Redacción BABAHOYO
Si bien las manifestaciones han concluido, en la provincia de Los Ríos aún hay ‘tela por cortar’ respecto a las personas que estuvieron realizando movilizaciones, motivando a saqueos, desmanes o vandalismo en distintos lugares.
Y es que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, entregó un documento de oficio a la Fiscalía Provincial, para que se inicien de forma inmediata las investigaciones previas que permitan identificar de manera directa a estas personas.
“Hemos solicitado por escrito, mediante oficio, por lo tanto, de oficio debe de actuar la Fiscalía inmediatamente, para abrir las investigaciones e indagaciones con los videos, fotos, audios y publicaciones en redes sociales que son parte de las pruebas”, dijo.
Justicia
Salinas aseguró que ninguna de estas acciones irregulares cometidas en la provincia por grupos de personas que están siendo investigados, quedarán impunes.
“Todas las personas que intentaron destruir a la provincia, pero que gracias a Dios no pudieron, serán sometidos a la justicia, también con las investigaciones y el apoyo de la Policía Nacional”, agregó.
El comandante de la Sub-Zona de Policía Los Ríos #12, César Zapata, indicó que ya han estado ventilando algunas diligencias que ha solicitado la Fiscalía. Añadió que se abrieron investigaciones previas, como parte de procedimientos jurídicos que van a respaldar el accionar de la institución.
Situación
El fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, informó que efectivamente están actuando de oficio, pero basados en los partes policiales que la Policía Nacional está haciendo llegar a la Fiscalía Provincial, en los que consta la información de las personas que protagonizaron dichos actos.
“Se registraron hechos vandálicos en los distintos cantones de Los Ríos, tanto en la zona norte, centro y sur de la provincia. Los videos y fotos de las redes sociales, al igual que las grabaciones de las cámaras del ECU-911 también nos van a servir de fundamentos para la investigación”, precisó.
Hasta el momento, de acuerdo con los partes que van llegando, se han abierto 13 casos de investigación, de los cuales, dos corresponden a procedimientos directos por parte de la Fiscalía, en los que ya se formularon cargos.
Además, de los 13 casos, siete corresponden a la paralización de servicio público, uno a tentativa de paralización se servicio público, dos por instigación, uno por incitación a la discordia entre ciudadanos, uno por daño al bien ajeno y uno por secuestro.
Se espera que hasta la Fiscalía sigan llegando más partes policiales en el transcurso de estos días, para continuar aperturando más investigaciones previas, sobre todo en Quevedo, Montalvo, Babahoyo y Buena Fe.
Por atentar en la casa de César Litardo
La Fiscalía también investiga los hechos suscitados en los exteriores del domicilio de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en la ciudad de Quevedo, donde varias personas se concentraron el domingo.
“Ya se tiene identificadas a varias personas, como las que incitaban a quemar inclusive la vivienda del señor Presidente de la Asamblea. Ya se inició la investigación y está en desarrollo en la Fiscalía de Quevedo. Estimo que en las próximas horas se solicitarán las medidas pertinentes para estas personas, una vez que se instale la audiencia”, manifestó.
En este caso se inició el proceso por el delito de instigación, tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual indica: “La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como co-partícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
Sin embargo, es posible que la figura pueda ser retipificada por delitos contra la estructura del Estado o de la seguridad pública. Pero es posible que se retipifique, según el artículo 348, que habla sobre incitación a la discordia entre ciudadanos: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
En este caso, la Fiscalía no ha receptado ninguna denuncia del Presidente de la Asamblea o de sus padres, de manera que esta institución está actuando en base al parte policial, donde incluso se ha identificado evidencias como audio, así como a una persona y la placa del vehículo que habría estado cargado de objetos contundentes.
El Alcalde (e) de Quevedo es investigado
Entre otro de los partes policiales que ha llegado hasta la Fiscalía, consta un funcionario público de Quevedo. El Fiscal Provincial refiere que, de lo que se tiene conocimiento, la autoridad electa popularmente, que está plenamente identificado, incitaba a la paralización de servicios públicos y cierres de vías.
