El informe para primer debate de la enmienda constitucional que eliminará la atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de designar autoridades de control para pasarla a la Asamblea, se aprobó ayer.
La Comisión Ocasional, con cinco votos a favor, una abstención y dos ausencias, resolvió que el cambio a la Carta Magna sea general, para que el mecanismo de designación, incluido plazos y etapas, se determine en la Ley. Inicialmente, Wilma Andrade (BIN) había planteado que en la Constitución se establezca el procedimiento, pero durante el debate esa propuesta se descartó.
“No se contempla el procedimiento, sino la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de las autoridades y las restricciones al Consejo de Participación”, confirmó la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas.
La propuesta tiene 11 artículos y una disposición transitoria, que daría a la Asamblea un plazo de 120 días, desde la vigencia de la Ley, para elaborar las “reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades”, entre ellas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Destitución de autoridades
Una propuesta que se incluyó en el informe fue la de Fabricio Villamar (Ahora) acerca del número de votos requeridos para la designación y destitución del Procurador General, de los superintendentes, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General, el Contralor General y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del Consejo de la Judicatura.
EL DATO
En el informe se plantea que en el caso de la destitución de uno o más miembros del CNE, la Asamblea asigne los reemplazos. Los legisladores proponen reformar el artículo 120 de la Constitución para que la elección y destitución de las autoridades se haga con una mayoría absoluta; es decir, con la mitad más uno de los votos y no con una mayoría calificada. Esto último está establecido en el artículo 131 de la Carta Magna, donde se regula el proceso del trámite de juicio político.
Pero, Héctor Muñoz (SUMA), integrante de la Comisión, no está de acuerdo, pues le preocupa la institucionalidad del país. “Va a ser importante que se dé el debate en el Pleno. Espero que la mayoría se pronuncie sobre esto”, indicó.
Participación ciudadana
Los legisladores también proponen que en el proceso de designación se garanticen condiciones de equidad y paridad de género, e igualdad de condiciones para los ecuatorianos en el exterior.
Además, que se respeten los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad. Villamar explicó que, además, en los concursos existirá veeduría y participación ciudadana y que, en los casos que el Presidente de la República envíe ternas, estas se sujetarían al procedimiento de selección.
Ahora que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que lo ponga en el orden del día del Pleno. La Constitución establece que para aprobar una enmienda constitucional debe transcurrir un año entre el primer y el segundo debate. (AGO)
El informe para primer debate de la enmienda constitucional que eliminará la atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de designar autoridades de control para pasarla a la Asamblea, se aprobó ayer.
La Comisión Ocasional, con cinco votos a favor, una abstención y dos ausencias, resolvió que el cambio a la Carta Magna sea general, para que el mecanismo de designación, incluido plazos y etapas, se determine en la Ley. Inicialmente, Wilma Andrade (BIN) había planteado que en la Constitución se establezca el procedimiento, pero durante el debate esa propuesta se descartó.
“No se contempla el procedimiento, sino la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de las autoridades y las restricciones al Consejo de Participación”, confirmó la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas.
La propuesta tiene 11 artículos y una disposición transitoria, que daría a la Asamblea un plazo de 120 días, desde la vigencia de la Ley, para elaborar las “reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades”, entre ellas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Destitución de autoridades
Una propuesta que se incluyó en el informe fue la de Fabricio Villamar (Ahora) acerca del número de votos requeridos para la designación y destitución del Procurador General, de los superintendentes, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General, el Contralor General y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del Consejo de la Judicatura.
EL DATO
En el informe se plantea que en el caso de la destitución de uno o más miembros del CNE, la Asamblea asigne los reemplazos. Los legisladores proponen reformar el artículo 120 de la Constitución para que la elección y destitución de las autoridades se haga con una mayoría absoluta; es decir, con la mitad más uno de los votos y no con una mayoría calificada. Esto último está establecido en el artículo 131 de la Carta Magna, donde se regula el proceso del trámite de juicio político.
Pero, Héctor Muñoz (SUMA), integrante de la Comisión, no está de acuerdo, pues le preocupa la institucionalidad del país. “Va a ser importante que se dé el debate en el Pleno. Espero que la mayoría se pronuncie sobre esto”, indicó.
Participación ciudadana
Los legisladores también proponen que en el proceso de designación se garanticen condiciones de equidad y paridad de género, e igualdad de condiciones para los ecuatorianos en el exterior.
Además, que se respeten los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad. Villamar explicó que, además, en los concursos existirá veeduría y participación ciudadana y que, en los casos que el Presidente de la República envíe ternas, estas se sujetarían al procedimiento de selección.
Ahora que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que lo ponga en el orden del día del Pleno. La Constitución establece que para aprobar una enmienda constitucional debe transcurrir un año entre el primer y el segundo debate. (AGO)
El informe para primer debate de la enmienda constitucional que eliminará la atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de designar autoridades de control para pasarla a la Asamblea, se aprobó ayer.
