El Cisvb no estaría respetando el contrato para emisión de multas

ANÁLISIS. En una nueva sesión se revelaron nuevas irregularidades en las multas e infracciones de tránsito.
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ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.
ALCALDE. Carlos German dejó en claro que él no fue el responsable de la firma de ese contrato.

Por ello ahora varios concejales están buscando la forma legal no solo de eliminar las multas, sino de “tumbar el contrato”.

Redacción BABAHOYO.

Durante la reunión que mantuvo el alcalde de Babahoyo, Carlos German, con la delegación de manifestantes que encabezaron la marcha contra los fotosensores y fotomultas en Babahoyo, la Primera Autoridad Municipal fue claro en referir que el contrato con el Consorcio Cisvb no fue firmado en su administración.

“Se ha mencionado que tanto el Alcalde (German) como los concejales somos los responsables de este atraco. Quiero informar que el doctor Carlos German, como Alcalde, no firmó ningún contrato. Ese contrato fue firmado el 10 de enero de 2019 en la administración del doctor Guido Silva, cuando el gerente de la Empresa Pública Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Transvial), era el ingeniero Daniel Garófalo”, aclaró.

Más bien, indicó que preocupados por esta situación, se busca de manera imperiosa una salida a este problema. “Buscamos una solución definitiva para que no se vulneren derechos ni se afecte la economía de los ciudadanos. Si en nosotros (como Alcalde y concejales) estuviera de forma unilateral anular las multas, las sentencias o disolver el contrato, lo hubiésemos hecho”, enfatizó.

Explicaciones

Ante los cuestionamientos de los delegados de la marcha, de una supuesta reacción tardía por parte del Concejo Cantonal frente a este tema, el Alcalde dijo que sí se ha actuado de forma inmediata, una vez escuchada a la ciudadanía, a tal punto que se suspendieron las fotomultas, hasta que se instale toda la señalización adecuada.

El Síndico del Municipio, Pablo Rivera, respecto al excesivo valor económico de las sanciones, que ha sido criticado por la comunidad, indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la norma que establece las sanciones ante el cometimiento de una sanción. Es así, que quien establece el valor de las multas no es el Municipio, sino la Ley.

“Por eso, el Municipio no tiene la competencia para pronunciarse respecto al tema que ha sido impuesto por mandato legal, pero sí tiene atribuciones administrativas para verificar si las multas han sido o no establecidas de forma correcta y, en función a ese análisis, proceder”, explicó.

Sobre el contrato, dijo que hay obligaciones recíprocas para ambas partes (Cisvb y el Municipio). En caso de incumplimiento, se desencadenan responsabilidades importantes que, según los ediles, tendrían consecuencias de millones de dólares de indemnización a Cisvb.

Contrato

El concejal Milton Villafuerte dijo que los concejales no son cómplices del contrato. Además, aseguró que a título personal, desde septiembre denunció las falencias, sobre todo en el tema de rango moderado.

“El 19 de noviembre de este año presenté ante el Concejo Cantonal las irregularidades que se está cometiendo de parte de Cisvb. El contrato dice que las infracciones inconsistentes deben ser avaladas por un agente civil de tránsito, lo cual no se ha cumplido. No se ha capacitado a los funcionarios de Transvial, hay ingreso de multas en placas distintas, sanciones sin señalética de viraje a la derecha, etc.”, denunció.

En tanto que, el concejal Fabricio Orrala, mencionó que en la administración anterior, cuando se firmó la ordenanza municipal que regula el procedimiento de registro, sanciones y contravenciones registradas por dispositivos tecnológicos, se lo hizo el 23 de octubre del 2018, pero el contrato se lo firmó en enero del 2019, lo que da a notar que hubo muy poco para iniciar.

“Ese proceso de licitación debía haber empezado después de 120 días, es decir, abril o mayo de este año, pero se lo hizo en enero. Además, en septiembre empezaron a funcionar un mes a prueba y en octubre ya arrancaron las multas”, cuestionó Orrala.

El edil afirmó que están buscando todas las pruebas necesarias para “tirar abajo eso contrato”, pues este es claro en su cláusula de vigencia de terminación de contrato por incumplimiento del Cisvb, por la comisión de cualquier incumplimiento doloso de Cisvb, legalmente demostrado, que derive en un delito de acción pública en perjuicio de los usuarios.