“Ya inicié una investigación previa y he mandado el día de hoy (ayer) a notificar en la ciudad de Quevedo, para que pueda ejercitar su legítimo derecho a la defensa. Estos hechos realmente indignan. Son hechos vandálicos de personas que, siendo funcionarios públicos, incitaban a la gente. Un funcionario público está obligado a respetar la Constitución y la ley, sin producir hechos vandálicos. Vamos a aplicar todo el peso de la ley en contra de estas personas”, sentenció.
El Fiscal Provincial enfatizó que ninguno de los ciudadanos identificados en las investigaciones, no va a quedar sin ser investigados.
Si bien la Fiscalía no dio a conocer el nombre del funcionario, Diario La Hora confirmó que ayer se notificó al alcalde (e) de Quevedo, Jimmy Aguirre Miranda.
Al respecto, Aguirre mencionó estar tranquilo porque no hay nada que pueda interpretarse como un acto que incite a la discordia entre los habitantes del cantón. “La marcha pacífica que se realizó exclusivamente el 7 de octubre contó con el aval de la Gobernación y Subintendencia para que los ciudadanos en su legítimo derecho a la libre expresión y resistencia, rechasen las medidas económicas”, mencionó Aguirre, puntualizando que la notificación de la Fiscalía para iniciar una investigación previa es improcedente.
“Estamos claros que ocupar un cargo público nos expone a que personas mal intencionadas quieran afectar nuestro trabajo”, finalizó.
Figuras
Las cuales se investiga
Dentro del Código Orgánico Integral Penal, incluso se investigan delitos contra la estructura del Estado Constitucional, así como asociación ilícita, incitación a la paralización de servicios públicos, ataque y resistencia, instigación y otros que hasta derivan en terrorismo.
En cuanto al delito de paralización de un servicio público, el artículo 346 del COIP establece: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
El artículo 336 del COP reza: “La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Redacción BABAHOYO
Si bien las manifestaciones han concluido, en la provincia de Los Ríos aún hay ‘tela por cortar’ respecto a las personas que estuvieron realizando movilizaciones, motivando a saqueos, desmanes o vandalismo en distintos lugares.
Y es que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, entregó un documento de oficio a la Fiscalía Provincial, para que se inicien de forma inmediata las investigaciones previas que permitan identificar de manera directa a estas personas.
“Hemos solicitado por escrito, mediante oficio, por lo tanto, de oficio debe de actuar la Fiscalía inmediatamente, para abrir las investigaciones e indagaciones con los videos, fotos, audios y publicaciones en redes sociales que son parte de las pruebas”, dijo.
Justicia
Salinas aseguró que ninguna de estas acciones irregulares cometidas en la provincia por grupos de personas que están siendo investigados, quedarán impunes.
“Todas las personas que intentaron destruir a la provincia, pero que gracias a Dios no pudieron, serán sometidos a la justicia, también con las investigaciones y el apoyo de la Policía Nacional”, agregó.
El comandante de la Sub-Zona de Policía Los Ríos #12, César Zapata, indicó que ya han estado ventilando algunas diligencias que ha solicitado la Fiscalía. Añadió que se abrieron investigaciones previas, como parte de procedimientos jurídicos que van a respaldar el accionar de la institución.
Situación
El fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, informó que efectivamente están actuando de oficio, pero basados en los partes policiales que la Policía Nacional está haciendo llegar a la Fiscalía Provincial, en los que consta la información de las personas que protagonizaron dichos actos.
“Se registraron hechos vandálicos en los distintos cantones de Los Ríos, tanto en la zona norte, centro y sur de la provincia. Los videos y fotos de las redes sociales, al igual que las grabaciones de las cámaras del ECU-911 también nos van a servir de fundamentos para la investigación”, precisó.
Hasta el momento, de acuerdo con los partes que van llegando, se han abierto 13 casos de investigación, de los cuales, dos corresponden a procedimientos directos por parte de la Fiscalía, en los que ya se formularon cargos.
