La violencia contra la mujer es un tema muy preocupante y alarmante en nuestro país. Aunque se han conseguido auténticos avances, los hechos suscitados y registrados en las noticias nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer a fin de alcanzar la verdadera igualdad.
Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (Envigmu), 6 de cada 10 ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, tanto en las zonas urbanas (65,7%) como en las rurales (62,8%). Esta problemática tiene diferentes rostros: violencia física, psicológica, moral y sexual, que atentan contra los derechos humanos.
Detalles
El juez de garantías penales, César Paucar, explica que el Estado ha implementado políticas públicas a través de gobiernos seccionales, e incorporadas unidades especiales para tratar estos temas, pero considera que todavía hay mucho que hacer.
“La falta de información en las mujeres porque se quedan calladas por el temor o intimidaciones que son provocadas por el agresor, en la que no pueden presentar las denuncias respectivas”, dijo.
Además, Paucar focaliza una resolución administrativa emitida por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura que cree que debe tener una modificación para la prevención de la violencia o hechos violentos contra la mujer.
“Cuando hay una persona presuntamente víctima de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, la Fiscalía tiene la obligación de requerir a los jueces dictar medidas cautelares y de protección que deben ser dispuestas de forma inmediata para que exista una prevención de algún hecho posterior que termine en una desgracia”, cuenta.
Allí va todo bien. Sin embargo, de acuerdo a dicha resolución, para que las partes involucradas tengan conocimiento de estas medidas deben ser notificadas por agentes de la Policía o Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía (DEVI).
Pero el ‘talón de Aquiles’ es que no siempre son notificados. “Entonces, cuando el agresor se acerca nuevamente a la víctima para amenazarla y ella pide auxilio, la Policía viene, lo agarra y al existir este tipo de actos se determina un incumplimiento a la decisión judicial, pero… por el hecho de que no hay notificación, la Fiscalía como titular de la acción pública no puede iniciar un proceso penal”, agrega el jurista.
Por lo que Paucar persiste en que la notificación debe ser realizada por un secretario de las unidades jurisdiccionales y de esa manera garantizar los derechos de la víctima. (EHL)
Trayectoria
- Prestó sus servicios profesionales en varias instituciones financieras del país y la ciudad.
- Fue designado juez de la Unidad Interinstitucional de Desestimaciones Provinciales de Los Ríos en Babahoyo.
- Juez penal en varios cantones.
- Actualmente juez en el cantón Quevedo.
- Tiene dos maestrías: derecho penal y contratación laboral.