La Comisión Ocasional, con cinco votos a favor, una abstención y dos ausencias, resolvió que el cambio a la Carta Magna sea general, para que el mecanismo de designación, incluido plazos y etapas, se determine en la Ley. Inicialmente, Wilma Andrade (BIN) había planteado que en la Constitución se establezca el procedimiento, pero durante el debate esa propuesta se descartó.
“No se contempla el procedimiento, sino la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de las autoridades y las restricciones al Consejo de Participación”, confirmó la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas.
La propuesta tiene 11 artículos y una disposición transitoria, que daría a la Asamblea un plazo de 120 días, desde la vigencia de la Ley, para elaborar las “reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades”, entre ellas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Destitución de autoridades
Una propuesta que se incluyó en el informe fue la de Fabricio Villamar (Ahora) acerca del número de votos requeridos para la designación y destitución del Procurador General, de los superintendentes, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General, el Contralor General y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del Consejo de la Judicatura.
EL DATO
En el informe se plantea que en el caso de la destitución de uno o más miembros del CNE, la Asamblea asigne los reemplazos. Los legisladores proponen reformar el artículo 120 de la Constitución para que la elección y destitución de las autoridades se haga con una mayoría absoluta; es decir, con la mitad más uno de los votos y no con una mayoría calificada. Esto último está establecido en el artículo 131 de la Carta Magna, donde se regula el proceso del trámite de juicio político.
Pero, Héctor Muñoz (SUMA), integrante de la Comisión, no está de acuerdo, pues le preocupa la institucionalidad del país. “Va a ser importante que se dé el debate en el Pleno. Espero que la mayoría se pronuncie sobre esto”, indicó.
Participación ciudadana
Los legisladores también proponen que en el proceso de designación se garanticen condiciones de equidad y paridad de género, e igualdad de condiciones para los ecuatorianos en el exterior.
Además, que se respeten los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad. Villamar explicó que, además, en los concursos existirá veeduría y participación ciudadana y que, en los casos que el Presidente de la República envíe ternas, estas se sujetarían al procedimiento de selección.
Ahora que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que lo ponga en el orden del día del Pleno. La Constitución establece que para aprobar una enmienda constitucional debe transcurrir un año entre el primer y el segundo debate. (AGO)
El informe para primer debate de la enmienda constitucional que eliminará la atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de designar autoridades de control para pasarla a la Asamblea, se aprobó ayer.
La Comisión Ocasional, con cinco votos a favor, una abstención y dos ausencias, resolvió que el cambio a la Carta Magna sea general, para que el mecanismo de designación, incluido plazos y etapas, se determine en la Ley. Inicialmente, Wilma Andrade (BIN) había planteado que en la Constitución se establezca el procedimiento, pero durante el debate esa propuesta se descartó.
“No se contempla el procedimiento, sino la facultad que tendrá la Asamblea para la designación de las autoridades y las restricciones al Consejo de Participación”, confirmó la presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas.
La propuesta tiene 11 artículos y una disposición transitoria, que daría a la Asamblea un plazo de 120 días, desde la vigencia de la Ley, para elaborar las “reformas legales que regulen el procedimiento, plazos y demás elementos del proceso de designación de autoridades”, entre ellas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Destitución de autoridades
Una propuesta que se incluyó en el informe fue la de Fabricio Villamar (Ahora) acerca del número de votos requeridos para la designación y destitución del Procurador General, de los superintendentes, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el Fiscal General, el Contralor General y los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y del Consejo de la Judicatura.
EL DATO
En el informe se plantea que en el caso de la destitución de uno o más miembros del CNE, la Asamblea asigne los reemplazos. Los legisladores proponen reformar el artículo 120 de la Constitución para que la elección y destitución de las autoridades se haga con una mayoría absoluta; es decir, con la mitad más uno de los votos y no con una mayoría calificada. Esto último está establecido en el artículo 131 de la Carta Magna, donde se regula el proceso del trámite de juicio político.
Pero, Héctor Muñoz (SUMA), integrante de la Comisión, no está de acuerdo, pues le preocupa la institucionalidad del país. “Va a ser importante que se dé el debate en el Pleno. Espero que la mayoría se pronuncie sobre esto”, indicó.
Participación ciudadana
Los legisladores también proponen que en el proceso de designación se garanticen condiciones de equidad y paridad de género, e igualdad de condiciones para los ecuatorianos en el exterior.
Además, que se respeten los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad. Villamar explicó que, además, en los concursos existirá veeduría y participación ciudadana y que, en los casos que el Presidente de la República envíe ternas, estas se sujetarían al procedimiento de selección.
Ahora que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, para que lo ponga en el orden del día del Pleno. La Constitución establece que para aprobar una enmienda constitucional debe transcurrir un año entre el primer y el segundo debate. (AGO)