Además, de los 13 casos, siete corresponden a la paralización de servicio público, uno a tentativa de paralización se servicio público, dos por instigación, uno por incitación a la discordia entre ciudadanos, uno por daño al bien ajeno y uno por secuestro.
Se espera que hasta la Fiscalía sigan llegando más partes policiales en el transcurso de estos días, para continuar aperturando más investigaciones previas, sobre todo en Quevedo, Montalvo, Babahoyo y Buena Fe.
Por atentar en la casa de César Litardo
La Fiscalía también investiga los hechos suscitados en los exteriores del domicilio de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en la ciudad de Quevedo, donde varias personas se concentraron el domingo.
“Ya se tiene identificadas a varias personas, como las que incitaban a quemar inclusive la vivienda del señor Presidente de la Asamblea. Ya se inició la investigación y está en desarrollo en la Fiscalía de Quevedo. Estimo que en las próximas horas se solicitarán las medidas pertinentes para estas personas, una vez que se instale la audiencia”, manifestó.
En este caso se inició el proceso por el delito de instigación, tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual indica: “La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como co-partícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
Sin embargo, es posible que la figura pueda ser retipificada por delitos contra la estructura del Estado o de la seguridad pública. Pero es posible que se retipifique, según el artículo 348, que habla sobre incitación a la discordia entre ciudadanos: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
En este caso, la Fiscalía no ha receptado ninguna denuncia del Presidente de la Asamblea o de sus padres, de manera que esta institución está actuando en base al parte policial, donde incluso se ha identificado evidencias como audio, así como a una persona y la placa del vehículo que habría estado cargado de objetos contundentes.
El Alcalde (e) de Quevedo es investigado
Entre otro de los partes policiales que ha llegado hasta la Fiscalía, consta un funcionario público de Quevedo. El Fiscal Provincial refiere que, de lo que se tiene conocimiento, la autoridad electa popularmente, que está plenamente identificado, incitaba a la paralización de servicios públicos y cierres de vías.
“Ya inicié una investigación previa y he mandado el día de hoy (ayer) a notificar en la ciudad de Quevedo, para que pueda ejercitar su legítimo derecho a la defensa. Estos hechos realmente indignan. Son hechos vandálicos de personas que, siendo funcionarios públicos, incitaban a la gente. Un funcionario público está obligado a respetar la Constitución y la ley, sin producir hechos vandálicos. Vamos a aplicar todo el peso de la ley en contra de estas personas”, sentenció.
El Fiscal Provincial enfatizó que ninguno de los ciudadanos identificados en las investigaciones, no va a quedar sin ser investigados.
Si bien la Fiscalía no dio a conocer el nombre del funcionario, Diario La Hora confirmó que ayer se notificó al alcalde (e) de Quevedo, Jimmy Aguirre Miranda.
Al respecto, Aguirre mencionó estar tranquilo porque no hay nada que pueda interpretarse como un acto que incite a la discordia entre los habitantes del cantón. “La marcha pacífica que se realizó exclusivamente el 7 de octubre contó con el aval de la Gobernación y Subintendencia para que los ciudadanos en su legítimo derecho a la libre expresión y resistencia, rechasen las medidas económicas”, mencionó Aguirre, puntualizando que la notificación de la Fiscalía para iniciar una investigación previa es improcedente.
“Estamos claros que ocupar un cargo público nos expone a que personas mal intencionadas quieran afectar nuestro trabajo”, finalizó.
Figuras
Las cuales se investiga
Dentro del Código Orgánico Integral Penal, incluso se investigan delitos contra la estructura del Estado Constitucional, así como asociación ilícita, incitación a la paralización de servicios públicos, ataque y resistencia, instigación y otros que hasta derivan en terrorismo.