Detalles

El abogado Marco Ferruzola sostuvo que la ciudad se ha visto afectada, pues hay personas que ya ni siquiera desean pasar por Babahoyo, por temor a los radares que están escondidos. El concejal Carlos Ayala aseguró que los responsables de que se haya originado todo este malestar tendrán que asumir sus responsabilidades. “Queremos que se dé de baja este contrato y creemos que se va a dar porque tenemos suficientes elementos legales para tumbar ese contrato”, acotó Ayala.

Giovanni Cozzarelli, dirigente taxista, espera que, así como en su momento los concejales de Babahoyo dijeron que en Babahoyo no hay recursos para incrementar el costo del pasaje, ahora también digan que no hay recursos para pagar multas y eliminen los radares.

A partir del lunes los ciudadanos podrán acercarse a revisar si su infracción está validada por el agente civil de tránsito, según la ley y el contrato, para que sea legal, puede de no ser así, no se debería proceder. (NDA)

EL DATO

Si el Municipio termina de manera unilateral el contrato con la empresa Cisvb, le costaría millones de dólares, según el Concejo.

Por ello ahora varios concejales están buscando la forma legal no solo de eliminar las multas, sino de “tumbar el contrato”.

Redacción BABAHOYO.

Durante la reunión que mantuvo el alcalde de Babahoyo, Carlos German, con la delegación de manifestantes que encabezaron la marcha contra los fotosensores y fotomultas en Babahoyo, la Primera Autoridad Municipal fue claro en referir que el contrato con el Consorcio Cisvb no fue firmado en su administración.

“Se ha mencionado que tanto el Alcalde (German) como los concejales somos los responsables de este atraco. Quiero informar que el doctor Carlos German, como Alcalde, no firmó ningún contrato. Ese contrato fue firmado el 10 de enero de 2019 en la administración del doctor Guido Silva, cuando el gerente de la Empresa Pública Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Transvial), era el ingeniero Daniel Garófalo”, aclaró.

Más bien, indicó que preocupados por esta situación, se busca de manera imperiosa una salida a este problema. “Buscamos una solución definitiva para que no se vulneren derechos ni se afecte la economía de los ciudadanos. Si en nosotros (como Alcalde y concejales) estuviera de forma unilateral anular las multas, las sentencias o disolver el contrato, lo hubiésemos hecho”, enfatizó.

Explicaciones

Ante los cuestionamientos de los delegados de la marcha, de una supuesta reacción tardía por parte del Concejo Cantonal frente a este tema, el Alcalde dijo que sí se ha actuado de forma inmediata, una vez escuchada a la ciudadanía, a tal punto que se suspendieron las fotomultas, hasta que se instale toda la señalización adecuada.

El Síndico del Municipio, Pablo Rivera, respecto al excesivo valor económico de las sanciones, que ha sido criticado por la comunidad, indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la norma que establece las sanciones ante el cometimiento de una sanción. Es así, que quien establece el valor de las multas no es el Municipio, sino la Ley.

“Por eso, el Municipio no tiene la competencia para pronunciarse respecto al tema que ha sido impuesto por mandato legal, pero sí tiene atribuciones administrativas para verificar si las multas han sido o no establecidas de forma correcta y, en función a ese análisis, proceder”, explicó.

Sobre el contrato, dijo que hay obligaciones recíprocas para ambas partes (Cisvb y el Municipio). En caso de incumplimiento, se desencadenan responsabilidades importantes que, según los ediles, tendrían consecuencias de millones de dólares de indemnización a Cisvb.

Contrato

El concejal Milton Villafuerte dijo que los concejales no son cómplices del contrato. Además, aseguró que a título personal, desde septiembre denunció las falencias, sobre todo en el tema de rango moderado.

“El 19 de noviembre de este año presenté ante el Concejo Cantonal las irregularidades que se está cometiendo de parte de Cisvb. El contrato dice que las infracciones inconsistentes deben ser avaladas por un agente civil de tránsito, lo cual no se ha cumplido. No se ha capacitado a los funcionarios de Transvial, hay ingreso de multas en placas distintas, sanciones sin señalética de viraje a la derecha, etc.”, denunció.

