Actualmente se lleva a cabo en Quito un proceso judicial contra una serie de personas, basado en un informe de la Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado.
(P-IG)
Jorge Pérez-Taiman
Abogado especializado en petróleo y gas
En una abrumadora mayoría de países con filiación petrolera, los estados suelen recurrir a la colaboración de empresas privadas para la exploración de su potencial de petróleo crudo y gas natural. La razón para esto es muy simple: las inversiones en hidrocarburos son muy altas y de muy alto riesgo dado que de cada 20 pozos exploratorios que se perforan en el mundo, solamente uno en promedio resulta exitoso. En otros casos, lo estados sacan a concurso bloques con escasa información geológica y baja producción de hidrocarburos, a fin de que los agentes privados inviertan en ellos, apliquen tecnología de punta y aumenten la producción de los llamados “campos marginales” que resultan poco atractivos para las petroleras estatales.
La colaboración de las compañías privadas se plasma en contratos donde estas asumen normalmente el riesgo geológico y económico y, también el riesgo político. Los dos primeros riesgos dependen de factores objetivos determinados principalmente por la geología del campo, la distancia a un punto de entrega de la producción y los precios internacionales del petróleo y el gas. El riesgo político, sin embargo, depende normalmente de elementos ajenos a la industria petrolera y está condicionado por la ideología de las sucesivas administraciones gubernamentales del país anfitrión, el mayor o menor respeto a los términos contractuales, y la existencia de un sistema judicial independiente y confiable.
Ecuador es un país que ha logrado crear una pujante industria petrolera que le permite mantener una producción diaria de crudo por encima del medio millón de barriles, lo que constituye uno de los baluartes de su economía nacional. No obstante, a lo largo de su historial petrolero el estado ecuatoriano se ha visto envuelto en algunas controversias con empresas petroleras.
Actualmente se lleva a cabo en Quito un proceso judicial contra una serie de personas, basado en un informe de la Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado, que objeta la tarifa por barril producido pactada en un contrato suscrito en el año 2012 con un inversionista extranjero para el Bloque Singue. El problema es que el informe de la Contraloría contiene una serie de conceptos que demuestran una nula comprensión de la industria petrolera.
El Bloque Singue fue parte de un grupo de bloques ofrecidos a la inversión privada en la Décima Ronda Petrolera previo ofrecimiento a PETROECUADOR y a PETROAMAZONAS, quienes declinaron operar el campo Singue, entre otros, a base de la información disponible. El campo Singue tenía una producción muy baja de petróleo crudo, proveniente de un solo pozo, por lo que la información geológica sobre sus reservas era escasa e imprecisa, como lo confirmó el Oficio N° 1509-SH-2011 de 30 de mayo de 2011 remitido por el entonces Secretario de Hidrocarburos al entonces Viceministro de Hidrocarburos, en el que se expresa textualmente lo siguiente:
“(…) estos bloques podrían contar con un potencial hidrocarburífero adicional ya que no han sido evaluados en su totalidad todos los prospectos estructurales y/o estratigráficos; motivo por el cuales se requerirán inversiones adicionales para explorar, explotar, desarrollar, poner en producción y evaluar el petróleo crudo que se explotarían de estos bloques, en un monto de aproximadamente USD 230 millones, cifra que podría ser superior o menor en función de los nuevos descubrimientos. Por lo señalado y considerando la importancia que tiene para la economía del País el desarrollo de nuevas estructuras prospectivas hidrocarburíferas y el incremento de la producción de petróleo crudo; creemos necesario se inicie un nuevo proceso licitatorio abierto a la inversión privada”
Sobre esta base, que fue confirmada explícitamente en otros documentos del proceso, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios para el Campo Singue el 30 de abril de 2012 con el único postor, quien asumió la obligación de realizar actividades de exploración, confirmación de reservas, desarrollo, explotación y producción, aportando la tecnología, los capitales y los equipos, bienes y maquinarias necesarios. Desde entonces, el Lote Singue ha producido aproximadamente 4 veces las reservas estimadas inicialmente- lo que indudablemente beneficia al país y al inversionista- a través de un contrato cuyo propósito era precisamente que el contratista privado realice inversiones en un campo marginal, con escasa información geológica, para aumentar las reservas y la producción.
No obstante, ahora se sostiene que hubo una sub valuación de reservas en el Bloque Singue, sin considerar que la cifra disponible el 2011 en base a información proporcionada por un solo pozo exploratorio es, en ausencia de pozos confirmatorios, muy imprecisa por su propia naturaleza. También se afirma que estudios sísmicos confirman la presencia de mayores reservas, cuando cualquier persona medianamente informada sobre la industria petrolera sabe que es absolutamente imposible calcular reservas solamente con actividad sísmica. Se ha objetado que se haya considerado un factor de recobro de reservas algo menor al 100% de las que se calculaba existían originalmente, cuando esta es una práctica común en la industria petrolera internacional por razones estrictamente técnicas atribuibles al comportamiento de reservorios. Por ello existen técnicas de recuperación mejorada que se aplican a yacimientos cuyas reservas ya no pueden ser extraídas por métodos convencionales. Igualmente se ha arrojado sombras sobre la intervención de un postor único para el Bloque Singue lo que, por el contrario, revela el poco atractivo que este tenía para los posibles postores de la Décima Ronda, incluyendo a PETROECUADOR y PETROAMAZONAS.
Con estos argumentos carentes de sustento técnico se viola la seguridad jurídica de un contrato que ha sido exitoso y beneficioso para ambas partes, se aumenta el riesgo político del país y se compromete la honra de personas que –salvo evidencia sólida en contrario que la fiscalía no ha podido hasta ahora presentar- todo indica que se limitaron a cumplir con su deber.