mendoza, ahora considerado testigo protegido de la Fiscalía junto a su exasesor, Jean Carlos Benavidez, Franklin Calderón y el contratista José Véliz.

Un cargo, un contrato y una coima

Sus testimonios fueron como piezas de rompecabezas que se armaron durante la mañana y tarde de ayer. Ellos hablaron de dinero repartido, de votos en la Asamblea, de designación de puestos, de pagos por “favores” y adjudicaciones de contratos.

Entre ellos, el del Hospital de Pedernales que, según Mendoza, se gestó primero con el nombramiento de René Tamayo como principal de Secob. El puesto habría sido gestionado por el asambleísta Eliseo Azuero -ahora prófugo de la justicia por esta misma causa- con el objetivo de que entregase el contrato al consorcio Pedernales y así cobrarse el 12% del monto total, por el favor recibido.

Por un hospital que nunca se hizo

En marzo pasado, esa entidad recibió del Estado 8,2 millones de dólares como 50% del anticipo para iniciar la construcción de la casa de salud de 30 camas. El 14 de mayo, en la cuenta de BanEcuador de la empresa contratista solo quedaban 893.000 dólares, pero no se registró ningún avance en la obra.

Para julio, la fiscal general Diana Salazar llamó a rendir versión a nueve legisladores, la mayoría de las filas del BADI. También se convocó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y, recientemente, a los ministros de Finanzas y Obras Públicas, Richard Martínez y Gabriel Martínez, respectivamente pero no se obtuvo mayores datos sobre el tema que se investigaba.

Ayer los testigos protegidos hablaron y la historia la cambió. Aquí los fragmentos:

DANIEL MENDOZA. El exasambleísta fue la pieza clave de la jornada.

Daniel Mendoza: coimas y repartos del asambleísta

“Cuando el enjuiciado (político) quería conseguir los votos, llegaba él mismo con ofrecimientos o a través de otros.

Cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, fue la ministra la que me aseguró que la designación de Tito Nilton se daría luego de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Tito Nilton como gobernador (de Manabí).”.

“Ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria, por parte del gobierno de turno, se practicó en diferentes momentos. No solo para la aprobación de leyes, sino también en diferentes procesos de juicios políticos (…)”.

“Franklin Calderón le propuso a mi asesor, Jean Benavidez, para que René Tamayo, entonces director del Secob, adjudicara al Consorcio Pedernales la construcción de la obra. Le trasladé esa propuesta a Eliseo Azuero quien aceptó y dicha adjudicación se dio (…)”.

“Azuero me pidió ayuda para el cobro de cheques, producto de compromisos y transferencias para cumplir con compromisos adquiridos con asambleístas del grupo BADI. Dispuse a mi asesor que insistiera al gerente de BanEcuador que se debía cumplir con el pago de 10 cheques de 40.000 dólares para que sean entregados a Eliseo Azuero”.

“Me dijo (Azuero) que, en definitiva, era él y su grupo político (BADI) el que controlaba el Secob”.

“Algunos legisladores recomendamos perfiles por su capacidad técnica, pero hay otros que recomiendan nombres relacionados a proveedores y eso viene acompañado de un rubro económico”.

Jean Carlos Benavidez: el asesor y la ANT

“Por pedido de Daniel Mendoza entregué dinero a Eliseo Azuero en su domicilio, dentro de una maleta. Ese día, él estaba con René Tamayo y lo recibieron juntos (…)”.

“(…) se incautó dinero en mi casa (14 de mayo), que se gestionó a través de cuotas políticas de mi exjefe (Mendoza), por medio de recaudaciones. A él le dieron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito en Manabí (…)”.

La ANT fue entregada a finales de 2019 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban entre 30 o 40 dólares por trámite, alrededor de $2,500 diarios. Esta cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaint en el juicio político en su contra (…)”.

“Sé que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, incluso las de la ANT, designadas por el entonces ministro Aurelio Hidalgo”.

“El 02 de febrero el asambleísta Mendoza me invitó a reuniones políticas (...), se habló del movimiento político Amigo y mencionó además que él y Azuero salvaron del juicio político a Atamaint”.

Franklin Calderón, el ‘banquero’: entregas de dinero

“Junto a Juan Carlos Guerra, Jorge Jalil y José Veliz se fraguó la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales de Manabí con la negociación del 12% del monto total de la obra. Parte de esa suma fue recaudada a través de cheques y dinero en efectivo y entregada a varios asambleístas, Los Niños, como denominaba José Veliz a los legisladores del BADI.

De eso el 3% era para Daniel Mendoza, 3% para Jorge Jalil, $90.000 para cada asambleísta del BADI, $180.000 para Eliseo Azuero y $80.000 para José Veliz”.

Entregué $360.000 dólares a cuatro asambleístas: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero; $320.000 en Guayaquil para Eliseo Azuero, $280.000 a Jorge Jalil, $80.000 al papá de Daniel Mendoza más varios cheques, como producto de sus coimas. Luego, Jorge Jalil me pidió que transfiriera $80.000 a la empresa Mercaparc”.

José Veliz: el constructor que pagó

“En la reunión con Franklin Calderón y el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, Juan Carlos Guerra, se me señaló que debería entregar el 12% del valor de la obra para legisladores y personal del Secob. Con esa condición se me adjudicaría el contrato”.

“Se me indicó que debía entregar cuatro cheques a manera de garantía, estos debían ser canjeados por efectivo al momento de recibir el anticipo”.

“(…) 1’660.000 dólares fueron cobrados a través de cheques y $320.000 en cheques no lograron ser efectivizados. Supe que ese dinero iba a ser para un juicio político a María Paula Romo, pero desconozco si se usó. Formé parte de un sistema de corrupción y pido disculpas públicamente”.

ELISEO AZUERO. El asambleísta se encuentra prófugo y, según los testimonios, manejaba el Servicio de Contratación de Obras Públicas.

El ‘modus operandi’ de la Asamblea

Así respondió Daniel Mendoza al interrogatorio de su abogada

¿A qué se refiere usted con las cuotas de poder que tenían?

Son las recomendaciones que siempre se realiza dentro de las instituciones, son instituciones que nos entregaban.

¿Qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder?

Disciplina parlamentaria, si alguien nos pedía una votación por alguna ley lo teníamos que hacer.

¿Cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder?

Había un rédito económico y, en otros, había la posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos.

¿A cambio de qué se entregaban estas cuotas de poder?

A cambio de disciplina.

¿Quiénes estaban a cargo de este reparto?

Siempre había un asesor que hacía de puente con el Ministro.

¿Quién autorizaba?

Siempre se tenía que contar con el OK del Ministerio de Gobierno.

¿Usted gestionó el pedido de Azuero con el Ministro de Finanzas?

Sí, consulté más de una ocasión el estado de ese proceso.

¿A donde iban dirigidos los espacios que generaban réditos económicos?

Siempre se destinaba para ayuda social o eventos de carácter político.

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