Redacción QUITO
Alrededor de 200 personas se reúnen en el Complejo Judicial Norte para el lanzamiento de la Mesa de Perseguidos Políticos del Consejo de la Judicatura.
Quienes se dieron cita la mañana de este martes 21 de agosto fueron perseguidos judicialmente por el gobierno de Rafael Correa. Están los ‘3 de Cotopaxi’, los ’10 de Luluncoto’, los involucrados del 30 S, miembros de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), representantes de Saraguro, entre otros.
La Mesa funcionará en tres momentos. Primero, recibirá la información; segundo, se analizará la información y, tercero, se realizará un informe que será entregado a las diferentes instituciones del Estado para que, de ser el caso, inicie procesos de investigación o sanción.
Entre fuertes aplausos, seis perseguidos políticos, explicaron cómo el expresidente Rafael Correa y sus funcionarios utilizaron la justicia para perseguirlos y condenarlos. Además, como jueces y fiscales, por la presión del Ejecutivo, sentenciaron fuera de derecho.
Por ejemplo, Paúl Jácome de los 3 de Cotopaxi indicó que en un principio tenían en su contra 55 tipos penales y que, después, como en el resto de casos se utilizó el de terrorismo y sabotaje.
«Aspiramos que se levanten cuatro principios: memoria, verdad, justicia y reparación. Los jueces y fiscales deben ser inhabilitados de por vida», dijo.
Por su parte, Luisa Lozano, dirigente del pueblo Saraguro, señaló que no solo les encarcelaron injustamente, sino que también se burlaron de ellos, que se inventaron hechos.
Uno a uno, dirigentes indígenas y sociales expusieron las irregularidades en los procesos judiciales, por lo que esperan que los informes de ña Judicatura permitan esclacerer los hechos para que se tomen las correcciones, se apliquen sanciones y que el Estado les pida disculpas públicas.
«En épocas del correísmo, estr acto seria considerado una actividad subersiva para atentar contra el Estado», criticó Pablo Castro uno de los jóvenes de los 10 de Luluncoto acusados de terrorismo y sentenciados a un año de cárcel. «En nuestros proceso no existió el derecho, primaron los intereses fraguados desde la Presidencia. Eso no puede volver a pasar», agregó.