Hasta finales de 2021, la red de protección social debe incluir a 625.600 familias más. El 86% provendrá de ese fondo.
La crisis derivada por la Covid-19 encontró al país con una baja cobertura en sus programas de transferencia directa. Apenas el 37% de las familias más pobres accedían a bonos o ayudas sociales, como Desarrollo Humano, discapacidad y vejez.
Dentro del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador se comprometió a incrementar esa cobertura hasta el 80%. Para eso, un primer paso en firme es destinar $592 millones en gasto social adicional hasta finales de este año.
Más de 4 de cada 5 dólares para ese propósito, es decir, alrededor del 86%, provendrá del ahorro que se alcance como consecuencia de la eliminación gradual del subsidio a los combustibles.
‘Camino a mejorar la equidad’
Según el último informe del organismo multilateral, ese ahorro alcanzará los $508 millones hasta diciembre de 2021.
“A través de reemplazar subsidios distorsivos y regresivos con transferencia directas a las familias de menores ingresos, Ecuador se encamina a mejorar la equidad en la aplicación de sus finanzas públicas”, dice ese informe
Más beneficiarios
Entre julio y mediados de noviembre de 2020, 232.000 familias adicionales recibieron ayudas directas o bonos como un mecanismo para mitigar los efectos más duros de la pandemia sobre el aumento de la pobreza.
En total, desde mayo de 2017, es decir, a partir del inicio del actual Gobierno, el número de beneficiarios de la red de protección social pasó de 1’053.953 a 2’077.138. Sin embargo, hasta finales de 2021, se deberá incluir a 625.600 familias más, a través de concretar el proceso de depuración y fortalecimiento del Registro Social.
| El gasto en protección social pasó de $431 millones en mayo 2017 a más de $800 millones a finales de 2020. | Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, comentó que antes de establecer propuestas, como la renta universal, cuyo financiamiento es insostenible, se debe avanzar en el mejoramiento de los programas existentes. |
“Con ayuda de las universidades se está avanzando en tener una idea más clara de dónde se debe enfocar el gasto”, acotó.
Los afectados
Andrea Rodríguez, economista y socióloga, explicó que el subsidio de los combustibles es un despropósito en términos de equidad, por lo que es un gran avance dejar de gastar en ellos y pasar esos recursos a transferencias directas.
| El diésel es el único combustible que aún tiene un subsidio de 24 centavos por galón, aproximadamente. |
El acuerdo con el FMI establece que se debe garantizar un piso de, al menos, $1.000 millones en gasto social. (JS)
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“En promedio, la pandemia redujo en más de 30% los ingresos disponibles para los tres segmentos más pobres y sólo un 6% para los más ricos. Una mayor red de protección, aunque no soluciona los problemas por sí sola, tiene la función de evitar más deterioro económico y conflictividad social”, puntualizó.
“El FMI le jaló las orejas al país por la baja cobertura y el deficiente registro”. Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.