En cuanto al delito de paralización de un servicio público, el artículo 346 del COIP establece: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
El artículo 336 del COP reza: “La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Redacción BABAHOYO
Si bien las manifestaciones han concluido, en la provincia de Los Ríos aún hay ‘tela por cortar’ respecto a las personas que estuvieron realizando movilizaciones, motivando a saqueos, desmanes o vandalismo en distintos lugares.
Y es que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, entregó un documento de oficio a la Fiscalía Provincial, para que se inicien de forma inmediata las investigaciones previas que permitan identificar de manera directa a estas personas.
“Hemos solicitado por escrito, mediante oficio, por lo tanto, de oficio debe de actuar la Fiscalía inmediatamente, para abrir las investigaciones e indagaciones con los videos, fotos, audios y publicaciones en redes sociales que son parte de las pruebas”, dijo.
Justicia
Salinas aseguró que ninguna de estas acciones irregulares cometidas en la provincia por grupos de personas que están siendo investigados, quedarán impunes.
“Todas las personas que intentaron destruir a la provincia, pero que gracias a Dios no pudieron, serán sometidos a la justicia, también con las investigaciones y el apoyo de la Policía Nacional”, agregó.
El comandante de la Sub-Zona de Policía Los Ríos #12, César Zapata, indicó que ya han estado ventilando algunas diligencias que ha solicitado la Fiscalía. Añadió que se abrieron investigaciones previas, como parte de procedimientos jurídicos que van a respaldar el accionar de la institución.
Situación
El fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, informó que efectivamente están actuando de oficio, pero basados en los partes policiales que la Policía Nacional está haciendo llegar a la Fiscalía Provincial, en los que consta la información de las personas que protagonizaron dichos actos.
“Se registraron hechos vandálicos en los distintos cantones de Los Ríos, tanto en la zona norte, centro y sur de la provincia. Los videos y fotos de las redes sociales, al igual que las grabaciones de las cámaras del ECU-911 también nos van a servir de fundamentos para la investigación”, precisó.
Hasta el momento, de acuerdo con los partes que van llegando, se han abierto 13 casos de investigación, de los cuales, dos corresponden a procedimientos directos por parte de la Fiscalía, en los que ya se formularon cargos.
Además, de los 13 casos, siete corresponden a la paralización de servicio público, uno a tentativa de paralización se servicio público, dos por instigación, uno por incitación a la discordia entre ciudadanos, uno por daño al bien ajeno y uno por secuestro.
Se espera que hasta la Fiscalía sigan llegando más partes policiales en el transcurso de estos días, para continuar aperturando más investigaciones previas, sobre todo en Quevedo, Montalvo, Babahoyo y Buena Fe.
Por atentar en la casa de César Litardo
La Fiscalía también investiga los hechos suscitados en los exteriores del domicilio de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en la ciudad de Quevedo, donde varias personas se concentraron el domingo.
“Ya se tiene identificadas a varias personas, como las que incitaban a quemar inclusive la vivienda del señor Presidente de la Asamblea. Ya se inició la investigación y está en desarrollo en la Fiscalía de Quevedo. Estimo que en las próximas horas se solicitarán las medidas pertinentes para estas personas, una vez que se instale la audiencia”, manifestó.
En este caso se inició el proceso por el delito de instigación, tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual indica: “La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como co-partícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
Sin embargo, es posible que la figura pueda ser retipificada por delitos contra la estructura del Estado o de la seguridad pública. Pero es posible que se retipifique, según el artículo 348, que habla sobre incitación a la discordia entre ciudadanos: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
En este caso, la Fiscalía no ha receptado ninguna denuncia del Presidente de la Asamblea o de sus padres, de manera que esta institución está actuando en base al parte policial, donde incluso se ha identificado evidencias como audio, así como a una persona y la placa del vehículo que habría estado cargado de objetos contundentes.
El Alcalde (e) de Quevedo es investigado
Entre otro de los partes policiales que ha llegado hasta la Fiscalía, consta un funcionario público de Quevedo. El Fiscal Provincial refiere que, de lo que se tiene conocimiento, la autoridad electa popularmente, que está plenamente identificado, incitaba a la paralización de servicios públicos y cierres de vías.
