Recompensas

OCT, 22, 2018 | 00:04 - Por FRANKLIN BARRIGA LOPEZ

Hasta un 30% en efectivo, del total de lo que las autoridades recuperen, tendrán derecho quienes denuncien delitos en contra de la administración pública. Ello sucederá una vez que se apruebe, en el parlamento panameño y en segundo debate, dentro de pocos días, el proyecto de Ley que establece medidas de protección y retribución económica a los ciudadanos que procedan de la manera indicada.


El servidor público que despida, amenace o tome represalias contra el testigo referido será sancionado con cinco a ocho años de prisión. También se contempla la sanción de ser procesado penalmente al que testifique en forma falsa.


Con este tipo de medidas se aspira a contribuir a la lucha anticorrupción  en Panamá, que se ha intensificado a raíz del escándalo Odebrecht en el que existen más de 60 imputados. Entre otros altos funcionarios, tras las rejas se halla un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario Martinelli se encuentra en la cárcel, luego de ser extraditado de los Estados Unidos, “acusado de monitorear ilegalmente mediante un amplio sistema de vigilancia las comunicaciones de más de 150 personas entre 2012 y 2014, así como de desviar más de 10 millones de dólares de fondos públicos”; sus hijos tienen que responder por el cobro de 56 millones de dólares a esa empresa de triste fama.


Esto no extrañará a los ecuatorianos, acostumbrados a lo que viene descubriéndose producto de la década pasada y ganada por la corrupción. Aquí y allá, en todas partes donde este mal ha proliferado, las recompensas para los denunciantes de los delitos en mención se vuelven recomendables, siendo el objetivo máximo la recuperación de los dineros saqueados a países sumidos en la pobreza, la desesperanza y el sistemático engaño de políticos  y politiqueros expertos en el embuste y la rapiña.


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