En tanto que, el concejal Fabricio Orrala, mencionó que en la administración anterior, cuando se firmó la ordenanza municipal que regula el procedimiento de registro, sanciones y contravenciones registradas por dispositivos tecnológicos, se lo hizo el 23 de octubre del 2018, pero el contrato se lo firmó en enero del 2019, lo que da a notar que hubo muy poco para iniciar.

“Ese proceso de licitación debía haber empezado después de 120 días, es decir, abril o mayo de este año, pero se lo hizo en enero. Además, en septiembre empezaron a funcionar un mes a prueba y en octubre ya arrancaron las multas”, cuestionó Orrala.

El edil afirmó que están buscando todas las pruebas necesarias para “tirar abajo eso contrato”, pues este es claro en su cláusula de vigencia de terminación de contrato por incumplimiento del Cisvb, por la comisión de cualquier incumplimiento doloso de Cisvb, legalmente demostrado, que derive en un delito de acción pública en perjuicio de los usuarios.

Detalles

El abogado Marco Ferruzola sostuvo que la ciudad se ha visto afectada, pues hay personas que ya ni siquiera desean pasar por Babahoyo, por temor a los radares que están escondidos. El concejal Carlos Ayala aseguró que los responsables de que se haya originado todo este malestar tendrán que asumir sus responsabilidades. “Queremos que se dé de baja este contrato y creemos que se va a dar porque tenemos suficientes elementos legales para tumbar ese contrato”, acotó Ayala.

Giovanni Cozzarelli, dirigente taxista, espera que, así como en su momento los concejales de Babahoyo dijeron que en Babahoyo no hay recursos para incrementar el costo del pasaje, ahora también digan que no hay recursos para pagar multas y eliminen los radares.

A partir del lunes los ciudadanos podrán acercarse a revisar si su infracción está validada por el agente civil de tránsito, según la ley y el contrato, para que sea legal, puede de no ser así, no se debería proceder. (NDA)

EL DATO

Si el Municipio termina de manera unilateral el contrato con la empresa Cisvb, le costaría millones de dólares, según el Concejo.

Por ello ahora varios concejales están buscando la forma legal no solo de eliminar las multas, sino de “tumbar el contrato”.

Redacción BABAHOYO.

Durante la reunión que mantuvo el alcalde de Babahoyo, Carlos German, con la delegación de manifestantes que encabezaron la marcha contra los fotosensores y fotomultas en Babahoyo, la Primera Autoridad Municipal fue claro en referir que el contrato con el Consorcio Cisvb no fue firmado en su administración.

“Se ha mencionado que tanto el Alcalde (German) como los concejales somos los responsables de este atraco. Quiero informar que el doctor Carlos German, como Alcalde, no firmó ningún contrato. Ese contrato fue firmado el 10 de enero de 2019 en la administración del doctor Guido Silva, cuando el gerente de la Empresa Pública Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Transvial), era el ingeniero Daniel Garófalo”, aclaró.

Más bien, indicó que preocupados por esta situación, se busca de manera imperiosa una salida a este problema. “Buscamos una solución definitiva para que no se vulneren derechos ni se afecte la economía de los ciudadanos. Si en nosotros (como Alcalde y concejales) estuviera de forma unilateral anular las multas, las sentencias o disolver el contrato, lo hubiésemos hecho”, enfatizó.

Explicaciones

Ante los cuestionamientos de los delegados de la marcha, de una supuesta reacción tardía por parte del Concejo Cantonal frente a este tema, el Alcalde dijo que sí se ha actuado de forma inmediata, una vez escuchada a la ciudadanía, a tal punto que se suspendieron las fotomultas, hasta que se instale toda la señalización adecuada.

El Síndico del Municipio, Pablo Rivera, respecto al excesivo valor económico de las sanciones, que ha sido criticado por la comunidad, indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la norma que establece las sanciones ante el cometimiento de una sanción. Es así, que quien establece el valor de las multas no es el Municipio, sino la Ley.