“Ya inicié una investigación previa y he mandado el día de hoy (ayer) a notificar en la ciudad de Quevedo, para que pueda ejercitar su legítimo derecho a la defensa. Estos hechos realmente indignan. Son hechos vandálicos de personas que, siendo funcionarios públicos, incitaban a la gente. Un funcionario público está obligado a respetar la Constitución y la ley, sin producir hechos vandálicos. Vamos a aplicar todo el peso de la ley en contra de estas personas”, sentenció.
El Fiscal Provincial enfatizó que ninguno de los ciudadanos identificados en las investigaciones, no va a quedar sin ser investigados.
Si bien la Fiscalía no dio a conocer el nombre del funcionario, Diario La Hora confirmó que ayer se notificó al alcalde (e) de Quevedo, Jimmy Aguirre Miranda.
Al respecto, Aguirre mencionó estar tranquilo porque no hay nada que pueda interpretarse como un acto que incite a la discordia entre los habitantes del cantón. “La marcha pacífica que se realizó exclusivamente el 7 de octubre contó con el aval de la Gobernación y Subintendencia para que los ciudadanos en su legítimo derecho a la libre expresión y resistencia, rechasen las medidas económicas”, mencionó Aguirre, puntualizando que la notificación de la Fiscalía para iniciar una investigación previa es improcedente.
“Estamos claros que ocupar un cargo público nos expone a que personas mal intencionadas quieran afectar nuestro trabajo”, finalizó.
Figuras
Las cuales se investiga
Dentro del Código Orgánico Integral Penal, incluso se investigan delitos contra la estructura del Estado Constitucional, así como asociación ilícita, incitación a la paralización de servicios públicos, ataque y resistencia, instigación y otros que hasta derivan en terrorismo.
En cuanto al delito de paralización de un servicio público, el artículo 346 del COIP establece: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
El artículo 336 del COP reza: “La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
Redacción BABAHOYO
Si bien las manifestaciones han concluido, en la provincia de Los Ríos aún hay ‘tela por cortar’ respecto a las personas que estuvieron realizando movilizaciones, motivando a saqueos, desmanes o vandalismo en distintos lugares.
Y es que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, entregó un documento de oficio a la Fiscalía Provincial, para que se inicien de forma inmediata las investigaciones previas que permitan identificar de manera directa a estas personas.
“Hemos solicitado por escrito, mediante oficio, por lo tanto, de oficio debe de actuar la Fiscalía inmediatamente, para abrir las investigaciones e indagaciones con los videos, fotos, audios y publicaciones en redes sociales que son parte de las pruebas”, dijo.
Justicia
Salinas aseguró que ninguna de estas acciones irregulares cometidas en la provincia por grupos de personas que están siendo investigados, quedarán impunes.
“Todas las personas que intentaron destruir a la provincia, pero que gracias a Dios no pudieron, serán sometidos a la justicia, también con las investigaciones y el apoyo de la Policía Nacional”, agregó.
El comandante de la Sub-Zona de Policía Los Ríos #12, César Zapata, indicó que ya han estado ventilando algunas diligencias que ha solicitado la Fiscalía. Añadió que se abrieron investigaciones previas, como parte de procedimientos jurídicos que van a respaldar el accionar de la institución.
Situación
El fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, informó que efectivamente están actuando de oficio, pero basados en los partes policiales que la Policía Nacional está haciendo llegar a la Fiscalía Provincial, en los que consta la información de las personas que protagonizaron dichos actos.
“Se registraron hechos vandálicos en los distintos cantones de Los Ríos, tanto en la zona norte, centro y sur de la provincia. Los videos y fotos de las redes sociales, al igual que las grabaciones de las cámaras del ECU-911 también nos van a servir de fundamentos para la investigación”, precisó.
Hasta el momento, de acuerdo con los partes que van llegando, se han abierto 13 casos de investigación, de los cuales, dos corresponden a procedimientos directos por parte de la Fiscalía, en los que ya se formularon cargos.
