39 son legales, pero hay sub registros, control insuficiente y todo un debate estancado.
Apenas 39 clínicas de tratamiento de adicciones cuentan con licencia de funcionamiento en todo el país. Lo refleja la lista de 2019 publicada por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), encargada de otorgar los permisos, que se renuevan de forma anual.
Del total, cuatro están en Guayaquil, una en Quito y tres en Cuenca. Pero la realidad es otra. Norman Pérez, exasesor del Ministerio de Salud, asegura que existen muchos más fuera de la Ley, especialmente porque se manejan como negocios rentables.
La cantidad de centros varió drásticamente desde 2017, cuando 110 lugares contaban con licencia a nivel nacional. Varios de ellos, clausurados, seguirían funcionando sin control o con permisos en trámite.
Las miradas se volvieron a enfocar en los centros de desintoxicación del país, el viernes pasado, cuando un incendio provocado en una clínica sin permiso en Guayaquil se llevó la vida de 17 personas. Ese mismo día, Acess clausuró siete centros de esa ciudad.
Según las versiones de la Policía y sobrevivientes, los jóvenes quemaron colchones para que los liberaran del encierro en el que estaban. De acuerdo con los familiares que han dado declaraciones a varios medios, la falta de atención en el sistema de salud pública los ha hecho recurrir a sitios clandestinos.
7
años de vigencia tiene el reglamento para estos centros.En noviembre de 2018 se registró un siniestro en las instalaciones de una clínica que no tenía permiso.
Situaciones como esta empezaron a salir a la luz, a partir del caso de David Romo quien habría sido asesinado en un centro de desintoxicación clandestino en Quito.
Lo recuerda Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), quien asegura que la problemática es complicada porque, muchas veces, va de la mano de los tratamientos de supuesta deshomosexualización.
Panorama
Para Monge, las cosas no van a cambiar hasta que las adicciones sean tratadas como una enfermedad y no como un delito. Además, cuando se respete la Norma que exige que las personas no pueden estar contra su voluntad.
8
MIL
personas fallecieron por consumo de drogas en 2016. Desde 2000, el ‘Taller de Comunicación Mujer’ ha seguido los casos de violación a Derechos Humanos que se han registrado en estas clínicas. Cayetana Calao, coordinadora de proyectos de la organización, asegura que han podido corroborar 65 casos de víctimas de diferentes procedimientos.
Adicionalmente, a través de un monitoreo de medios e información del Estado, han detectado que habría al menos 500 personas que fueron rescatadas de lugares clausurados. “No se conoce qué ha pasado con ellos ni ha habido ninguna sentencia”, dice Calao.
Entre los abusos que se han detectado están: tortura, congelamiento, encierro, confinamiento y violencia sexual. Pérez, quien asesoró a la exministra Carina Vance cuando se emitieron los acuerdos ministeriales en 2012, recuerda que conoció en persona un lugar de Quito en el que tenían cuatro perros encerrados en jaulas y el castigo para los internos era dormir junto a ellos, escuchando sus ladridos.
Lo califica como “tortura” y dice que la única manera de detectar abusos son los operativos en los que los mismos pacientes narran la situación a la que son sometidos. (PCV)
‘Siempre viviré en recuperación’
°Redacción GUAYAQUIL
Un grupo de personas con problemas de adicción se acercó ayer a la Gobernación de Guayas, para pedir que no se cierren las clínicas en las que se atienden.
La pequeña delegación se ubicó en el acceso principal del Ejecutivo provincial, esperando que los reciba su titular, Raúl Ledesma. Sin embargo, ahí les informaron que Ledesma había viajado a Quito, para tratar precisamente este tema.
Kléber, de 51 años, se presentó como adicto en proceso de recuperación. Sostenía una pancarta que decía: “Somos personas humildes que prestamos labor social, no somos asesinos, ni lucramos con los adictos”.
“Consumí drogas durante 31 años. Estoy en una clínica desde hace 6 meses y me estoy recuperando. Por eso, estoy en contra de que se cierren, porque hay muchos jóvenes que buscan una salida”, dijo.
El paciente cree que el Estado debe apoyar los centros que ofrecen bajos costos, porque son los únicos donde la gente pobre puede llevar a sus hijos con problemas de consumo. “Hay algunos que mensualmente cuestan 600 y hasta 1.500 dólares y eso no podemos pagar”.
En la clínica donde él está, hay unos 18 jóvenes. El centro cubre gastos de médicos, terapistas y sicólogos para las charlas grupales. “A un terapista se le paga 20 dólares y al doctor unos 150, semanales. Se debe considerar que el doctor lleva una enfermera”.
Torres cierra con una idea: que no hay fecha para la recuperación total. “Dura toda la vida, siempre viviré en recuperación, solo el día en que me muera podré decir que me he recuperado”. (DAB)
Silencio oficial
° Cinco días después del fallecimiento de 17 personas en un centro de desintoxicación sin permiso en Guayaquil, las autoridades del Ministerio de Salud han comunicado que esperan un pronunciamiento del Presidente para hablar del tema.
Mientras, a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a que realice “una investigación diligente, tanto administrativa como judicial” para establecer las causas y responsables no solo del incendio y sus consecuencias sino, en especial, de las “circunstancias estructurales que derivan en la existencia de centros clandestinos, a los cuales la ciudadanía recurre, por la falta de atención de las instituciones públicas de salud”.
Responsabilidades del Estado
° En 2012, a través del acuerdo ministerial 80, se expidió la norma para el control de estos centros. Para Norman Pérez, exasesor del Ministerio de Salud, la responsabilidad del Estado viene desde la Constitución y el control que no se ha logrado responde a la ineficiencia. Sugiere que se cree una unidad especial..
Elsie Monge dice que el Gobierno debe asumir este problema con ayuda física, sicológica y médica real.
‘Taller de Comunicación Mujer’ ha acudido a tres instancias internacionales, entre ellas el Comité contra la Tortura, que ha pedido respuestas al Estado desde 2015 sin obtener resultado.
FRASE
La mayoría se puede calificar como centros de tortura”. Elsie Monge, directora de Cedhu.