“Por eso, el Municipio no tiene la competencia para pronunciarse respecto al tema que ha sido impuesto por mandato legal, pero sí tiene atribuciones administrativas para verificar si las multas han sido o no establecidas de forma correcta y, en función a ese análisis, proceder”, explicó.

Sobre el contrato, dijo que hay obligaciones recíprocas para ambas partes (Cisvb y el Municipio). En caso de incumplimiento, se desencadenan responsabilidades importantes que, según los ediles, tendrían consecuencias de millones de dólares de indemnización a Cisvb.

Contrato

El concejal Milton Villafuerte dijo que los concejales no son cómplices del contrato. Además, aseguró que a título personal, desde septiembre denunció las falencias, sobre todo en el tema de rango moderado.

“El 19 de noviembre de este año presenté ante el Concejo Cantonal las irregularidades que se está cometiendo de parte de Cisvb. El contrato dice que las infracciones inconsistentes deben ser avaladas por un agente civil de tránsito, lo cual no se ha cumplido. No se ha capacitado a los funcionarios de Transvial, hay ingreso de multas en placas distintas, sanciones sin señalética de viraje a la derecha, etc.”, denunció.

En tanto que, el concejal Fabricio Orrala, mencionó que en la administración anterior, cuando se firmó la ordenanza municipal que regula el procedimiento de registro, sanciones y contravenciones registradas por dispositivos tecnológicos, se lo hizo el 23 de octubre del 2018, pero el contrato se lo firmó en enero del 2019, lo que da a notar que hubo muy poco para iniciar.

“Ese proceso de licitación debía haber empezado después de 120 días, es decir, abril o mayo de este año, pero se lo hizo en enero. Además, en septiembre empezaron a funcionar un mes a prueba y en octubre ya arrancaron las multas”, cuestionó Orrala.

El edil afirmó que están buscando todas las pruebas necesarias para “tirar abajo eso contrato”, pues este es claro en su cláusula de vigencia de terminación de contrato por incumplimiento del Cisvb, por la comisión de cualquier incumplimiento doloso de Cisvb, legalmente demostrado, que derive en un delito de acción pública en perjuicio de los usuarios.

Detalles

El abogado Marco Ferruzola sostuvo que la ciudad se ha visto afectada, pues hay personas que ya ni siquiera desean pasar por Babahoyo, por temor a los radares que están escondidos. El concejal Carlos Ayala aseguró que los responsables de que se haya originado todo este malestar tendrán que asumir sus responsabilidades. “Queremos que se dé de baja este contrato y creemos que se va a dar porque tenemos suficientes elementos legales para tumbar ese contrato”, acotó Ayala.

Giovanni Cozzarelli, dirigente taxista, espera que, así como en su momento los concejales de Babahoyo dijeron que en Babahoyo no hay recursos para incrementar el costo del pasaje, ahora también digan que no hay recursos para pagar multas y eliminen los radares.

A partir del lunes los ciudadanos podrán acercarse a revisar si su infracción está validada por el agente civil de tránsito, según la ley y el contrato, para que sea legal, puede de no ser así, no se debería proceder. (NDA)

EL DATO

Si el Municipio termina de manera unilateral el contrato con la empresa Cisvb, le costaría millones de dólares, según el Concejo.

Por ello ahora varios concejales están buscando la forma legal no solo de eliminar las multas, sino de “tumbar el contrato”.

Redacción BABAHOYO.

Durante la reunión que mantuvo el alcalde de Babahoyo, Carlos German, con la delegación de manifestantes que encabezaron la marcha contra los fotosensores y fotomultas en Babahoyo, la Primera Autoridad Municipal fue claro en referir que el contrato con el Consorcio Cisvb no fue firmado en su administración.

“Se ha mencionado que tanto el Alcalde (German) como los concejales somos los responsables de este atraco. Quiero informar que el doctor Carlos German, como Alcalde, no firmó ningún contrato. Ese contrato fue firmado el 10 de enero de 2019 en la administración del doctor Guido Silva, cuando el gerente de la Empresa Pública Terminal Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Transvial), era el ingeniero Daniel Garófalo”, aclaró.