Además, de los 13 casos, siete corresponden a la paralización de servicio público, uno a tentativa de paralización se servicio público, dos por instigación, uno por incitación a la discordia entre ciudadanos, uno por daño al bien ajeno y uno por secuestro.
Se espera que hasta la Fiscalía sigan llegando más partes policiales en el transcurso de estos días, para continuar aperturando más investigaciones previas, sobre todo en Quevedo, Montalvo, Babahoyo y Buena Fe.
Por atentar en la casa de César Litardo
La Fiscalía también investiga los hechos suscitados en los exteriores del domicilio de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en la ciudad de Quevedo, donde varias personas se concentraron el domingo.
“Ya se tiene identificadas a varias personas, como las que incitaban a quemar inclusive la vivienda del señor Presidente de la Asamblea. Ya se inició la investigación y está en desarrollo en la Fiscalía de Quevedo. Estimo que en las próximas horas se solicitarán las medidas pertinentes para estas personas, una vez que se instale la audiencia”, manifestó.
En este caso se inició el proceso por el delito de instigación, tipificado en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual indica: “La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como co-partícipe, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.
Sin embargo, es posible que la figura pueda ser retipificada por delitos contra la estructura del Estado o de la seguridad pública. Pero es posible que se retipifique, según el artículo 348, que habla sobre incitación a la discordia entre ciudadanos: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
En este caso, la Fiscalía no ha receptado ninguna denuncia del Presidente de la Asamblea o de sus padres, de manera que esta institución está actuando en base al parte policial, donde incluso se ha identificado evidencias como audio, así como a una persona y la placa del vehículo que habría estado cargado de objetos contundentes.
El Alcalde (e) de Quevedo es investigado
Entre otro de los partes policiales que ha llegado hasta la Fiscalía, consta un funcionario público de Quevedo. El Fiscal Provincial refiere que, de lo que se tiene conocimiento, la autoridad electa popularmente, que está plenamente identificado, incitaba a la paralización de servicios públicos y cierres de vías.
“Ya inicié una investigación previa y he mandado el día de hoy (ayer) a notificar en la ciudad de Quevedo, para que pueda ejercitar su legítimo derecho a la defensa. Estos hechos realmente indignan. Son hechos vandálicos de personas que, siendo funcionarios públicos, incitaban a la gente. Un funcionario público está obligado a respetar la Constitución y la ley, sin producir hechos vandálicos. Vamos a aplicar todo el peso de la ley en contra de estas personas”, sentenció.
El Fiscal Provincial enfatizó que ninguno de los ciudadanos identificados en las investigaciones, no va a quedar sin ser investigados.
Si bien la Fiscalía no dio a conocer el nombre del funcionario, Diario La Hora confirmó que ayer se notificó al alcalde (e) de Quevedo, Jimmy Aguirre Miranda.
Al respecto, Aguirre mencionó estar tranquilo porque no hay nada que pueda interpretarse como un acto que incite a la discordia entre los habitantes del cantón. “La marcha pacífica que se realizó exclusivamente el 7 de octubre contó con el aval de la Gobernación y Subintendencia para que los ciudadanos en su legítimo derecho a la libre expresión y resistencia, rechasen las medidas económicas”, mencionó Aguirre, puntualizando que la notificación de la Fiscalía para iniciar una investigación previa es improcedente.
“Estamos claros que ocupar un cargo público nos expone a que personas mal intencionadas quieran afectar nuestro trabajo”, finalizó.
Figuras
Las cuales se investiga
Dentro del Código Orgánico Integral Penal, incluso se investigan delitos contra la estructura del Estado Constitucional, así como asociación ilícita, incitación a la paralización de servicios públicos, ataque y resistencia, instigación y otros que hasta derivan en terrorismo.
En cuanto al delito de paralización de un servicio público, el artículo 346 del COIP establece: “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad, de uno a tres años”.
El artículo 336 del COP reza: “La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del Gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.