El apoyo a la ley supone que el dólar continuará siendo la única moneda que podrá circular en el Ecuador.
Según el candidato presidencial Andrés Arauz y varios sectores cercanos al correato, la Ley de Defensa de la Dolarización busca privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE), debido a que se entregaría el manejo de la institución a los banqueros a través de la creación de un directorio.
José Hidalgo Pallares, economista y director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), explicó que ese argumento no puede estar más alejado de la realidad porque, en primer lugar, ese directorio estaría conformado por cinco miembros postulados por el Ejecutivo, que deberá ratificar la Asamblea Nacional. Podrá, a su vez, rechazar uno o varios candidatos, pero si el directorio no se ratifica en 30 días, pasarán los cinco candidatos propuestos inicialmente.
“Esa suele ser la manera en que se conforman los órganos de control a nivel internacional, a fin de evitar una concentración de poder”, acotó.
Mejorar las normas
Para formar parte de esas ternas, los candidatos deberán cumplir algunos requisitos. (Ver recuadro) Adicionalmente, entre las causas para su remoción está la de “incurrir en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones”.
Manuel González, docente y doctor en economía, concordó con que el mecanismo del directorio es ampliamente usado a nivel mundial; pero se puede mejorar los requisitos para reforzar la independencia del BCE. Así, por ejemplo, el experto propone que se incremente a 24 meses la prohibición de haber estado vinculado al sector financiero.
Impedir manejo político de las reservas
Los miembros del directorio tendrían un periodo de seis años en el cargo, es decir, su permanencia sería mayor al Gobierno de turno, lo que reforzaría los contrapesos y controles cruzados.
De acuerdo con Hidalgo Pallares, el presidente de la República no podrá simplemente ordenar que se utilicen las reservas del BCE para cubrir el gasto corriente, como ocurrió durante la década de Rafael Correa. Eso provocó que se pierdan $8.000 millones de los dineros que custodiaba la institución, que eran propiedad de los depositantes del sistema financiero y entidades públicas, como varias entidades de seguridad social y municipios.
Le quitan la máscara
En el proyecto de ley se prohíbe todo tipo de financiamiento al Gobierno, lo que dejaría sin piso las promesas del candidato Arauz, de utilizar esas reservas para entregar un bono de emergencia de $1.000 a un millón de familias y transferir $1.200 millones a los municipios en sus primeros días como presidente.
Fausto Ortiz, exministro de Economía, puntualizó que esas reservas son de $6.144 millones. De ese total, $1,317 son recursos de municipios, prefecturas y juntas parroquiales, con lo que la oferta electoral no sería darles realmente más liquidez, sino entregarles los mismos fondos que ya tienen. “Meter mano en bolsillo derecho para pasar al izquierdo. Eso es un engaño”, acotó. (JS)
Los postulantes al Directorio del BCE deberán cumplir con estos requisitos:
- Tener título de cuarto nivel en economía, finanzas, derecho, administración o auditoría.
- No estar afiliada/o a ningún movimiento político y no haber sido, en los 12 meses anteriores, miembro del directorio, administración o accionista con más del 6% de una institución financiera.
El Banco Central debería tener $12,724 millones en reservas, pero hay $6,144 millones, es decir, no cubren los depósitos del sistema financiero.
No habrá mejoras en tasas de interés
Si bien el proyecto de ley de ‘Defensa de la Dolarización’ establece un “sistema de tasas de interés”, el propósito de la reforma no apunta a reducir las tasas de interés.
Verónica Artola, gerenta general del Banco Central coincide con que la preocupación ciudadana también gira en torno al alto costo del crédito. Sin embargo, confirma que tampoco se trata de una “liberalización de tasas de interés ni de costos bancarios”.
“Los candidatos ofrecen bajar las tasas de interés por decreto, esto no se puede hacer ahora ni tampoco se lo podrá hacer en los siguientes cuatro o cinco meses», asegura Artola.
No al dinero sin sustento
El proyecto de ley busca evitar que a través de la emisión de dinero electrónico sin sustento se financie el gasto público. En el artículo 52 se establece que “en ningún caso el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica de derecho privado a recibir moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de América”. Esto le cierra la puerta a las pretensiones de pagar ayudas sociales, compromisos con proveedores o incluso nómina del sector público con dinero ficticio que no ha sido producto de la producción, exportaciones, remesas y endeudamiento.