Más bien, indicó que preocupados por esta situación, se busca de manera imperiosa una salida a este problema. “Buscamos una solución definitiva para que no se vulneren derechos ni se afecte la economía de los ciudadanos. Si en nosotros (como Alcalde y concejales) estuviera de forma unilateral anular las multas, las sentencias o disolver el contrato, lo hubiésemos hecho”, enfatizó.

Explicaciones

Ante los cuestionamientos de los delegados de la marcha, de una supuesta reacción tardía por parte del Concejo Cantonal frente a este tema, el Alcalde dijo que sí se ha actuado de forma inmediata, una vez escuchada a la ciudadanía, a tal punto que se suspendieron las fotomultas, hasta que se instale toda la señalización adecuada.

El Síndico del Municipio, Pablo Rivera, respecto al excesivo valor económico de las sanciones, que ha sido criticado por la comunidad, indicó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) es la norma que establece las sanciones ante el cometimiento de una sanción. Es así, que quien establece el valor de las multas no es el Municipio, sino la Ley.

“Por eso, el Municipio no tiene la competencia para pronunciarse respecto al tema que ha sido impuesto por mandato legal, pero sí tiene atribuciones administrativas para verificar si las multas han sido o no establecidas de forma correcta y, en función a ese análisis, proceder”, explicó.

Sobre el contrato, dijo que hay obligaciones recíprocas para ambas partes (Cisvb y el Municipio). En caso de incumplimiento, se desencadenan responsabilidades importantes que, según los ediles, tendrían consecuencias de millones de dólares de indemnización a Cisvb.

Contrato

El concejal Milton Villafuerte dijo que los concejales no son cómplices del contrato. Además, aseguró que a título personal, desde septiembre denunció las falencias, sobre todo en el tema de rango moderado.

“El 19 de noviembre de este año presenté ante el Concejo Cantonal las irregularidades que se está cometiendo de parte de Cisvb. El contrato dice que las infracciones inconsistentes deben ser avaladas por un agente civil de tránsito, lo cual no se ha cumplido. No se ha capacitado a los funcionarios de Transvial, hay ingreso de multas en placas distintas, sanciones sin señalética de viraje a la derecha, etc.”, denunció.

En tanto que, el concejal Fabricio Orrala, mencionó que en la administración anterior, cuando se firmó la ordenanza municipal que regula el procedimiento de registro, sanciones y contravenciones registradas por dispositivos tecnológicos, se lo hizo el 23 de octubre del 2018, pero el contrato se lo firmó en enero del 2019, lo que da a notar que hubo muy poco para iniciar.

“Ese proceso de licitación debía haber empezado después de 120 días, es decir, abril o mayo de este año, pero se lo hizo en enero. Además, en septiembre empezaron a funcionar un mes a prueba y en octubre ya arrancaron las multas”, cuestionó Orrala.

El edil afirmó que están buscando todas las pruebas necesarias para “tirar abajo eso contrato”, pues este es claro en su cláusula de vigencia de terminación de contrato por incumplimiento del Cisvb, por la comisión de cualquier incumplimiento doloso de Cisvb, legalmente demostrado, que derive en un delito de acción pública en perjuicio de los usuarios.

Detalles

El abogado Marco Ferruzola sostuvo que la ciudad se ha visto afectada, pues hay personas que ya ni siquiera desean pasar por Babahoyo, por temor a los radares que están escondidos. El concejal Carlos Ayala aseguró que los responsables de que se haya originado todo este malestar tendrán que asumir sus responsabilidades. “Queremos que se dé de baja este contrato y creemos que se va a dar porque tenemos suficientes elementos legales para tumbar ese contrato”, acotó Ayala.

Giovanni Cozzarelli, dirigente taxista, espera que, así como en su momento los concejales de Babahoyo dijeron que en Babahoyo no hay recursos para incrementar el costo del pasaje, ahora también digan que no hay recursos para pagar multas y eliminen los radares.

A partir del lunes los ciudadanos podrán acercarse a revisar si su infracción está validada por el agente civil de tránsito, según la ley y el contrato, para que sea legal, puede de no ser así, no se debería proceder. (NDA)

EL DATO

Si el Municipio termina de manera unilateral el contrato con la empresa Cisvb, le costaría millones de dólares, según el Concejo.