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Isspol: Sin resultados, Asamblea ‘fiscaliza’ desde hace cinco meses

FEB, 25, 2021 |

SITUACIÓN. Como piezas de dominó: se necesita una pista para que el resto empiece a ‘caer’.

Esta semana se elaborará el informe; la Fiscalía blinda la información y el Gobierno calla.

El presunto manejo irregular de inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) parece una novela de nunca acabar. No hay documentos ni evidencias; solo reserva.

El martes, en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Flores, el legislador César Carrión denunció que no se conoce quiénes son los involucrados y que las operaciones irregulares de la entidad policial fueron de 532 millones de dólares.

El asambleísta Fabricio Villamar declaró que solicitó hace cinco meses un  documento  de referencia sobre el manejo  de la entidad policial basado en siete puntos: plan anual de inversiones 2012, el reglamento de inversiones y sus reformas desde 2015, informe técnico de la naturaleza jurídica de la institución, listado de empresas públicas y privadas donde la entidad invierte, listado de papeles financieros que han sido negociados y el sustento jurídico desde 2015 a 2020, y los manuales de las políticas internas de la institución.
 

‘Control político’ sin resultados

“En  la actualidad estamos en una primera etapa que es el control político, aquí podemos  revisar los procedimientos de las autoridades de la ISSPOL que tomaron el control, y determinar si actuaron de forma correcta y en función de eso la Comisión realizaría un informe para el Pleno. Espero que en estas dos semanas tengamos toda la información para avanzar”, afirmó Villamar.

También declaró ante la Comisión, Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno. Justificó que no se ha entregado información a la Asamblea porque la investigación está en la Fiscalía y algunos hechos se encuentran en reserva.

Pazmiño aseguró que no existió autorización del Ministerio de Economía y Finanzas para la inversión de los recursos ‘perdidos’, pese a que se debió hacerlo, como consta en el artículo 168 del Código Orgánico de Planificación, y que las operaciones de compra de bonos con los rendimientos del swap de 2016, 2017 y 2018 no cuentan con los informes de las direcciones correspondientes del Isspol.

Expuso las observaciones a la “Operación Swap”, en cuanto a la compensación de la operación y los bonos de deuda interna. Indicó que el 28 de diciembre de 2020, el Isspol debía recibir el pago de más de $20 millones por concepto de intereses, obligación que hasta la presente fecha se mantiene impaga por parte de las empresas de Jorge Chérrez, pese a que disponen de cerca de 100 millones de excedentes de flujos cobrados.

El Ministro reiteró que, el Comité de Riesgos no evaluó esta inversión, permitiendo la entrega de recursos de los fondos previsionales del colectivo policial.

El proceso de fiscalización y control político a las inversiones del Isspol arrancó en septiembre de 2020, recordó Villamar. Cinco meses después, el presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Flores, anunció que esta semana comenzarán a elaborar el informe para ponerlo a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

¿Se trata de una cortina de humo?

La Fiscalía detuvo a dos exdirectores y a dos exfuncionarios del Isspol: David P., Enrique. M, Alfredo V., y Santiago. D. Según Pedro Jerves, abogado del exdirector de la institución, David P., que ejerció su cargo entre 2016 y 2019, fue detenido con fines investigativos a las 22:00 el martes 23 de febrero.

Para el defensor, su arresto no cumple con las normas jurídicas acertadas, ya que el caso de su cliente aún se encuentra en la Fiscalía y en la Asamblea. “Lo más grave es que el general estuvo incomunicado desde ese horario hasta las nueve de la mañana. Fue una violación a sus derechos humanos. La detención es política y una cortina de humo por el tema carcelario”, acotó el jurista.

Además, Jerves manifestó que el exdirector reportaba a diario las operaciones e inversiones a la Superintendencia de Bancos en los periodos  de los superintendentes: Ec. Christian Cruz  y el Dr.   Juan Carlos Novoa Flor.

Dos procesos diferenciados

El caso contra el exdirector del Isspol y que habría motivado a la detención responde tanto a responsabilidad penal (peculado), como administrativa, así lo explica Sebastián Cornejo, especialista en derecho penal.

Al tratarse de materia penal pública, el titular de la acción es la Fiscalía, que tiene la facultad de solicitar prisión preventiva mientras dure el proceso. Esto, siempre que se determine “una responsabilidad, o que si existiría un alto riesgo de fuga y evite la posibilidad de otra medida cautelar como prohibición de salir del país”.

La segunda responsabilidad administrativa alude a la forma de la destitución por parte del Código Orgánico de Seguridad Ciudadana y Orden Público, este rige a los funcionarios de la Policía, los Agentes  Civiles de Tránsito y otros grupos de atención.

“Una destitución por el cometimiento de una falta grave que está contemplada en el artículo 121 de este código, apunta al abuso de jerarquía en función al nivel del servidor”.

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